Los periurbanos son tierra de conflicto pero también oportunidad. La convivencia entre la producción agropecuaria instensiva y las comunidades tiene por momentos fuertes focos de tensión, relacionada fundamentalmente con la aplicación de productos fitosanitarios. La presencia del Estado en la problemática suele ser normativa pero en los últimos años también se fortaleció el capítulo tecnológico e informativo. En el marco del último congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), representantes de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos expusieron sus experiencias.
El taller “Gestión de periurbanos: construyendo confianza entre producción y comunidad”, con la participación de Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe; Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba; Carina Gallegos, directora de Agricultura de Entre Ríos, y María Eugenia Racciatti, Intendente del municipio santafesino de Cañada Rosquin.
Los funcionarios compartieron herramientas para gestionar las zonas de interfaz urbano-rural y coincidieron en la necesidad de fortalecer los controles, incorporar tecnología y acercar información antes de que las diferencias se transformen en conflictos judiciales.
El modelo santafesino
Mántaras explicó que Santa Fe cuenta desde 1995 con una legislación que regula la cadena vinculada con los fitosanitarios, desde su formulación hasta la aplicación. “Es una ley que cuida la salud, los recursos naturales y la producción. Ese es el triple objetivo que tiene esa legislación, que pone al Ministerio como autoridad de control”, afirmó.
La gestión presenta una especial complejidad en una provincia con 365 municipios y comunas, donde los gobiernos locales pueden establecer sus propias ordenanzas y distancias. Durante el último año se capacitaron 1.800 operarios y se fiscalizaron 200 empresas.
Remarcó que el primer objetivo es “recuperar la autoridad de control” ya que “si el Estado se retira, sucede el desorden, y eso perjudica a toda la comunidad y a todos los actores”.
También destacó el rol de los veedores, la regulación de las aplicaciones mediante drones y la intervención provincial en debates sobre ordenanzas. “No podemos dejar que un conflicto escale sin que la provincia tenga un rol activo, estamos tratando, como Estado, de explicar lo que es el agro hoy; ha evolucionado en tecnología e innovación, hay mucha información y todo se gestiona con datos”, señaló.
El caso de Córdoba
Blanda indicó que la legislación cordobesa comparte los mismos principios: cuidar a las personas, al ambiente y a la producción. Para prevenir conflictos, consideró indispensable cumplir las reglas sobre profesionales matriculados, recetas fitosanitarias, capacitaciones y fiscalización.
“Lo que menos queremos es la judicialización. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? Primero, cumplir la ley”, expresó. El funcionario reconoció que respetar la normativa no siempre alcanza para transmitir tranquilidad. “Cumplimos la ley, respetamos las distancias, tenemos la receta y no nos dejan trabajar. Pero también, en muchos casos, era válido el reclamo. Y eso nos abrió conversaciones”, relató.
Córdoba incorporó estaciones meteorológicas para consultar las condiciones al momento de cada aplicación. El Ministerio cuenta con 135 estaciones propias y 121 municipios y comunas reciben en tiempo real las recetas fitosanitarias. “Necesitamos tecnología objetiva para la toma de decisiones”, afirmó. La provincia sumó capacitaciones, cortinas forestales y bioindicadores. “El gran cambio fue acercar información, no decir ‘yo tengo la verdad’”, agregó.
Entre Ríos: trazabilidad y educación
Gallegos presentó la nueva normativa de Entre Ríos, vigente desde enero de 2025, que incorpora la seguridad alimentaria a los objetivos de protección de la salud, el ambiente y la producción. “La nueva norma nos ha permitido capitalizar aprendizajes de la ley anterior y mirar qué ha funcionado y qué no en las otras provincias de la Región Centro”, explicó.
Uno de los principales avances es la trazabilidad de la cadena. El sistema permite conocer quién formuló o importó un fitosanitario, quién lo transportó, dónde se vendió, quién lo aplicó y dónde se realizó la tarea.
En los municipios con conflictos, la receta digital, el aviso de inicio de la pulverización y las condiciones meteorológicas quedan integrados en una misma plataforma. “La plataforma toma automáticamente el registro de las condiciones meteorológicas de las tres centrales más cercanas y eso queda grabado. Esto permite que la gente pueda demostrar cómo hace las cosas y que la sociedad esté más tranquila”, destacó.
Gallegos también mencionó el programa “Educación y Comunidad”, desarrollado con el Consejo General de Educación para acercar conocimientos sobre fitosanitarios y buenas prácticas.
Cañada Rosquin
A su turno, María Eugenia Racciatti, presidente comunal de Cañada Rosquín, compartió la experiencia de la comuna santafesina, que frente a la disyuntiva de prohibir la producción en la interfaz periurbana, adoptó el programa “Municipio verde”, implementando un modelo de gestión responsable, trazabilidad y control estricto sobre unas 4.000 hectáreas.
Mediante el monitoreo de aplicaciones en tiempo real, la exigencia de recetas agronómicas y un diálogo constante entre ingenieros, productores, aplicadores y vecinos, se logró garantizar la producción segura en estas zonas. Tras siete años y múltiples auditorías, el programa no sólo previno el impacto económico negativo y la proliferación de basurales o plagas en tierras en desuso, sino que además consolidó la confianza social y fortaleció el arraigo y la economía de la comunidad.
