El proyecto establece niveles de riesgo, medidas judiciales urgentes, tobilleras duales y un registro digital para mejorar la protección de las víctimas
Héctor Rio / La Capital
El proyecto de ley de prevención de la violencia de género que el gobierno de Santa Fe presentó en la Legislatura propone cambios en la forma de evaluar el riesgo y disponer medidas de protección para las víctimas. La iniciativa establece que los agentes estatales y las autoridades judiciales deben actuar de manera inmediata, incorpora un sistema de clasificación del riesgo y crea nuevas herramientas para coordinar las intervenciones.
Uno de los principales cambios es que la urgencia de una medida de protección no podrá quedar supeditada a trámites administrativos, consultas o derivaciones judiciales. El texto establece que cualquier juez que tome conocimiento de un caso podrá ordenar una medida urgente, incluso si después debe remitir las actuaciones al magistrado competente.
El proyecto también busca ordenar los criterios de actuación ante las denuncias, mejorar el acceso a los antecedentes de violencia y ampliar los recursos disponibles para proteger a las víctimas.
Cuando una situación requiera una medida de protección inmediata, podrá intervenir cualquier juez que tome conocimiento del caso. La prioridad será disponer la medida necesaria y luego derivar las actuaciones al órgano judicial competente.
El proyecto establece que la intervención de un equipo interdisciplinario o la búsqueda de antecedentes no podrán retrasar la protección. De esta manera, busca evitar que cuestiones formales demoren una respuesta ante una situación de riesgo.
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Además, plantea reducir las entrevistas, evaluaciones e informes que se repitan sin necesidad y puedan generar revictimización. Para eso, propone utilizar los antecedentes elaborados por organismos y profesionales especializados cuando sean suficientes y adecuados.
La iniciativa crea un sistema para clasificar las situaciones de violencia de género en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico.
La evaluación inicial deberá ser realizada por los organismos y agentes estatales que tengan el primer contacto con la situación. El proyecto señala que esa valoración no puede demorar la adopción de medidas urgentes.
El riesgo deberá analizarse de manera contextual, acumulativa y dinámica. Esto significa que podrá modificarse ante nuevos episodios de violencia, incumplimientos de medidas de protección o circunstancias que agraven la situación.
La propuesta busca unificar criterios para que las intervenciones se adapten a la gravedad de cada caso.
El proyecto establece un marco regulatorio para herramientas de monitoreo electrónico, entre ellas las tobilleras duales, utilizadas para controlar restricciones de acercamiento entre el agresor y la víctima.
Según los datos consignados en los antecedentes de la iniciativa, Santa Fe contaba con 200 dispositivos disponibles, pero alrededor de 27 estaban en uso. Desde el Ejecutivo señalaron que una de las dificultades era la escasa cantidad de pedidos por parte de jueces de Familia y Penales.
La ley busca fijar pautas para la implementación de estos dispositivos y reforzar la actuación ante situaciones de mayor riesgo. También contempla prohibiciones de acercamiento y contacto, exclusiones del hogar, perímetros de restricción, dispositivos de alerta y asistencia policial.
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La iniciativa crea el Registro Digital Único de Denuncias y Medidas de Protección por Violencia de Género, que funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo provincial.
El registro integrará información de los organismos estatales involucrados, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa.
El objetivo es que los antecedentes de violencia y las medidas de protección dispuestas puedan ser considerados al evaluar cada caso, para evitar que la intervención se base en información incompleta.
El proyecto prevé la creación de un equipo interdisciplinario con competencia provincial para brindar asistencia técnica especializada en casos de violencia de género.
El organismo dependerá del Ministerio Público de la Defensa y estará encabezado por un director designado con acuerdo legislativo, con un mandato de cinco años y posibilidad de una única reelección.
Su puesta en funcionamiento requerirá la creación de cargos y la asignación de recursos para garantizar su actividad.
La ley propone un Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas, destinado a solventar necesidades inmediatas derivadas de situaciones de violencia.
Entre los gastos previstos figuran traslados, alojamiento, medidas de seguridad y comunicaciones, entre otros recursos vinculados con la protección.
El proyecto también establece que deberán contemplarse en el presupuesto anual los cargos necesarios para el funcionamiento de los organismos creados.
Entre las herramientas previstas, el texto contempla medidas de protección económica y patrimonial, además de intervenciones vinculadas con niñas, niños y adolescentes.
También habilita al juez a disponer el desarme preventivo cuando el agresor posea armas o existan indicios de que las tiene.
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Ante el incumplimiento grave de una resolución, el proyecto contempla la posibilidad de ordenar un arresto conminatorio como medida excepcional, siempre que exista un riesgo concreto y actual.
El proyecto ingresó al Senado provincial y deberá ser debatido por ambas cámaras legislativas. Para convertirse en ley, necesita la aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados.
Aunque varias de las herramientas previstas ya forman parte de políticas públicas o de normas vigentes, la iniciativa busca reunirlas, actualizar los criterios de intervención y establecer pautas específicas para acelerar la respuesta estatal ante situaciones de violencia de género.
La organización tiene a su presunto líder prófugo, quien a su vez es sospechoso del secuestro y asesinato de Gastón Montenegro en junio pasado
Por Rodolfo Parody
