Cuando se le pide una definición de su paso por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) y del trabajo en la Conadep Rosario en los ‘80, luego de estar dos años presa durante la dictadura, la abogada Olga Cabrera Hansen afirma con certeza: “Antes de las leyes de obediencia debida y punto final, fue la gloria. Porque significaba abrir las puertas del infierno del Dante, ibas abriendo una puerta tras otra. Eran victorias. Uno luchaba y de repente sacaba una verdad. Eso y la convivencia con los compañeros reconfortaba, además de que en algunos casos hemos logrado justicia, condenas”.
Y sigue: “Fue hermoso, fue un destape. Armamos las causas contra (los militares) Galtieri, Trimarco y otros. Todos en lo local tenían un eje común, el Servicio de Informaciones, el lugar por donde pasó más gente, donde murieron más personas”. En ese sentido nombra a sus máximos responsables: los policías Agustín Feced y José Lofiego.
“Rosario tuvo su propia vertiente de casos porque el tránsito de Feced como jefe de policía, además de comandante de Gendarmería, fue tremendo: era alguien impiadoso. Los desaparecidos fueron todos asesinados. Son muertos ocultados, por la noche los sepultaban. Con el tiempo se supo que muchos habían sido enterrados en el cementerio La Piedad, había un solar al fondo donde se encontraron restos pero no fue fácil identificarlos porque sobre esos cadáveres se pusieron otros”, detalla Cabrera Hansen a sus 87 años, con auténtico conocimiento de causa.
“(Los organismos de derechos humanos) veníamos desde la dictadura presentando hábeas corpus y denuncias en los Tribunales. Habíamos recorrido casi todos los juzgados de Instrucción, que eran diez, porque los jueces se inhibían, hasta que los casos recalaron en la décima nominación de (Francisco) Martínez Fermoselle y ahí quedaron hasta que se robaron los expedientes”, recuerda la abogada y víctima del terrorismo de Estado, aunque insiste que para ella “fue más fácil” porque tras su secuestro en 1976 y después de unos días como desaparecida la “blanquearon”. “Eso significaba mucho, significaba la vida”, susurra y cuenta que una vez un juez le preguntó si en el lugar donde estaba detenida había hombres. “La patota dividía a los varones de las mujeres pero nosotras iniciamos las denuncias, como con un ovillo arranca una y la otra sigue la lana. Los varones lo hicieron después, empezaron los compañeros de Coronda a presentarse ante la justicia para denunciar su propio calvario”, reseña sobre las dificultades múltiples que había para acceder a la justicia, incluso llegada la democracia.
Su compañero en la Conadep Rosario, el abogado Ricardo Pegoraro, cuenta que le pidieron a la Comisión Nacional prórroga hasta fin de año para entregar el informe pues habían comenzado a funcionar recién en mayo de 1984 “y llegamos a ver solo la punta del iceberg, era increíble a inconmensurable todo lo que había para investigar sobre el accionar del terrorismo de Estado en la región”. Sin embargo, no hubo posibilidades y elevaron el reporte en septiembre luego de trabajar intensamente. “La gente que tomaba los testimonios en general tenía manejo de las situaciones, porque no es fácil escuchar el relato de una sesión de tortura. De todo modos era durísimo, insalubre, y no dejaba de sorprenderte”, asegura Pegoraro a la distancia y a la vez de una manera muy vívida.
Sobre los allanamientos que realizaba la Conadep, apunta que a pesar de que algunos procedimientos se frustraron y eran vigilados de cerca por los servicios de inteligencia, lograron encontrar y transportar “kilos de documentación” en vehículos policiales y particulares al juzgado de Martínez Fermoselle. “Nos imaginábamos que esto a cierta gente le causaba un escozor importante, en especial al Ejército. El informe que redactamos incluye un párrafo que es hasta premonitorio en el que decimos que se tenga cuidado con los materiales, con la conservación de los elementos”, rememora el abogado de 73 años, y precisa que si bien viajaron a Buenos Aires para entregar el reporte con el resultado de la investigación “también le dimos una copia a las autoridades provinciales y a quien era ministro de Gobierno de la gestión de Vernet una lista de los policías que habían sido mencionados en los testimonios como para que empezaran a tomar medidas ya que eran personas que estaban cobrando un sueldo y con un arma”.
Sin embargo, no hubo cambios en ese sentido, lamenta Pegoraro, y encima la madrugada del 8 de octubre se produjo el asalto a los Tribunales de calle Balcarce, que le atribuye a sectores del Ejército. Si bien autores desconocidos se llevaron todos los elementos probatorios, las actas estaban a resguardo en el centro cultural Bernardino Rivadavia “y con eso pudimos hacer los juicios”.
Por último, el único sobreviviente del equipo de la Conadep Rosario junto con su colega Cabrera Hansen aclara que participa de homenajes y recordatorios del espacio “no por una cuestión personal sino para que haya un registro de lo que vivimos, que fue tremendo. Luchamos para que hubiera justicia por el genocidio, en el que los militares fueron instrumento de los intereses del poder real para imponer un modelo socioeconómico. Eso en alguna medida no ha cambiado: ahora hay otros instrumentos para imponer los intereses del poder real, hay concentración de poder, mayor desigualdad, pobreza y hambre. El poder logró imponerse sin hacer golpes de Estado sangrientos. Me interesa reforzar estos conceptos, la lucha por los derechos humanos no termina con el enjuiciamiento de estos genocidas”.
