Esta semana el Concejo inició el análisis del mensaje del Departamento Ejecutivo para habilitar un hotel cuatro estrellas en el edificio Torre Shopping, ubicado en Rondeau y Juan B. Justo. Se trata de un proyecto que formalmente se denomina "solicitud de ampliación sin final de obra", que apunta a regularizar una situación que arrastra complejidades desde hace más de una década. Ahora bien, de la lectura del texto oficial surge un detalle llamativo: entre los inversores iniciales del proyecto aparece Roberto Peiti, quien junto a su hermano Leonardo está imputado en la causa de juego clandestino.
El nombre de Peiti consta en la página 411 del mensaje que esta semana se discutió en la comisión de Planeamiento, donde se detallan los litigios judiciales abiertos alrededor del emprendimiento. "PEITI, ROBERTO ESTEBAN C/TIERRA DE SUEÑOS SRL (CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" CUIJ 21-02906441-2, Juzgado de distrito civil y comercial n° 9, Rosario", se lee en el citado documento, que consta en el sistema interno del Palacio Vasallo.
Para explicar por qué aparece el nombre de Peiti en el mensaje hay que recapitular la historia del edificio, que se remonta hacia 2010. En ese año, Tierra de Sueños SRL (TDS), que venía comercializando con éxito varias urbanizaciones en la región, decidió avanzar con un nuevo desarrollo: una gran torre en la principal arteria de la zona norte. Una vez avanzada la construcción comenzaron los problemas, tanto con el edificio en sí mismo como en relación a los inversores que financiaron el emprendimiento.
En lo que respecta a los metros cuadrados edificados hubo mucha discusión pública respecto a si violaba o no la normativa vigente. Quien llevó la voz cantante de las denuncias fue Fernanda Gigliani: la edila planteó oportunamente, y lo volvió a repetir esta semana, que se había construido "un edificio de más". Los números nunca fueron del todo claros, pero lo cierto es que jamás se completó el final de obra.
Hacia 2016, ante una compleja situación financiera de la desarrolladora, la torre fue transferida como aporte a un fideicomiso hotelero, siendo el fiduciante originario TDS y el fiduciario Admife SRL. Lo particular del caso es que esta última tiene entre sus accionistas al hermano de una de las socias de la primera sociedad.
Esta nueva figura jurídica convenció a 206 de los 244 inversores del proyecto. Del resto, hubo algunos que iniciaron acciones judiciales en contra de TDS, lo que motivó -a pedido del Departamento Ejecutivo- la constitución de un fondo de garantía por $12.452.153 "en resguardo de los eventuales damnificados". Este elemento se formalizó mediante la firma entre TDS y BMR Mandatos y Negocios de un contrato de mandato especial irrevocable, "a los efectos de regularizar y administrar el patrimonio en cuestión".
Todos estos detalles constan en el mensaje enviado por la Intendencia al Concejo, adelantado por La Capital a principios de mayo. Allí mismo, cuando se indican los juicios en trámite, aparece el nombre de Peiti, junto al de otros inversores que tienen abiertos litigios tanto contra TDS como contra Admife. Según comprobó este medio, se trata de la misma persona que aparece imputado en la rimbombante causa de juego clandestino.
En estudio
El tratamiento del expediente en el Concejo se inició esta semana, según se informó oficialmente desde la comisión de Planeamiento, al tiempo que se planteó que "seguirá en estudio".
El mensaje había sido elevado a mediados de junio por el intendente Pablo Javkin a través de un texto firmado también por sus secretarios de Gobierno y Planeamiento, Gustavo Zignago y Agustina González Cid. Allí se solicita el tratamiento de la "Ampliación sin Final de Obra".
En el racconto que se realiza sobre las reuniones mantenidas entre el municipio y los responsables del proyecto, se indica por ejemplo que existe un contrato firmado con la cadena hotelera Accor para que explote el inmueble por un plazo de 20 años.
Respecto a la polémica en torno a los metros cuadrados construidos, el expediente incluye un informe técnico de la Dirección de Obras Particulares donde se constató que el proyecto presenta "por fuera del volumen aprobado (por el permiso de edificación) y por fuera de la altura máxima actualmente vigente, una superficie cubierta de 168,46 m2 y una superficie semicubierta de 13,36 m2, la misma representa una incidencia del 2,6% en el volumen total".
"Que en el entendimiento de que, evaluado el presente pedido y subsanadas que fueran por vuestro órgano las situaciones requeridas por el presente, entendemos se encuentran dadas las condiciones y garantías suficientes para la resolución de continuidad de un emprendimiento que pueda aportar un valor económico y productivo para la ciudad de Rosario", cierra el mensaje.
