Asimetrías
Al problema que significan presupuestos casi simbólicos, se suma otro: no solo no se financia el cuidado de la naturaleza, sino que sí se financian las actividades que la destruyen. Andrés Nápoli, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo explicó así: “no solo hay que mirar las asignaciones a favor del ambiente, sino también aquellas que van en contra de su protección. Si hacemos este cálculo tenemos una relación de 20 a 1: por 20 pesos que van a actividades que afectan el ambiente, solo 1 va a políticas para su protección”.
El año pasado (aún no hay análisis del ejercicio 2022) el presupuesto nacional destinó más recursos al desarrollo de combustibles fósiles que a normativas tendientes a proteger la naturaleza, con el caso emblemático de la Ley de Bosques a la cabeza. Según la FARN, apenas el 0,5% de los gastos presupuestarios de 2021 fueron a parar a políticas de protección ambiental, contra un 8,2% de gastos destinados a actividades nocivas, como la subvención a los combustibles fósiles.
El “analfabetismo ambiental” del cual habla la socióloga e investigadora del Conicet Maristella Svampa en su libro El colapso ya llegó, es todavía un rasgo distintivo entre los tomadores de decisión de Argentina.
Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital
Una dirigencia de otro siglo
Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, hizo del tema ambiental una de sus prioridades, tanto durante la campaña como en su primer discurso como presidente. Hizo algo más raro aún, visto desde un registro argentino: acompañó sus palabras con decisiones políticas: para eso, designó ministra del área a Maisa Rojas, física y climatóloga experta en cambio climático.
¿Qué pasa en Argentina? Según Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la protección de la naturaleza no figura entre las prioridades de la política profesional. “La agenda temática considerada como esencial sigue siendo dominada por otros grandes problemas o preocupaciones y lo ambiental queda relegado a un sector marginal del debate, o directamente brilla por su ausencia o exclusión”, razonó.
En ese marco, es casi lógico que no exista financiamiento para las políticas ambientales: “prevalece una ceguera en quienes toman decisiones en las esferas administrativas, parlamentarias y judiciales. Por eso (como ocurre con la Ley Micaela en materia de género) es indispensable avanzar con la Ley Yolanda para capacitar a los funcionarios de todos los poderes del estado, en todos sus niveles, en materia ambiental” agregó Colombo.
El propio diseño institucional del Estado refleja ese retraso en los términos del debate ambiental argentino que ya dan muchos otros países de la región, como Chile y Colombia. “Economía y Hacienda son parte de estructuras ministeriales casi centenarias mientras que Ambiente es un área que desde hace apenas unos años ha comenzado a adquirir centralidad, compitiendo desigualmente con dependencias institucionales extractivistas históricas como Energía, Producción, Minería y Agroindustria, todas ellas además íntimamente ligadas a la gestión de la política económica”, apuntó el profesional.
Nápoli, por su parte, agregó: “no hay una política ambiental, no está dentro de las prioridades y eso se refleja en la asignación presupuestaria en la cual simplemente están establecidos montos para algunos fondos y para las necesidades funcionales del ministerio”.
Subsidios a un mundo viejo
Los números marcan, con claridad, cuáles son las prioridades a la hora de tomar decisiones de gobierno. Las asignaciones presupuestarias señalan, en ese sentido, que la alta política aún apuesta a un modelo energético basado sobre todo en el desarrollo de los combustibles fósiles que, además de ir en contra de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de reducción de emisiones de gases contaminantes, está basado en grandes subsidios emanados desde el presupuesto nacional.
Según el trabajo “Subsidios a los combustibles fósiles y transición energética en la Argentina” de Gabriel Blanco, Daniela Kessler y Nicolás Díaz Almassio del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro (UNCEN), la proyección de subsidios a 2050 realizada a partir de una serie histórica y por unidad de energía primaria representa algo más de 20 mil millones de dólares anuales.
Este monto, señalaron, “sería suficiente para cubrir un gran porcentaje de los gastos de transformar la generación eléctrica actual a generación eléctrica renovable”, o también podría redireccionarse “para cubrir gran parte de la transformación del parque automotor a vehículos eléctricos”. En el mismo sentido, agregaron que si se toma sólo la proyección de los subsidios destinados a la producción e importación de gas natural “se cubriría casi el 50% de la producción de hidrógeno necesaria para cubrir la demanda de gas natural de las grandes industrias”.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Ley de Bosques, el (mal) ejemplo
La Ley de Bosques, sancionada en el año 2008 para ponerle freno al fuerte proceso de deforestación en Argentina impulsado por la expansión sin límites de la frontera agropecuaria, es el ejemplo del nivel de desfinanciación que tienen las políticas ambientales en Argentina, gobierne quien gobierne.
