Diputados santafesinos buscan una ley para obligar a pagar la deuda de la Ansés con las provincias. Un centro a los gobernadores que puede chocar con el veto
Por Facundo Borrego
El presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo a su disputa con el Grupo Clarín.
En 2024, el presidente Javier Milei se despachó con el súmmum de la motosierra: decidió mediante un decreto no pagar más los adelantos mensuales automáticos que hacía la Ansés a las provincias que no derivaron sus cajas de jubilaciones a la Nación, entre ellas Santa Fe. Plata fresca y abundante no transferida que terminó con demandas en la Corte Suprema y a casi toda la política contra una forma de gobernar que distorsiona el sistema.
El cierre de ese grifo implica a la provincia no disponer de unos 20.000 millones de pesos mensuales (la última vez que se transfirió fue a fines de 2023 por un importe de 1.000 millones). Pero, además de la transferencia mensual, reclama el acumulado que asciende a más de 700.000 millones.
Si bien esta semana hubo algún movimiento del máximo tribunal en el caso Santa Fe, la Justicia tiene tiempos que la dinámica política no puede esperar. En una lógica de presionar e insistir, diputados de Unión por la Patria (UP) volvieron a jugar una carta para poner en aprietos al presidente y a su manera de gestionar, que no es más ni menos que desentenderse de obligaciones y administrar dinero ajeno.
En el dictamen del incremento jubilatorio, que finalmente tuvo media sanción, incluyeron los artículos 8 y 9, que buscar fijar por ley que la Ansés transfiera “antes del día 20 de cada mes a aquellos distritos que no traspasaron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional”.
A su vez, una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, propone que se deduzcan del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos.
Es decir, los diputados intentan establecer por ley lo que hasta ahora se obligaba por los convenios fiscales que firmaron en el momento de los cambios del sistema previsional las provincias y el Estado nacional.
Claro que Milei la hará fácil: si el Senado la convierte en ley, la vetará sin más. Sin embargo, la política no se puede quedar en lo que haga el presidente y bajar los brazos. Más con un gobierno que arrolla en sus prácticas. La idea en Diputados es sumar la mayor cantidad de votos para que se le haga más difícil al presidente.
En ese sentido, los diputados intentan dar más argumentos para sumar presiones y lograr algún tipo de desgaste. Una de esas adhesiones son las de los gobernadores que, de ese modo, tendrán una herramienta con consenso para su reclamo.
Ahí está la importancia de los gobernadores de bancar la estrategia de los diputados, porque logran sanciones o media sanciones, que les sirven para conseguir lo que les haga falta o, al menos, generar un contexto de presión.
Esta semana votaron a favor todos los integrantes de Unión por la Patria: Eduardo Toniolli, Diego Giuliano, Magalí Mastaler, Florencia Carignano y Germán Martínez. Del radicalismo, Mario Barletta y Melina Giorgi, diputada de línea del gobernador Maximiliano Pullaro. Además, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón y el peronista Roberto Mirabella.
En contra votaron los libertarios Rocío Bonacci, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz, Romina Diez y Alejandro Bongiovanni, de Juntos por el Cambio.
Se ausentaron Verónica Razzini (Futuro y Libertad), José Núñez (PRO) y Luciano Laspina (PRO), mientras que se abstuvo Germana Figueroa Casas, del PRO e integrante de Unidos y convencional constituyente del oficialismo provincial.
Dos primos fueron imputados por el secuestro y asesinato del joven oriundo de Capitán Bermúdez, en un presunto conflicto ligado al narcomenudeo