El paso de Bullrich por Coronda expuso nuevas diferencias entre la Casa Gris y la Nación. Los tres pliegos para la Corte llegan este lunes a la Legislatura, mientras se perfila la puja por un lugar en la Convención Constituyente
Por Javier Felcaro
Diferencias abonadas principalmente por la fase preelectoral que se expande a lo largo y ancho del país metieron ruido en la inauguración de la cárcel federal de Coronda, el viernes pasado. Maximiliano Pullaro fue invitado pero optó por el faltazo con aviso a una movida que, acorde a las expectativas de la Casa Rosada, fue monopolizada por Patricia Bullrich.
“Es natural que en esta etapa, y más con la lógica del gobierno nacional, predomine la lucha entre los halcones y las palomas. Pero nosotros no vamos a estar a los codazos en ese contexto”, deslizan a La Capital en los pasillos de la Casa Gris respecto de la ausencia del gobernador en un acto penitenciario con impronta de show, en pos de un impacto —especialmente en redes sociales— inmediato, como busca permanentemente la gestión libertaria.
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La ministra de Seguridad, por su parte, negó cortocircuitos con Pullaro (quien formalmente adujo problemas de agenda), pero la imagen final de la movida en Coronda solo alimentó la suspicacias: las versiones pendularon del supuesto malestar del gobierno de Unidos por la inauguración de un penal todavía sin servicios básicos a su necesidad de tomar distancia de la pirotecnia que Bullrich suele encender en sus actividades públicas.
Pero en la decisión también pareció tallar un aprendizaje reciente: en el marco de su disputa contra el narcotráfico, a principios de marzo Pullaro compartió en sus redes cómo se realizó una requisa sorpresa en la cárcel de Piñero, en las afueras de Rosario. Poco después, la ciudad fue alcanzada por una ola de violencia extrema (cuatro trabajadores asesinados) que obligó a una nueva articulación entre la provincia y la Nación en seguridad.
También es cierto que la comunicación de la posterior baja de hechos delictivos en Rosario venía azuzando el disentimiento. La prudencia del oficialismo santafesino contrastó con la pompa que, reiteradamente, le insuflaron Bullrich y el propio presidente Javier Milei (hasta en su balance del primer año en el poder aludió a los logros en seguridad en la ciudad). El desmarque de la Gobernación se ensanchó semanas atrás, con el video con una supuesta amenaza narco que recibieron el gobernador y la ministra.
“Es parte del juego de ellos, no nos sorprende para nada”, agregan cerca de Pullaro. De hecho, Bullrich posó en Coronda junto a Gabriel Chumpitaz, uno de los diputados por Santa Fe disconforme con el rol del PRO en Unidos y que amenaza con una sociedad política con La Libertad Avanza (LLA). La vicegobernadora Gisela Scaglia, jefa del partido amarillo en la provincia, tampoco se dejó ver en la Capital Nacional de la Frutilla.
Pero algo es algo: después de meses de reclamos, tensión y hasta críticas sin eufemismos, Milei cede recursos para rutas nacionales en Santa Fe en los próximos años. Si bien en la Casa Gris celebran, eligen ver para creer.
Con algún chisporroteo interno en Unidos, Pullaro se apresta a enviar este lunes a la Legislatura los tres pliegos de candidatos a llenar las vacantes en la Corte Suprema de Santa Fe, que —por obra y gracia de la reciente reforma judicial— tendrá siete integrantes y empezará a dibujar un nuevo mapa de poder.
Los nombres ocuparán la poltrona que el 1º de diciembre dejó libre Mario Netri, la dependencia que el 2 de abril abandonará la renunciante María Angélica Gastaldi —también de Rosario— y el sillón correspondiente al nuevo integrante de la Corte Suprema producto de la reforma.
Amplia trayectoria académica y expertise en el Poder Judicial, son los perfiles exigidos por el Ejecutivo para un procedimiento que contempla la chance de que dos de los nominados asuman a fines de febrero y el restante en abril.
