El Gobierno eliminó retenciones para la industria: qué cambia y quiénes ganan en la región

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, completa una política que el Ejecutivo viene efectuando en etapas desde diciembre de 2023,según un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, y que ya había beneficiado a más de 4.400 posiciones arancelarias el año pasado.

Para el cordón industrial que se extiende entre San Lorenzo y San Martín, uno de los más activos del país en exportaciones industriales, la medida tiene implicancias concretas, aunque desiguales según el sector.

El decreto no es una quita uniforme. Establece tres regímenes distintos que conviven en paralelo. El primero, contemplado en el Anexo I, fija en cero por ciento de manera inmediata los derechos de exportación para un amplio universo de posiciones: química inorgánica y orgánica, fertilizantes, plásticos, caucho, siderurgia, metales no ferrosos como aluminio, cobre, zinc y estaño, y buena parte del sector automotriz, que incluye tractores, camiones, pick-ups y autopartes.

El segundo esquema, en el Anexo II, establece una reducción mensual y escalonada para productos que hoy tributan entre el 3% y el 4,5%, con llegada a cero en junio de 2027. Aquí entran petroquímicos como el benceno, el tolueno y el metanol, además de determinados plásticos, resinas y vehículos no cubiertos por el primer anexo. El tercer régimen aplica a seis posiciones de derivados de petróleo, que parten de una alícuota inicial del 7,33% en julio y también convergen a cero en doce meses.

El decreto establece que los artículos referidos a la reducción escalonada de los Anexos II y III rigen desde el 1° de julio, mientras que la eliminación inmediata del Anexo I entró en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial.

Según un informe de la Unión Industrial Argentina, el decreto eliminó retenciones en 743 posiciones arancelarias de Manufacturas de Origen Industrial, que representaban exportaciones anuales de aproximadamente 730 millones de dólares, concentradas principalmente en metales básicos. Otras 74 posiciones, con exportaciones que superan los 7.500 millones de dólares traccionadas por el complejo automotor y autopartista, tendrán desgravación gradual. Aun así, la UIA señala que todavía persisten manufacturas industriales por unos 3.500 millones de dólares alcanzados por derechos de exportación.

Al contemplar el cronograma de reducción gradual, en junio de 2027 quedarán alcanzados por derechos de exportación apenas 1.949 productos: 1.695 de la agroindustria, 143 de la industria manufacturera y 111 del sector de petróleo y minería. Cuando asumió el gobierno en diciembre de 2023, esa lista incluía 20.778 posiciones.

Subtítulos: Lo que el decreto no resuelve por sí solo

La reducción baja el costo de exportar, pero no garantiza que las empresas exporten más. Varios sectores del cordón industrial santafesino operan con capacidad instalada ociosa y enfrentan problemas de competitividad que van más allá del fisco: el tipo de cambio, el costo logístico de llegar a los puertos del Gran Rosario y la caída del consumo interno que presiona sobre la producción local son variables que el decreto no toca.

Hay además un punto técnico que los operadores de comercio exterior advierten: algunas familias de productos quedaron distribuidas entre el Anexo I y el Anexo II, lo que significa que el tratamiento puede variar dentro de un mismo sector industrial. Las empresas deberán verificar la posición arancelaria NCM a ocho dígitos de sus mercaderías antes de planificar operaciones de exportación, ya que un error en la clasificación puede implicar seguir tributando cuando ya no correspondería.

De esta manera, el Decreto 566/2026 se suma a una cadena de medidas previas: la eliminación de retenciones para miles de productos industriales en 2025, la exención para actividades agroindustriales de economías regionales y la reducción de retenciones al agro establecida en junio de 2026 mediante el Decreto 423/2026. En ese marco, el Ejecutivo sostuvo en los considerandos de la norma que los derechos de exportación son un tributo distorsivo y que su eliminación continuará en la medida en que el equilibrio fiscal lo permita.