"El modelo santafesino de boleta única debería ser opción nacional"

La reforma electoral que el gobierno nacional envió al Congreso será tratada en los próximos días, si es que oficialismo y oposición se ponen de acuerdo en algunas cuestiones. Si se aprueba impactará en todas las provincias que, en 2017, deberán elegir legisladores nacionales.

Oscar Blando, director de Reforma Política y Constitucional, es la voz autorizada que tiene la provincia de Santa Fe, tiene una posición crítica respecto de la implementación del voto electrónico y propone como opción nacional el modelo santafesino de boleta única papel.

En una entrevista con La Capital, Blando sostiene que "el proyecto tiene aspectos positivos, hay ausencia de definiciones y cuestiones críticas. La eliminación de colectoras, listas espejo, acoples y testimoniales es realmente positivo porque impide la confusión, ordena y produce transparencia en la oferta electoral. El tema es que las provincias por su autonomía mantienen el régimen que quieren, a diferencia de lo nacional. Otro aspecto positivo es abandonar las boletas partidarias, múltiples o sábanas. Es el Estado el que pasa a garantizar la equidad electoral y no los partidos políticos". En el marco de su análisis sobre la iniciativa, el profesor titular de Derecho Político de la UNR sostiene que "hay cosas que no están en el proyecto, como el tema del financiamiento de la política. No sólo está vinculada esa ausencia a la corrupción, al lavado de dinero, sino porque la Argentina tiene que transparentar esa relación entre dinero y política. El 90 por ciento de los aportes es en efectivo y eso demuestra falta de control. Y otra omisión es la paridad de género en la oferta electoral".

—¿Es un problema que las empresas sean reconocidas como aportantes?

—Lo que debe estar claro es quién aporta, como en EEUU.

—¿Y los aspectos críticos cuáles son?

—Acá aparece el voto electrónico. No entiendo por qué en las disposiciones transitorias del proyecto la opción es voto electrónico o boleta partidaria, sábana. La opción debiera ser abandonar la boleta partidaria, y las opciones que fueran voto electrónico o boleta única papel. Hay un capricho en que no exista la boleta única papel. Porque las experiencias de Santa Fe y Córdoba demostraron que es exitoso, y además abunda en el mundo. El voto electrónico no es el que prevalece en el mundo sino el que retrocede.

—El gobierno dice, por medio de Adrián Pérez, que el problema es provincia de Buenos Aires por la cantidad de candidatos.

—¿Y cómo lo van a resolver a ese mismo problema en una pantalla? En una boleta única todas las opciones electorales están incluidas, por lo tanto la existencia de muchas listas obligará a múltiples pantallas. Ese argumento no resuelve el problema. Argentina debiera salir de la opacidad en términos de financiamiento y del sistema confuso de ofertas electorales. El proyecto enviado por el gobierno al Congreso tiene opacidad en términos de cómo va a ser el sistema de voto electrónico. La ley no explica cómo se va a implementar, cómo será el sistema de emisión del sufragio, qué maquinas van a tener, si va a tener chip o no. Todo esto quedará delegado en el Ejecutivo. La ley debiera explicar todos los pasos, si se delegan podría haber inconstitucionalidad. Cuidado, porque está el precedente del tribunal constitucional alemán que declaró inconstitucional el proceso.

—Ahora se dice que el voto electrónico se va a aplicar parcialmente en 7 provincias. Esto va a generar una mezcla inédita de sistemas electorales.

—El hecho de que haya progresividad amerita más la incomprensible falta de opción de la boleta única papel. Ya que no habrá voto electrónico en todo el país la opción tendría que ser la boleta única papel. Eso sería un paso adelante. Si no, se afecta otro principio institucional: la igualdad de voto.

—Estamos a un año de las Paso nacionales. ¿Hay tiempo para semejante cambio?

—Es un problema serio, porque si se dilata la aprobación de la ley los plazos se acortan. Para llegar al voto electrónico se necesitan licitaciones, compra de tecnología, máquinas. El otro componente esencial es la Justicia Electoral. Acá la Cámara Electoral, en la acordada 100 de 2015, dijo que las opciones tecnológicas no pueden significar una transferencia o dependencia del poder público respecto de las empresas comerciales. En términos llanos, siguió la acordada, no se puede privatizar.

—Eso es lo que se critica del gobierno porteño al haber implementado el voto electrónico.

—Exacto. Y que es el mismo que el de Salta, es la misma empresa. ¿Ese será el mismo sistema que el nacional? No lo sabemos.

—No escuché a ningún constitucionalista ni experto en temas electorales que salga a defender el voto electrónico.

—Nadie puede asegurar la invulnerabilidad del sistema electrónico. Si tengo que optar, el modelo Santa Fe de boleta única papel debería ser exportable a la Nación, una opción nacional. Podrían mejorarse, incluso, algunas cosas del sistema santafesino. Por ejemplo en el escrutinio provisorio de mesa, donde hubo inconvenientes en el tema de las actas. Y el segundo momento es la transmisión de resultados, que se hizo por medio de la vía fax.

—¿Están pensando en digitalizar esos tramos del escrutinio provisorio?

—Estamos estudiando con la UNR y especialistas en el tema una propuesta que incorpore tecnología al momento del recuento y conteo de votos, y en la transmisión de datos para que sea más rápida. Podría ser válido, incluso, a nivel nacional.

—La Legislatura bonaerense sancionó una muy buena ley que limita los mandatos de intendentes y legisladores. ¿Por qué no avanza en Santa Fe una definición similar?

—No hay consenso suficiente como para acordar un sistema de limitación de cargos legislativos y ejecutivos. En el caso de las comunas, hay que llevar el mandato a 4 años.

—Es muy difícil profundizar el proyecto de reforma constitucional en estos días, ¿pero está bien direccionado?

—A diferencia de otros momentos, hoy hay un consenso muy importante. El acto del 22 de agosto fue una demostración plural. El gobierno tiene temas urgentes, que son las demandas de la sociedad en seguridad, empleo y obra pública. Lo de la reforma es un proyecto estratégico que el gobierno sostiene, avala y que no tiene la urgencia de la política diaria. No hay plazos. El plazo límite es diciembre de 2019, porque es hasta donde llega el mandato de Lifschitz. El gobierno impulsa pero necesita de consensos.