Crece el repudio por la visita de una comitiva de diputados nacionales oficialistas a represores, entre ellos Alfredo Astiz, condenados por delitos de lesa humanidad que tuvo lugar la semana pasada en la cárcel de Ezeiza.
Organismos de derechos humanos, partidos políticos y gremios cuestionaron a los legisladores. La santafesina Bonacci dijo que no contactó a los condenados por delitos de lesa humanidad
Foto: Archivo / La Capital.
Alfredo Astiz y otros represores están detenidos en el penal de Ezeiza.
Crece el repudio por la visita de una comitiva de diputados nacionales oficialistas a represores, entre ellos Alfredo Astiz, condenados por delitos de lesa humanidad que tuvo lugar la semana pasada en la cárcel de Ezeiza.
“Es un hecho sin precedentes en los más de 40 años de democracia”, denunciaron los organismos de derechos humanos en un comunicado firmado, entre otros, por Madres de Plaza Línea Fundadora.
Los sobrevivientes de la Esma agrupados en la Asociación Víctor Basterra exigieron repudiar “firmemente el brutal ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia, que busca la impunidad para quienes fueron el brazo ejecutor de la dictadura”.
También expresaron su rechazo la CTA Autónoma y partidos políticos como Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda y la Unión Cívica Radical (UCR).
En ese sentido, el diputado nacional por Santa Fe Eduardo Toniolli (UP) aseveró: “Los mandó el gobierno para contener a los genocidas que reclaman que cumplan una promesa de campaña, es decir, su libertad”.
Al penal de Ezeiza ingresaron los diputados nacionales oficialistas Guillermo Montenegro (Buenos Aires), Alida Ferreyra (Corrientes), Lourdes Arrieta (Mendoza), María Fernanda Araujo y Beltrán Benedit (Entre Ríos) y Rocío Bonacci (Santa Fe). Sin embargo, esta última se despegó de la difusión de la visita, que habría corrido por cuenta de Benedit.
“La única motivación que me llevó a realizar la visita, de acuerdo a los términos en los que se me cursó la invitación, fue la de tomar contacto directo con la situación del sistema penitenciario federal”, indicó.
La legisladora aseguró que no mantuvo “contacto alguno con internos procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad” y que, cuando advirtió que otros diputados sí lo harían, decidió mantenerse “totalmente ajena a esa situación”.
Por último, ratificó su "compromiso como diputada nacional con en el cumplimiento de la ley y el respeto de las instituciones de la República Argentina".
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