La Fiscalía calcula que el financista rosarino generó un perjuicio económico de más de 4 millones de dólares y unos $ 75.000.000
Daniel Casanovas fue golpeado en 2003 por un acreedor en un restaurante de la provincia de Salta.
Luego de una audiencia que se dividió en tres jornadas, la Justicia provincial dictó este miércoles una orden de prisión preventiva por 180 días para el financista rosarino Daniel Casanovas y su esposa fue liberada bajo una serie de restricciones. La investigación iniciada hace casi cuatro años ya suma 78 delitos atribuidos al financista rosarino.
De acuerdo a las denuncias que recibió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la caída estrepitosa de los negocios a partir de marzo de 2019, el perjuicio económico equivale a unos 4 millones de dólares y $ 75.000.000 en valores correspondientes a la fecha de los últimos reclamos.
El nuevo capítulo de la causa que tiene a su cargo el fiscal Miguel Moreno tiene como principal novedad la imputación por 41 hechos de colusión en el concurso preventivo de dos sociedades anónimas. Ambas tienen como principales representantes al detenido y a su pareja Samanta Bravo, aunque esta última sólo figura como coautora en cinco casos.
En el marco de la pesquisa sobre administración fraudulenta y múltiples estafas, los investigadores detectaron que Casanovas les ofreció ventajas especiales a quienes votaran a favor del acuerdo para recuperar su dinero. Esta maniobra viola el principio de igualdad en el proceso para saldar la deuda, de modo que el tema desbordó la órbita del fuero civil y comercial y también cayó en manos de la Justicia penal.
Según la hipótesis del MPA, el financista intentó resolver los concursos preventivos de Cereales del Sur SA y Rosario E-Trade SA en forma ilegal con diferentes acciones registradas entre 2023 y 2024. En la menor parte de los casos, su esposa también aparece como cómplice por su rol de vicepresidenta de cada directorio.
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Frente a la nueva evidencia presentada desde el jueves 28 de agosto, el juez Gustavo Pérez de Urrechu aceptó el pedido de prisión preventiva efectiva para el principal imputado. Bravo quedó en libertad, pero tiene prohibido salir del país hasta el 10 de febrero y durante ese plazo debe presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Desde la primera vez que fue citado por la Fiscalía en octubre de 2021, el empresario fue señalado por 18 estafas; siete ellas de manera invidivual y las demás en coautoría con otras personas. También lo denunciaron por 19 casos de administración fraudulenta que incluyen otros negociados por fuera de las sociedades que pidieron el concurso preventivo en los juzgados de distrito civil y comercial de la primera y cuarta denominación.
Una de las denuncias con mayor peso en el plano de los números indica que el matrimonio cometió un fraude por 2.398.486,61 dólares. La víctima entregó el dinero en diferentes oportunidades por la propuesta de una inversión "segura" y no pudo recuperar su capital.
El MPA planteó que los titulares de las empresas mencionadas simularon un bienestar patrimonial y financiero para convencer a su cliente. En realidad, Cereales del Sur SA ya había entrado en cesación de pagos y poco después hizo la convocatoria de acreedores. Dada la diferencia de tiempo, el fiscal concluyó que los acusados sabían desde un primer momento que no podían cumplir con lo pactado y así generaron un lucro indebido, tanto para ellos como para otras personas.
Algo similar ocurrió antes de la caída de Rosario E-Trade. En este caso, el organismo judicial siguió la emisión de 33 cheques de pago diferido que luego fueron endosados y adquiridos por una empresa para operar en el Mercado Argentino de Valores SA (MAV). Los documentos tenían garantías de la Compañía Argentina de Warrants SA, pero esta firma también estaba en manos de Casanovas, que no estaba en condiciones de cumplir en las fechas de vencimiento. Con este simulacro de respaldo, el imputado generó un ingreso ilegal de $17.150.000. De acuerdo al registro oficial de la inflación, el perjuicio económico equivale a 62.391.700 pesos hasta julio pasado.
Cuando las principales sociedades del entramado financiero estaban al borde del colapso en marzo de 2019, otra víctima fue invitada a participar en el Fideicomiso Ganadero Norte. La propuesta consistía en aportar dinero en moneda estadounidense para el engorde de animales en un ciclo de seis meses con una rentabilidad del 28 por ciento. Al cabo de ese período podía recuperar el capital y cobrar los intereses con la garantía que supuestamente brindaban los otros negocios del empresario.
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El engaño se sostuvo hasta agosto del mismo año, cuando el denunciante se enteró de que Casanovas tenía problemas sin solución para pagar. Por entonces ya había firmado tres pagarés como director de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) para invertir a título personal en el proyecto. Dado que el pacto se incumplió, terminó perdiendo 82.506 dólares y $ 2.500.000. Otros acreedores fueron defraudados con maniobras diferentes de la Asociación Mutual Productores y Asesores de Seguros de Entre Ríos (Ampaser) y Prosur SRL. Algunos llevan ocho años esperando cobrar a pesar del reconocimiento de una deuda que forma parte de un tendal puede dejar al principal protagonista en prisión por más tiempo.
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