Una fuerte polémica se desató en Villa Cañás luego de detectarse que un fumigador estaba arrojando agrotóxicos en un campo lindero a la Planta de Tratamiento de Agua Potable, ubicada a la vera de ruta 94, sector comprendido dentro del área protegida para no fumigar. El hecho causó pánico y estupor en la comunidad ya que el agua que se trata en ese predio es el que se consume en la ciudad.
Una ordenanza prohíbe tajantemente ese tipo de aplicaciones con lo que el responsable podría enfrentar duras sanciones.
Lo cierto es que el artículo 3º de la ordenanza, sancionada en el año 2012 por el Concejo, establece zonas de restricción para el uso de fitosanitarios. Zona 1: de O a 800 metros de la línea agronómica. Zona 2: de 800 a 3.000 metros de la línea agronómica y, finalmente, zona 3, desde 3.000 metros de la línea agronómica.
El concejal peronista Daniel Montaner reseñó que la ordenanza surgió luego de los campamentos sanitarios realizados por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en 2010. Los resultados del trabajo de campo dieron que la tasa de cáncer en la región sur de Santa Fe superaba a la media nacional.
La línea agronómica es el límite entre la zona suburbana y rural y/o urbana y rural, del distrito Villa Cañas a los fines de la aplicación de la ley 11.273.
Las tres zonas. Para ello hay tres zonas definidas. La primera permite únicamente la fumigación de tipo terrestre con productos banda azul y verde según clasificación de Senasa basada en los parámetros definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La zona dos permite fumigación de tipo terrestre con productos banda azul, verde y amarillo, y la tres, la utilización de productos fitosanitarios de banda azul verde y amarillo mediantes mecanismo terrestres y/o aéreo.
Para el caso de escuelas rurales la fumigación aérea se prohíbe en un radio de 1.000 metros al establecimiento escolar y la fumigación terrestre dentro del radio de 1.000 con presencia de alumnos en los establecimientos y/o con viento cero o con viento hacia el área protegida. Las aplicaciones podrán llevarse a cabo teniendo en cuenta la ausencia de los alumnos 24 horas posteriores a las actividades de aplicación.
Area protegida. "Se delimitó un área protegida alrededor de la ciudad, donde a unos 800 metros del límite de la zona urbana no se puede fumigar y por supuesto que esto incluye la planta potabilizadora de agua y el campo lindero a ella donde se fumigó", explicó Montaner al portal Novedades del Sur.
"Si tenés una planta, que con mucho esfuerzo está manteniendo la Cooperativa de Agua, y permitimos que se fumigue al lado estamos superando cualquier tipo de límite y lamentablemente a cuatro años de haber sancionado esa ordenanza no se cumple", expuso el concejal, para quien el hecho reviste una gravedad ya que lo que está en juego son vidas humanas.
Según el artículo 20 de la ordenanza de 2012, "el vecino que manipulara o aplicara productos fitosanitarios que no cumplieran con la presente ordenanza, será sancionado con multas equivalentes al valor de 1.500 a 3.000 litros de gasoil".
Para Montaner es un problema de conciencia. "Yo pensé que iba a ser más sencillo aplicar esta ordenanza porque todos los actores que estamos implicados en el tema vivimos en Villa Cañás, o sea que estamos todos afectados, pero evidentemente hay un tema de desconocimiento del problema que estamos atravesando", y las graves consecuencias que trae a la salud.
Impunidad. Lo curioso y lo graves es que con total impunidad "la aplicación se hizo a plena luz del día y bien al lado de la planta potabilizadora", dijo, aunque aclaró que "quiero dejar a salvo a la gente de la Cooperativa de Agua Potable porque ellos al ver esta aplicación hacen un trabajo enorme, tiran agua, lavan el lugar que pudo haber estado expuesto para evitar la contaminación del agua con un producto químico, pero ¿si no lo hubiesen visto?".
Remarcó que "probablemente es algo que se hizo durante muchos años, pero ahora la diferencia es que sabemos que no se puede hacer esto porque es malo para la salud, y tenemos las consecuencias, que más allá de las estadísticas las comprobamos a diario. Entonces lo que estamos pidiendo es empezar a accionar ya".
"La ordenanza también establecía que lo depósitos de agroquímicos tenían dos años para irse de la zona urbana y se podía prorrogar, por medio del Concejo, un año más en caso de no haber terminado los trabajos, no obstante no se hizo absolutamente nada", enfatizó el edil.
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