Pasaron tres años. Por negligencia o desidia, todavía no se sabe con certeza de quiénes, murieron veintidós personas. Ninguno de los responsables de ese acto criminal ha sido juzgado. Ninguno ha sido condenado. Para esas víctimas, y para sus deudos, que son casi tan víctimas como los que murieron, todavía no se hizo justicia.
Muchas muertes violentas quedan sin castigo en Rosario. Son muertes que no se esclarecen porque no se investiga, porque se investiga mal o porque los resultados de la investigación se licúan incomprensiblemente en los laberínticos procedimientos judiciales. Procedimientos que las personas que exigen justicia en nombre de sus víctimas no sólo no entienden, sino que además padecen. Y que las revictimizan.
El 6 de agosto de 2013, veintidós personas encontraron una muerte que jamás esperaron. No fueron víctimas de la delincuencia callejera, que en Rosario es una amenaza constante para la vida de las personas. Murieron porque una instalación de gas deficiente hizo estallar en pedazos el edificio donde comían, estudiaban, dormían, se peleaban, hablaban por teléfono, regaban las plantas, se rompían la cabeza para ver cómo pagar sus cuentas... El edificio donde vivían.
Desde ese día, desde que la explosión interrumpió veintidós vidas, muchas más cambiaron para siempre. Son las vidas de las madres, de los esposos, de los hijos, de los amigos de quienes murieron simplemente porque el azar los puso en un lugar que otros descuidaron: el Estado, los organismos de control, la empresa que les suministraba el gas, el consorcio que administraba el edificio, las inmobiliarias que alquilaban los departamentos.
Esas víctimas, que no murieron pero que en muchos casos es como si hubiesen muerto junto a sus familiares en esa explosión evitable y criminal, sólo persiguen una cosa: que se haga justicia, que los responsables sean identificados y sancionados, que los mecanismos de respuesta del Estado ante quienes provocaron tanto dolor funcionen. Y que sea cuanto antes, porque la justicia que llega a destiempo a veces ni siquiera es digna de asumirse como tal.
El que sufre, el que extraña, el que siente dolor, el que trata sin suerte de imaginar cómo hubiese seguido la vida del que ya no está, el que padece el vacío, el que reclama castigo porque la desidia de otros lo puso en el papel de víctima, no entiende eso que llaman "los tiempos de la Justicia". Lo que necesita es justicia, y no que le expliquen por qué ésta se demora. Las dilaciones no sólo multiplican su dolor sino que también hacen crecer su impotencia. Y lo mata de a poco, que es incluso peor que perder la vida en el instante fugaz en el que vuela un edificio.
Cualquiera que hable con las víctimas vivas de la explosión de la calle Salta 2141 sabe que eso es lo que les pasa, mientras reclaman una justicia que se demora y que se justifica a si misma con la explicación de que sus tiempos son distintos: esas víctimas no murieron aquel 6 de agosto, pero desde entonces mueren un poco día a día. Las instituciones, y sobre todo la Justicia, tienen una gran deuda con ellas.
