Tres organizaciones no gubernamentales presentaron ayer ante la Justicia Federal un pedido de Amicus Curiae en la causa que investiga la tenencia y comercialización de estupefacientes en la fiesta electrónica que el viernes pasado se realizó en el Salón Metropolitano. El abogado patrocinante de la Red Antimafia de Rosario —una de las ONGs que realizaron la presentación— dijo que, a través de un escrito, sugirieron al juez investigar quiénes fueron los verdaderos organizadores de ese evento. Es que, a su entender, la persona que la semana pasada se presentaron ante la prensa bajo ese rol pertenecen "a una tercera línea" de responsabilidades.
El pedido fue presentado ayer a la mañana por la Red Antimafia de Rosario, la Pastoral Social del Arzobispado y el Hogar Padre Misericordioso, que trabaja con recuperación de adictos.
Cerca de las 11, las tres organizaciones, patrocinadas por el abogado Gerardo Casadei, acercaron al Juzgado Federal Nº 3 un pedido de Amicus Curiae.
Ese juzgado, a cargo del magistrado Carlos Vera Barros, fue el que estuvo de turno el pasado 29 de abril, cuando se realizó la fiesta electrónica en el Salón Metropolitano y resultaron detenidas 20 personas que ya recuperaron la libertad luego de que el magistrado entendiera que los estupefacientes que les secuestraron eran para consumo personal.
Amicus Curiae quiere decir "amigo de la corte", en latín. Es una figura jurídica donde cualquier ONG o persona privada puede acercar al tribunal que investiga una causa ciertas sugerencias respecto de la línea investigativa o incluso pruebas a producirse que el tribunal deberá examinar para ver si las considera o no.
Este este caso, el pedido presentado apunta a que se investigue quién organizaba la fiesta del viernes, que terminó con cuatro personas internadas en hospitales públicos.
"Estamos casi seguros de que la persona que la semana pasada se presentó ante los medios locales como el organizador es de una tercera línea de responsabilidad, no el organizador", dijo Casadei en referencia a Enrique Estosan.
Además, el pedido sugiere que una vez establecida qué persona u empresa estuvo a cargo del evento, hay que investigar si existe conexión con los organizadores de la Time Warp de Costa Salguero, que a mediados de abril terminó con cinco muertos.
"La población desconoce quiénes son los organizadores. Si pudiéramos saberlo, tal vez sabríamos por dónde puede llegar a pasar el circuito de venta de estupefacientes. Si no conocemos a los organizadores estamos muy faltos de información. Acá los organizadores están en las sombras", remarcó el abogado.
A través de la misma presentación, las ONGs solicitaron al juez, además, que se mejores los sistemas de prevención de control en la organización de este tipo de eventos. "No debemos olvidar que más allá del control que se hizo, ese control se vio superado por la venta de droga dentro del salón, porque terminó con cuatro personas internadas", consideró Casadei.
Ahora será potestad de Vera Barros decidir su hace lugar o no a los pedidos.
