El rey de España, Felipe VI, pidió que el Estado defienda el orden constitucional de "la deslealtad" de los independentistas catalanes, en una jornada de protestas multitudinarias en Barcelona contra la respuesta policial al referéndum prohibido del domingo.
"Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones", dijo el monarca en un mensaje televisado al país, su primera reacción a los sucesos del domingo en Cataluña.
"Determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía", prosiguió.
"Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible", abundó el rey.
El gobierno español de Mariano Rajoy dispone de la potestad de intervenir y suspender el ejecutivo catalán de Carles Puigdemont y sus instituciones aplicando el artículo 155 de la Constitución. Una opción que no ha sido descartada.
En una jornada de huelga general y manifestaciones, 700.000 personas protestaron en Barcelona —según cifras de la policía municipal— contra la violencia de las fuerzas del orden del Estado contra el referéndum de independencia del domingo, y que dejaron numerosos heridos —900 personas requirieron atención médica, según el gobierno catalán—.
"Es una verdadera vergüenza. Un rey representa a un pueblo, a todos, no solo a una parte", dijo indignado Domingo Gutiérrez, de 61 años, tras ver el discurso de Felipe VI en un bar de
Barcelona. "No ha dicho ni una palabra de los heridos. Imagino que para él no existen".
Gerard Mur, un periodista desocupado de 25 años, reprochó que el rey "no se ha posicionado ni un poco del lado catalán. No solo en ningún momento ha mencionado a las víctimas, sino que se ha enrocado mucho en el bloque constitucionalista", añadió.
Al grito de "¡Fuera las fuerzas de ocupación!", cientos de miles de personas se manifestaron en Barcelona, en el marco de una huelga general para denunciar la violencia policial durante el referéndum de autodeterminación prohibido por la Justicia, que agravó la crisis con el gobierno español.
Los transportes, los bancos, las instituciones oficiales del gobierno catalán y el pequeño comercio siguió el cierre patronal.
Entre los manifestantes, reinaba la sensación de que los acontecimientos del domingo han hecho inevitable la ruptura con España.
Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el Ejecutivo catalán llevó a cabo el domingo una consulta sobre la independencia pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
En un intento de impedirlo, policías nacionales y guardias civiles recurrieron a bastonazos, patadas, empujones y balas de goma contra manifestantes decididos a votar.
Pese a todo, 2,2 millones de personas lograron participar en la consulta sin garantías legales. Ante el boicot de los partidarios del «no», un 90% votó a favor de la independencia.
La Unión Europea (UE) y Naciones Unidas pidieron al gobierno de Rajoy que dialogue con el Ejecutivo independentista catalán, que amenaza con una declaración unilateral en los próximos días.
Los comisarios europeos abordaron la cuestión pero descartaron mediar, reiterando su posición de que "esto es un asunto interno de España".
La portavoz del departamento de Estado, Heather Nauert dijo que Estados Unidos alienta "a todas las partes a resolver sus diferencias políticas en forma no violenta" y dijo que su país está "entristecido" por los heridos.