Pero las candidaturas también serán producto de acuerdos entre dos de los principales sostenes de Unidos, el radicalismo y el Partido Socialista (PS), y con el sector del PJ al mando del exgobernador Omar Perotti, que viene de tributar votos clave para la reciente sanción de la ley de necesidad de la reforma constitucional en la provincia. Aspirantes que, de ese modo, sortearían sin sobresaltos el filtro parlamentario.
Al respecto, es un hecho el desembarco en la Corte de Jorge Baclini (exjefe del Ministerio Público de la Acusación, MPA) y Rubén Weder (exfiscal de Estado durante la gestión perottista). También se encamina hacia el tribunal supremo Margarita Zabalza (exsubsecretaria de Delitos Económicos en el gobierno de Miguel Lifschitz). Aunque su nominación seguirá bajo la lupa hasta pocas horas antes de la confección del pliego correspondiente.
En la Gobernación, donde persiste el malestar por la toma de estado público del nombre aportado por el socialismo (“Lo filtraron amigos de la candidata”, mascullan), no quieren dejar deuda por saldar respecto del perfil de la hija Juan Carlos Zabalza, histórico dirigente del PS. Un caso por cerrar en cuestión de horas.
De cara a un 2025 que, en Santa Fe, estará minado de citas en las urnas (comicios locales, a convencional constituyentes y nacionales), y con el objetivo de desplazar al PJ de la polarización con Unidos —donde todos los caminos conducen a un Pullaro cabeza de lista—, la dirigencia libertaria pidió a la Justicia que frene el proceso de reforma de la Carta Magna. Lo hizo mediante un amparo en el que objeta la validez de varios artículos de la norma que declara la necesidad de modificar el máximo estatuto.
La presentación, firmada por el diputado nacional y primer candidato a constituyente de LLA, Nicolás Mayoraz, y su par de lista y apoderado de La Libertad Avanza de Santa Fe, Marcos Peyrano, direcciona sus reparos al articulado de la reforma y el modo de selección de una parte de los futuros convencionales.
Mientras algunos constitucionalistas advierten sobre una supuesta debilidad argumental del amparo (y la Fiscalía de Estado provincial prepara su respuesta), en Unidos vinculan el planteo de LLA a una mera necesidad de posicionarse para las elecciones del 13 de abril próximo. “Cuestionan la ley de necesidad cuando están empezando la campaña para la misma reforma de la Carta Magna. Es de locos”, comentan —por lo bajo— en la vereda oficialista.
Pero el menú electoral para la Constituyente ofrece otro plato fuerte: Amalia Granata. Descartada la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza, la diputada provincial (Somos Vida) encabezará su propia lista de aspirantes a convencional. Y prometió “sorpresas” en el team celeste.
Paralelamente, la UCR santafesina ratificó su sintonía con Unidos y delegó en tres dirigentes, Fabián Bastia, Felipe Michlig y Carlos Suárez, la negociación dentro de la coalición de gobierno de la grilla de candidatos a constituyente.
El centenario partido también le dio luz verde a la ampliación de Unidos a través de la incorporación de dos nuevos espacios políticos: Hacemos, que promueve la peronista Claudia Giaccone —hoy funcionaria de Pullaro— y Humanos (que agrupa a exreferentes de la Coalición Cívica, CC).
El peronismo santafesino, en tanto, continúa tratando de unir la mayor cantidad de piezas posible: el sector de los senadores provinciales —hoy al mando del partido—, La Corriente + y La Cámpora no pegaron el portazo y ya trabajan, junto al espacio de los intendentes y jefes comunales y el Frente Renovador (FR), en una síntesis para los comicios a convencional.
Con el perottismo y Activemos (sector lanzado por el senador nacional Marcelo Lewandowski) jugando por fuera de la estructura justicialista, y Unidos y La Libertad Avanza en vías de monopolizar la contienda, no será nada fácil disputar el partido con la casaca oficial del PJ.
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