La mujer, de 88 años, debía declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad pero la audiencia fue postergada y no hay una nueva fecha
Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud.
La indagatoria a Dolly Viale de Garrido, la partera investigada por presuntas irregularidades en la identidad de bebés nacidos en Rosario, fue suspendida este martes luego de que su defensa informara que la mujer se encontraba descompuesta. La audiencia estaba prevista para las 10 y debía realizarse por videoconferencia ante la Justicia federal.
La postergación se produjo en el marco de una causa iniciada por la denuncia de Roberto Carlos Fargioni, quien nació en Rosario en 1978 y descubrió, a partir de un estudio de ADN realizado en 2014, que no tenía vínculo biológico con la familia que lo había criado. El hombre denunció el caso en 2023 y busca esclarecer las circunstancias de su nacimiento y su identidad.
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Por el momento, no se estableció cuándo se realizará la audiencia. La decisión sobre los próximos pasos dependerá de la evaluación del estado de salud de Viale de Garrido, por lo que se analizará si corresponde fijar una nueva fecha o solicitar previamente un examen médico. La suspensión se conoció un día después de que la investigación sumara nuevas medidas: el secuestro de libros de nacimientos del Hospital Roque Sáenz Peña y la toma de muestras de ADN a la partera y a su hija adoptiva.
La causa de Fargioni es una de las investigaciones que apuntan a esclarecer presuntas maniobras de supresión y alteración de identidad vinculadas con la actividad de Dolly Viale de Garrido, quien trabajó durante años como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña, en la zona sur de Rosario. La investigación busca determinar qué ocurrió con personas cuyas partidas de nacimiento fueron firmadas por la mujer y que luego encontraron inconsistencias sobre su origen biológico.
En el expediente de Fargioni, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que la partera fuera convocada a declaración indagatoria, luego de revocar una decisión de primera instancia que había rechazado el pedido de la Fiscalía. Los camaristas consideraron que existían elementos suficientes para avanzar con la medida y señalaron que el resultado negativo de un cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que descartó una vinculación con hijos de personas desaparecidas, no agotaba la investigación sobre su identidad.
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El caso se inscribe en un conjunto de denuncias que también involucran a Silvia Viale, hermana de Dolly. Los investigadores analizan presuntas alteraciones del estado civil, de la identidad y falsificaciones de partidas de nacimiento. La Fiscalía, además, mantiene abierta la convocatoria a personas que tengan dudas sobre su origen biológico o cuyos documentos hayan sido firmados por alguna de las hermanas.
Este lunes, la Unidad Fiscal Rosario realizó un procedimiento en el Hospital Roque Sáenz Peña y obtuvo libros con registros de nacimientos desde 1959. La medida fue impulsada por la fiscal federal Soledad García y autorizada por el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, con intervención de la Policía Federal Argentina.
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La documentación será analizada para establecer si contiene información relevante sobre las denuncias y posibles irregularidades en la inscripción de recién nacidos durante el período en que Dolly trabajó en el centro de salud. Los registros podrían aportar datos para reconstruir las circunstancias de distintos nacimientos y contrastar la información asentada en las partidas con otros elementos reunidos en los expedientes.
En paralelo, se tomaron muestras de ADN a Dolly y a Silvina, su hija adoptiva, quien denunció una presunta apropiación. Como la partera alegó problemas de salud, personal de la Policía Científica Federal se trasladó hasta su domicilio para obtener la muestra. Los análisis permitirán determinar si existe un vínculo biológico entre ambas mujeres y podrían aportar nuevos elementos a una investigación que busca esclarecer las denuncias sobre el origen y la identidad de distintas personas.
El chico tenía 15 años al momento del ataque del 30 de marzo. La decisión judicial se basó en la legislación penal juvenil vigente entonces
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