En medio del debate en torno a la intervención estatal a través de un servicio público de alquileres, el kirchnerismo también se pronunció a favor de garantizar mayor acceso a la vivienda. "Un tercio de los rosarinos tiene su derecho vulnerado, casi 70 mil viviendas están desocupadas, con la misma cantidad de familias sin techo propio", señaló el dirigente de Rosario para la Victoria, Sebastián Artola, quien propuso ante el Concejo Municipal una tasa al inmueble ocioso, para aquellas locaciones que estén desocupadas durante seis meses consecutivos.
Primero fue la propuesta de la Concejalía Popular, a cargo de Nire Roldán, la que encendió la mecha. El ex edil anunció la puesta en marcha de un servicio público de alquileres con intervención del Estado municipal a fin de evitar situaciones abusivas con las locaciones.
La respuesta llegó de las inmobiliarias. "Es inviable y demagógico. Crearle un cepo a las locaciones fomentará la conflictividad", advirtió Carlos Rovitti, titular del Observatorio Inmobiliario de Educación para Crecer al recordar que, en la actualidad, la renta de los inmuebles es la más baja de los últimos 20 años.
"La falta de intervención y la desregulación del mercado son directamente proporcionales a los abusos que hacen, la indefensión ciudadana y la profunda desigualdad en el acceso a la vivienda", indicó Artola al recordar que los alquileres aumentaron un 70 por ciento en los últimos dos años en el marco de una demanda de vivienda que creció exponencialmente.
"Los precios de los alquileres y las viviendas vienen aumentando muy por encima del poder adquisitivo medio y el costo de vida. Esto se explica por la total desregulación del mercado inmobiliario y la falta de instrumentos que defiendan los derechos de los inquilinos", argumentó el dirigente kirchnerista.
Desde esta agrupación se presentaron en el Palacio Vasallo dos proyectos. La creación de una defensoría pública del inquilino que tenga como atribuciones promover y defender los derechos de los inquilinos frente a los actos abusivos, irregulares, arbitrarios, ilegítimos o discriminatorios; brindar asesoramiento jurídico gratuito y asistencia a las personas que alquilan; ofrecer una instancia de mediación y conciliación voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias; dar curso de acción legal y llevar adelante demandas procesales cuando las circunstancias del conflicto así lo ameriten; y fijar un marco común para toda la ciudad de Rosario sobre el tipo y la cantidad de garantías a solicitar a los inquilinos al momento de firmar un contrato.
Y el segundo proyecto de ordenanza promueve la creación de una tasa al inmueble ocioso a aquellos que permanezcan seis meses consecutivos deshabitados. "Forma parte del desafío de crear herramientas, desde las atribuciones propias del Estado local, que tiendan a equilibrar las relaciones entre oferta y demanda en materia habitacional, como existen en muchas grandes ciudades del mundo. Ampliar la oferta, a la vez, impacta en la regulación de los precios", explicó el ex candidato a concejal.
