Con motivo de la nota publicada el pasado sábado en la sección Policiales, pág. 29, como lector y como responsable del Registro General Rosario, quiero expresar que llegué al colmo del hastío por la manera con que la generalidad de los medios de comunicación tratan sin mayor conocimiento de causa algunos hechos, nunca buenas noticias, que eventualmente podrían tener como protagonistas a algún agente o usuario del servicio de la repartición. Deseo subrayar que el Registro General Rosario no es un ente abstracto sino, como otras, una organización de gente puesta por el Estado para servir a la gente, y particularmente en este caso se trata además de un conjunto de buenos servidores públicos que día a día llevan adelante el servicio más allá de la escasez de número, no de calidad, y de la eventual defección de alguno, cuestión ésta que solamente compete establecer a los tribunales competentes. Por eso resulta disgustante la sensación de duda y sospecha sobre la generalidad de nosotros que aquel tratamiento transmite a buena parte del público, sea cual fuere el medio de comunicación que lo hace. El hecho que motivó la nota del sábado de ninguna manera es "una acción continuada en el tiempo", no al menos de parte de la generalidad de nosotros, y las características de este caso en particular difícilmente traerán "juicios económicos contra la provincia" como con tremendismo se dice allí. No somos un conjunto que actúa en banda configurando una asociación sospechada de ilícita: somos personas que merecemos el mismo respeto que debemos a los demás en ese mismo carácter o como servidores públicos. Por otra parte, la seguridad registral, que es seguridad jurídica en lo que nos compete, no está comprometida como se sugiere en la nota o se dijo en otros medios, ni necesitamos auditorías ni controles, como se deslizó en alguna declaración de opinantes. Estos hechos —tres en veinticuatro años de gestión— fueron todos denunciados de inmediato por el suscripto como manda el Código Procesal Penal y está definido como deber en el estatuto que nos rige a los empleados públicos, la ley 8.525. Tenemos aquí procedimientos establecidos y sistemas informáticos, entre ellos algunos invisibles para la gran mayoría del personal usuario, que respaldan esa seguridad y permiten prevenir o evitar males mayores y aportar información a las autoridades judiciales y administrativas para el deslinde de responsabilidades y esclarecimiento de cuestiones de este tipo. Así por ejemplo el "hecho búsqueda" que se menciona en la nota es un procedimiento preventivo que se aplica obligatoriamente en la etapa de inscripción cuando el profesional interviniente no solicitó las certificaciones previas de ley, y si de esa búsqueda resulta alguna medida que sea oponible a la inscripción pretendida por haber llegado antes, por ejemplo una inhibición concursal o una anotación litigiosa, la inscripción de la transferencia de dominio tendrá lugar sin desplazarlas y en forma condicionada, es decir atada a las consecuencias que resulten de aquéllas, lo que se hace saber formalmente a quien tramita tal inscripción. Comprendo la necesidad de que las noticias tengan gancho para los lectores, y no tengo ninguna duda sobre el deber de informar que cabe al periodismo, pero creo también que antes de publicar debe verificar la veracidad y certeza de sus fuentes y las de los datos que éstas suministren.
