El gobierno aprobó la reforma laboral pero la oposición advierte posible costo político y social si no tiene efectos en el empleo y economía. Los antecedentes
Por Facundo Borrego
Milei y un antecedente que puede tener costos
La reforma laboral será un punto de inflexión en el ciclo de Javier Milei. Si termina teniendo rebote en el empleo y la actividad económica será la ley de su mandato y nadie lo parará, sino puede terminar siendo el mármol donde se escriba su destino.
Hay dos temas sensibles en la Argentina: jubilados y trabajo. La historia reciente sirve como recordatorio de que las reformas en estas áreas pueden transformarse en detonantes de malestar si no cumplen con las expectativas de bienestar social prometidas.
Recortarle a los jubilados y pensionados ya salió mal dos veces. Una en el 2001, cuando la Alianza empezaba a naufragar y manoteaba de todos lados para bajar el déficit, le recortaron el 13%. Se lo recuerda aún hoy a la senadora oficialista y promotora de la ley, Patricia Bullrich, por entonces ministra de Trabajo.
El otro episodio similar a compararse fue la reforma previsional de diciembre de 2017 durante el mandato de Mauricio Macri. Fue una victoria legislativa que terminó desinflada por la dura resistencia y todo lo que vino luego. Lo particular es que Macri venía de ganar muy cómodo las elecciones intermedias y fortalecerse.
Lo mismo sucedió con la Alianza en mayo del 2000, a solo cinco meses de haber ganado las presidenciales, cuando aprobó la ley laboral. La conocida Ley Banelco fue un escándalo de pago de sobornos que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Ese día inició la crisis institucional que explotó más tarde.
La reforma laboral aprobada el pasado viernes también se da en tiempos en que el apoyo al presidente Milei es sostenido con una victoria legislativa con apenas cuatro meses. En todos esos casos mencionados, el efecto se activó a la larga.
Para ser prudentes y no agoreros, la ley tiene el beneficio de la duda y serán los resultados prácticos, como también la eventual percepción de pérdida de derechos básicos, los que validarán o condenarán.
El gobierno y los espacios que apoyaron la reforma ataron parte de su crédito a que el empleo crezca y se genere un crecimiento real de la economía. Sobre todo en momentos que esos dos índices son problemáticos con una sangría de pymes y un escenario laboral preocupante aunque con ciertos aspectos macroeconómicos estables.
Sin esos repuntes, el régimen laboral aprobado será un costo político que explote en el tiempo. “Acordate, no la van a sacar gratis, la gente se acuerda”, avisa a La Capital un experimentado peronista.
El rosarino Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, se sumó al razonamiento en LT8: “Los procesos de maduración de los posicionamientos de la gente son diversos. Irá madurando un fuerte cambio de posición, no solo en contra de la reforma laboral, sino del gobierno que la impulsó y de los espacios políticos que lo apoyaron”. En simples palabras, la ficha cae a la larga.
En los últimos días hubo mucha negociación de parte del gobierno para aprobar sí o sí la ley. Lo logró a la fuerza porque es una ley con evidentes flaquezas. En especial el Fondo de Indemnizaciones, el llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que no terminó de convencer incluso a muchos que lo votaron.
Por ejemplo, en el gobierno santafesino, que tiene injerencia en el bloque Provincias Unidas, había muchas dudas al respecto. Finalmente, la exvicegobernadora Gisela Scaglia de Provincias Unidas votó a favor de la ley y el título en particular, al igual que José Núñez también del Pro.
También dieron apoyo al sentarse cuando cerca de las 21 del jueves el peronismo aprovechó que no estaba garantizado el número y pidieron una moción de orden a propósito para que hacer caer la sesión. Una avivada inconsulta. En el video se puede ver cómo muchos legisladores, que habían parado a cenar, volvían con prisa. "Masticando y al trote volvieron", contó maliciosamente uno de los presentes.
Scaglia entendió necesario argumentar en su cuenta de X su votación y hasta contestó a quienes le reclamaban en esa misma publicación. “Cuando recorremos la provincia (las industrias de Santa Fe) nos piden con claridad una reforma laboral que dé garantías para crecer, incorporar trabajadores y no vivir con el riesgo permanente de un juicio que los ponga al borde del cierre”.
La pregunta es si alcanza con bajar la litigiosidad y si ésta puede ser el motor de una reforma laboral. Los sectores industriales santafesinos piensan más en que haya mejor crédito antes que mejores condiciones para despedir.
El gobierno de Maximiliano Pullaro apoyó abiertamente la ley convencido que le daría un empujón necesario a las pymes y así dinamizarse el empleo y la economía. Hasta no se resistió al capítulo que bajaba Ganancias que comería una porción de coparticipación. En unos meses la rueda debería moverse para que el supuesto beneficio a las pymes no haya sido solo una justificación legislativa o un mal cálculo.
Ahora bien, en caso de que la ley sea el germen del malestar no quiere decir que Milei esté fuera de nada. Mientras no haya una opción delante, nada se moverá. El peronismo dijo que cuando asuma derogará la ley, hoy una utopía, pero apuesta a la larga al mencionado desgaste.
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