La tendencia no cambió este año: según datos difundidos desde la Fundación Vida Silvestre, en 2022 el monto en pesos para esa ley es el mismo asignado en el 2021, lo que -inflación mediante- significa que el porcentaje es menor en comparación al presupuesto anterior, convirtiéndolo en el monto “más bajo desde la implementación de la Ley 26.331 en el año 2009”.
Desde esa organización socioambiental detallaron que el actual Presupuesto asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 1.212 millones de pesos, más otros 120 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, “apenas el 3% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques si la ley se cumpliera correctamente”. Ese Fondo debería, por ley, estar integrado por partidas que no deberían ser inferiores al 0.3% del presupuesto nacional: ese monto para 2022 debiera ser de 40.009 millones de pesos, muy lejos de los 1.212 millones acordados.
Para Nápoli, este nivel de desfinanciamiento hace que no se pueda cumplir con la finalidad que la propia ley establece, que busca compensar a los titulares de tierras con superficies donde se conservan bosques: “esto tiene que ser abonado por hectárea de conservación para que el productor que conserva tenga una remuneración. Si no todo depende solo de la buena voluntad”, dijo.
Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital
El capítulo santafesino
Desde su creación en el año 2017 por parte del entonces gobierno del Frente Progresista, el presupuesto provincial de Santa Fe destinado a las partidas para el ministerio de Ambiente también a sido (como ocurre en Nación), casi simbólicas, con porcentajes sobre el presupuesto total que oscilaron entre el 0,10% y el 0,13 %, en el mejor de los casos.
Para el año 2022, el ejecutivo a cargo del peronista Omar Perotti propuso 1.092 millones de pesos para la cartera ambiental, el 0,12 % ciento de las erogaciones estimadas para el funcionamiento del Estado santafesino, estimado en 851.000 millones en 2022. Desde 2017 hasta la actualidad, los fondos para ese ministerio se repartieron así: en 2017 significaron el 0,12 % del total (200 millones); en 2018 el 0,11% (228 millones); en 2019 el 0,10% (289 millones); en 2020 el 0,10% (452 millones); en 2021 el 0,13% (719 millones) y este año, 2022, el 0,12% (1.092 millones de pesos).
Carlos del Frade, legislador provincial y vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la cámara baja, dijo que “el ambiente, el cambio climático, la ecología, la defensa y el cuidado de la biodiversidad y la protección de los humedales santafesinos tiene destinado el 0,12 por ciento de los recursos del presupuesto: son 12 centavos por cada cien pesos”. “El verdadero tamaño de la política es la estatura del número en el presupuesto. En las cifras está el final de las palabras”, razonó el referente del Frente Social y Popular.
Desarrollo o ambiente: la falsa dicotomía
El atraso del debate socioambiental en la mayoría de la alta dirigencia política argentina se traduce en una falta dicotomía que se repite todavía: la guerra entre el “desarrollo” que permite el ingreso de divisas al país, y el cuidado del ambiente que es presentado, muchas veces, como un ejercicio snob que solo pueden permitirse países con problemas graves solucionados, como la pobreza o el desempleo.
“Se encuentra diseminado un sentido común conservador y regresivo, vinculado a la supuesta tensión entre producción o desarrollo y ambiente, en donde se repiten acríticamente enunciados donde se afirma que Argentina no se desarrolla porque tiene limitaciones ambientales”, explicó Colombo, para quien, en realidad, las cosas son al revés: “en el nombre de la reducción de la pobreza y el desempleo, hemos visto avanzar desmedidamente el agronegocio, la deforestación, la megaminería o el fracking, y estas promesas no solo han sido incumplidas, sino que además han agravado los problemas que pretendían resolver”.
¿Puede cambiar esto en el corto plazo? Para Nápoli, la respuesta es negativa y tiene que ver en parte con el escenario económico local y global: “Argentina atraviesa una crisis con una fuerte restricción externa y una creciente presión del mercado internacional por la elevación de los precios de los commodities que el país vende”, dijo. Esto se va a traducir en “una mayor presión económica para el desarrollo de estos commodities, que significa más tierras” volcadas a su producción.
Si eso se suma a la falta de políticas públicas de protección de la naturaleza y una agenda ambiental “sumergida” que “solo surge a la luz cuando hay una catástrofe como los incendios en Corrientes” las perspectivas de un cambio cercano son escasas.
