En el estudio de procesos históricos estructurales de Perú, uno encuentra coyunturas en las que emergen de manera inequívoca, esas grandes tendencias que fluyen desde abajo. Desde consistencias sociales, políticas, culturales, económicas y de las mentalidades. Son corrientes casi indetenibles. Como esos huaicos andinos que anunciaban los Amarus míticos, presentes en la heráldica andina, como también en la memoria oral plebeya. Como esas crecidas que salen a flote, lo que también hacen es diluir y hasta pulverizar la espuma de la historia, para citar a Fernand Braudel, el gran historiador francés de larga duración. De pronto, los actores colectivos antagónicos de una época, y con ellos, sus fantasías y pesadillas atávicas, quiéranlo o no, deben verse frente a frente.
“En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia: que nada puede ser injusto” Thomás Hobbes “En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia: que nada puede ser injusto” Thomás Hobbes
La actual crisis que poco a poco parece ganar a nuevos actores en diferentes territorios del Perú, no tiene una fecha exacta de origen si se la piensa desde el corto plazo. Puede ser la caída de Castillo, o antes, los intentos de vacancia que desde el Congreso, fueron arrojando del poder, hasta seis presidentes en poco menos de un lustro. Todo un récord histórico. También se puede atribuir a la ingobernabilidad, y al enfrentamiento de más de una década sobre los hombros de los electores y la ciudadanía, entre ejecutivo y legislativo, como caldo de cultivo de las protestas y de la rabia. Ha sido razón suficiente entre los movilizados para patear el tablero. Al centralismo, la corrupción, a la prensa farisea, en fin, a tantas anomalías del día a día y que la población venía contemplando rechinando los dientes. Todo cuenta.
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Los manifestantes buscan elecciones inmediatas, la renuncia de Dina Boluarte, la liberación del derrocado presidente Pedro Castillo y justicia para los manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía.
Foto: Martin Mejía / AP
Hay que reconocer que ha estallado un desborde popular de dimensión nacional, en medio de una crisis de Estado de proporciones estructurales. La legitimidad del actual régimen cada día que pasa se va haciendo trizas desde la periferia. La respuesta de las protestas, a esa soberanía que hoy reclaman las balas y la represión, irá in crescendo, pues todo indica que ya está emergiendo un nuevo sentido común. Un tejido ideológico que cuestiona en el discurso y en estos actos desafiantes que contemplamos, que el Estado, la Nación y la República, hasta ahora solo han beneficiado a pequeñas minorías citadinas. No es que estos estallidos sociales sean el fuego purificador de décadas y décadas de anomia social y de hartazgo político. Y sin embargo, ya se ha marcado un punto de no retorno. Para bien o para mal de los movilizados, y del país entero.
Un aspecto importante es la reforma electoral de 1980, que otorgó el derecho al sufragio a la población analfabeta, que había sido excluida del voto desde 1895. Casi un siglo de silencio político de parte de estos grupos sociales marginados y básicamente habitantes de las áreas rurales más empobrecidas del país. Se trata de un imaginario político inédito visto desde la larga duración. El desembalse de demandas entre estos sectores vía la gran revolución de las comunicaciones, ha instalado una intersubjetividad casi disidente y sumamente desconfiada hacia el sistema público estatal, y a sus instituciones.
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Manifestantes con carteles que muestran imágenes de los más de 60 muertos durante los enfrentamientos con la policía y el ejército.
Foto: Martín Mejia / AP
Por otro lado, por las decisiones del gobierno, es muy visible la militarización del régimen, y con ello, criminalizar las protestas y concebirlas como parte de una gran conspiración. Estas teorías no hacen sino reactualizar la época del terrorismo que vivió el país entre los 80 y 90 del siglo pasado. Con toda la carga simbólica que supone esta operación ideológica. Esto es, poner en movimiento miedos sociales, intolerancia hacia el “otro” y estimular el racismo encubierto que existe. Pero tampoco se puede afirmar que no existan algunos agitadores y vándalos, confundidos entre los que protestan legítimamente, o esa policía de mala reputación, llamada los ternas, que se infiltran entre los que protestan pacíficamente, para producir desmanes y atrocidades que después son adjudicadas al pueblo movilizado.
No se puede obviar que los territorios convulsionados presentan una contradicción dramática. Centros de producción para la exportación de minerales y la agroindustria, que son las fuentes de acumulación más importantes en las últimas tres décadas, y de otro lado, pueblos y localidades de extrema pobreza y donde la presencia del Estado es mínima en servicios básicos de salud, educación y vivienda. Su contraparte es la emergencia de cierta racionalidad crítica que recorre a todos estos grupos sociales menos favorecidos justamente por el modelo económico impuesto. De ahí que la demanda por una nueva Constitución sea uno de los reclamos no negociables. Los pobres ya no emiten cheques en blanco.
Lo cierto es que todas las formas de impugnar y cuestionar la legitimidad del Estado peruano y el actual ordenamiento político vigente, están a la orden del día. Desde el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, la prostitución, el contrabando, la deforestación o la minería ilegal; y que cuentan además con ingentes recursos económicos, capaces de ponerse del lado y financiar a cualquier aventurero o aspirante a la representación política. Todas las formas de violencia se han desatado con furia y han desbordado aún a las manifestaciones pacíficas y ordenadas. Es inevitable la presencia de grupos violentistas, quizás algún rezago de la época de la guerra interna y del terrorismo, o el aprovechamiento político de este recuerdo aprovechado de mala manera por las fuerzas del orden para culpar a los indignados, pero quizás lo más peligroso, sea que, al calor de las movilizaciones, emerjan acciones violentas que se conviertan en “alternativa” para resolver las aspiraciones postergadas de los sectores plebeyos urbanos y rurales.
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Un manifestante corre para atrapar un bote de gas lacrimógeno lanzado por la policía, otros huyen del lugar corriendo.
Foto: Martin Mejía / AP
Es una paradoja que en el contexto de la conmemoración del Bicentenario del establecimiento del Estado republicano (1823 -2023), estemos siendo testigos de sus fracturas y fisuras estructurales. De sus carencias y límites, en un país donde coexisten naciones y grupos étnicos diversos y dispersos, y que ahora enfrentan a la hegemonía del grupo dominante. Somos ahora un país donde cualquier visitante extranjero puede contemplar absorto la diversidad y riqueza cultural de un lado, y las abismales diferencias sociales por el otro.
El tiempo de plagas que vive el Perú actualmente, dará lugar a una sociedad y una cultura política muy diferente. No hay vuelta atrás. Y si se sigue la trayectoria y la historia de este tipo de enfrentamientos entre Estado y sociedad, el desenlace será una derrota más de los movimientos sociales democratizadores. O tal vez, excepcionalmente, en un arrebato de dignidad, las mayorías sociales del país, impongan una reforma radical de la gobernabilidad republicana.
(*) Gustavo Montoya es historiador y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) e investigador independiente. Ha realizado diversas publicaciones como Narrativas históricas en conflicto. La independencia del Perú (1808 – 1824), La independencia del Perú y el fantasma de la revolución, La independencia controlada. Guerra, gobierno y revolución en los andes y Primer gobierno patriota. La independencia de Tarma 1820…
