Sancionan el proyecto del Sadop que impide despidos arbitrarios

Fue del todo inédito: la cumbia sonó en la explanada de la Legislatura en la tarde noche de ayer como si de una fiesta se tratara. En rigor, fue una fiesta no la última sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados, sino que en ese debate los legisladores dieran sanción definitiva al proyecto impulsado por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), que prohíbe los despidos arbitrarios en instituciones educativas privadas de Santa Fe.

En la explanada de la Legislatura, los docentes, alegres por su conquista, improvisaron una fiesta musical desde las 19, hora en que convocaron al cantante de cumbia Sergio Torres, quien contribuyó a que se armara el baile, tras la sanción de la ley. El argumento es simple, y después de una cuarentena de días de vigilia frente al Palacio de las Leyes, el gremio que conduce Patricia Mounier en la provincia y del que Pedro Bayugar es uno de sus líderes nacionales, lograron hacerlo entender a la población, primero, y a senadores y diputados, después.

Faltará ver qué actitud toma el Ejecutivo, que debe promulgar y publicar la norma para que esta se convierta en ley y pueda aplicarse. No se descarta un fuerte lobby sobre la Casa Gris. Iglesias como la católica o algunas confesiones protestantes o evangélicas muy desarrolladas forman parte de la patronal de los afiliados al Sadop.

El argumento es simple, aunque se llamen "particulares", estos maestros se niegan a ser privados. Por ende, no aceptan que su relación laboral se rija por los parámetros legales de las relaciones laborales entre privados.

Y no son privados porque, insisten, las escuelas en las que trabajan en una inmensa mayoría, funcionan en base a subsidios directos o indirectos del Estado. Esto, dicen, invalida que el mero pago de una indemnización —muchas veces con fondos públicos que recibe la escuela— permita un despido sin causa al que el gremio llama arbitrario y con ello dio nombre a la ley que ayer se aprobó.

"Cada día que pasa, un docente más puede quedar en la calle", las seccionales Santa Fe y Rosario del Sadop instalaron una carpa docente frente a la Legislatura. Ahora, si la ley entra en vigencia, una escuela que despida arbitrariamente a un docente se expondrá a una investigación al cabo de que la cual podrá perder el subsidio estatal que posea.

La carpa contó con las presencias de Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Sonia Alesso y otros dirigentes de la educación nacional y toda clase de manifestaciones llamativas, coloridas y ruidosas, como solo los docentes saben armar.

"No queremos un solo despido más", dijo ayer a la prensa, Mounier, afirmando que "es un reclamo de justicia y equidad". Por su parte, al ser consultado sobre presiones que habría llevado a cabo la cúpula de la Iglesia Católica para intentar frenar el avance del proyecto, Martín Lucero, al frente de la Seccional Rosario, destacó el hecho de que "monseñor Arancedo, haya llamado senador por senador para tratar de que esto no se apruebe".

Ayer, el diputado Luis Rubeo fundamentó en el recinto la aprobación expresando que "lo que se hace es decirle al Estado provincial que en el manejo de los recursos que le son propios, tiene toda la facultad para decirle a esa empresa de gestión privada que utiliza como método el despido de trabajadores y, sobre todo, en una etapa casi estacional, en diciembre los despiden y los vuelven a tomar en marzo. Nosotros no vamos a concurrir con plata para pagarle la indemnización en aquellos casos en que el despido sea sin causa".

Por su parte, el bloque del PRO se abstuvo de votar la iniciativa contra despidos arbitrarios. Al tomar la palabra, el diputado Roy López Molina lo justificó diciendo que "la voluntad política no altera las competencias constitucionales y no altera las competencias que son de la Nación y de la provincia. Todo lo atinente a los vínculos laborales está en manos del Congreso Nacional. El principio laboral en nuestro país es de despidos libres con indemnización, con la excepción del empleo público. Avanzar sobre esas competencias puede llevar a planteos de inconstitucionalidad en la Justicia, así lo dice la ley".