Que el gobierno nacional plantee ahora presentarse como parte querellante contra la concesión del Ferrocarril Sarmiento provoca similar sensación que la del autor intelectual de un crimen acusando al sicario del mismo. El auditor general de la Nación, Leandro Despouy, asegura que "el Ejecutivo es el máximo responsable de la falta de control", que en 2008 informó sobre las deficiencias que ofrecía ese servicio, la situación desastrosa del mismo y especialmente el calamitoso estado de los frenos de esos coches. Finalizó asegurando que el control de los subsidios no es complejo, sino que hay una incultura del cumplimiento sobre los destinos de esos fondos. Los empleados del Apoc (Asociación del Personal de Organismos de Control) aseguran haber informado ininterrumpidamente desde el año 2011 sobre los incumplimientos de la concesionaria y que las autoridades no responden a la información y aclaración necesarias para revertir la situación. Complementariamente, aseguran la misma indiferencia respecto al costo sideral del megacanje de la deuda externa, de la incapacidad de las confiterías bailables para contener tantas personas, del estado y funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. El gobierno se limitó a incrementar el subsidio desde un dólar igual a un peso a 3 o 4 dólares al valor actual. Mientras la frecuencia entre coche y coche aumentaba un 16 por ciento, los convoyes Toshiba llegaban a 60 años de antigüedad y el sobrepeso de 70 personas paradas en exceso en los pasillos hacía descender la altura del coche a un escalón por debajo del andén de la estación. Ahora, después de la tragedia, mantiene el peor de los silencios: el silencio oficial. Ignoramos si este gobierno defiende a los concesionarios, los defenestrará, quiere hablar con los parientes de las 51 víctimas inocentes o los acusa de imprudencia. Por lo menos, que usen la cadena oficial y digan "cuánto lo sentimos" como lo dijeron gobernantes de otros países. (¿Qué vergüenza, no?)
