La Argentina acaba de rubricar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), conocido como Facilidades Extendidas. Esto implica una serie de desembolsos para abonar el acuerdo anterior –Stand By-, firmado por Mauricio Macri, que se encuentra investigado por la Justicia ante una serie de demandas. El nuevo acuerdo supone una refinanciación que convalida al anterior mediante el pago, a pesar de sus diversas anomalías, entre las que destacan el elevado valor absoluto y relativo del préstamo, pasando por alto los requerimientos para un acceso tan elevado, y su uso para financiar la fuga de capitales. Con todo, el nuevo acuerdo implica el acceso a alrededor de 45.000 millones de dólares, sujetos a revisión trimestral del organismo, durante los siguientes dos años y medio.
Christine Lagarde y Mauricio Macri en Nueva York 2018
Foto: NA.
Los sobrecargos del FMI
Los sobrecargos son comisiones que el FMI cobra por encima de la tasa de interés correspondiente al acuerdo, aplicada a los países que requieren acuerdos que exceden en el monto a la cuota que les corresponde según su participación accionaria en el organismo. Los sobrecargos dependen del volumen del crédito acordado y el tiempo otorgado para reembolsarlo. Cada país integrante del FMI tiene una cuota de aportes que le otorga derecho al acceso a determinada cantidad de fondos en caso de realizar un acuerdo. Cuando el acuerdo excede el 187,5% de la cuota asignada, los sobrecargos suponen una suba de 200 puntos básicos por encima de los intereses. Si la devolución del préstamo supera los 36 meses o los 51 meses (dependiendo del tipo de crédito), se aplica un adicional de 100 puntos básicos más.
Según el propio FMI, los sobrecargos buscan desincentivar la toma de deuda en exceso. Los pagos de estos sobrecargos son utilizados con fines precautorios como parte de la política de manejo ante el riesgo del organismo. Es decir, buscan reducir la exposición del Fondo ante el riesgo de impago. De hecho, fueron creados en 1997 como respuesta a la creciente demanda de créditos al organismo por parte de la periferia mundial. La idea fue que el mayor costo incentivaría a requerir menos fondos y devolverlos antes.
Esta política sólo aplica a los países de ingresos medios y altos, que obtienen sus créditos de los recursos generales del Fondo. Los países más pobres reciben financiamiento a través de líneas de crédito en términos concesionales para la reducción de la pobreza, que no son alcanzados por los sobrecargos. Esto forma parte de una gran distinción que hace el organismo entre países pobres y de ingreso medio. Por ejemplo, solo los primeros han sido alcanzados por políticas de alivio de deuda durante la pandemia, que recibieron una reducción total de apenas 727 millones de dólares. Los países de ingresos medios solo podían optar por una suspensión de los servicios de deuda, que muchos evitaron aceptar pues suponían que podía ser tomado como una señal negativa en los mercados de capitales: el reconocimiento expreso de no poder pagar a tiempo las deudas. Los países de ingresos medios son así discriminados, por quedar excluidos de políticas de alivio y al mismo tiempo tener que soportar el peso de los sobrecargos.
Para finales de 2021, el FMI tenía créditos de recursos generales con 52 países, de los cuales 14 superaban el 187,5% de la cuota, que los hacía estar afectados por los sobrecargos. Esos países eran, en orden del uso de la cuota, Argentina, Ecuador, Egipto, Angola, Ucrania, Mongolia, Gabón, Túnez, Barbados, Albania, Jordania, Pakistán, Armenia y Georgia. Todos estos países tenían sobrecargos por créditos pactados antes de la pandemia, y en 5 casos era por programas ya ejecutados (Albania, Georgia, Túnez, Egipto y Mongolia). El pago de sobrecargos supuso la pérdida de fondos disponibles para lidiar con la pandemia en una situación de crisis mundial sin precedentes en un siglo.
Néstor Kirchner anuncia la cancelación total de la deuda con el FMI. Detrás a la izquierda, el ex gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota (15/12/2005)
Foto: José Manuel Fernández / Télam
Según la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), estos 14 países pagarán entre 2021 y 2028 un estimado de 7.900 millones de dólares por sobrecargos, lo que explica un aumento del 64% de los costos de los préstamos del Fondo. Esta cifra es casi diez veces más de lo destinado por Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Japón para fondear el Fideicomiso de Contención de Catástrofes, con el cual se conceden alivios de deuda a países pobres. Estos países ricos apenas proveyeron el equivalente a apenas 851 millones de dólares para lidiar con la crisis. De modo que los países sobreendeudados de ingresos medios fortalecen más al FMI para lidiar con la situación de países pobres endeudados, en términos comparados y absolutos, que los países ricos. Ciertamente, no parece una situación equitativa.
A pesar de su sesgo procíclico e injusto, el sistema de sobrecargos no había recibido gran atención hasta tiempos recientes. Kevin Gallagher, del Centro de Políticas para el Desarrollo Global, de la Universidad de Boston, acertó en llamar la atención sobre este punto. A mediados de 2021, señaló la inconsistencia de aplicar estos cargos a países atravesando crisis. Organizaciones de la sociedad civil tomaron el tema para ponerlo en agenda pública, puesto que sus efectos se magnificaron durante la pandemia: por ejemplo, los pagos de sobrecargos de la Argentina entre 2018 y 2023 eran 9 veces superiores a lo que el Estado necesitaba para vacunar a toda su población contra la COVID-19.
De hecho, producto del acuerdo firmado por Macri en 2018, que llegó a requerir desembolsos equivalentes al 960% de su cuota, Argentina pagaría entre 2021 y 2026 unos 4.096 millones de dólares de sobrecargos, que superan a los 3.642 millones de cargos y comisiones del crédito. Es decir, más que duplican el costo el acuerdo: lo elevan en un 113%. Los sobrecargos que paga la Argentina equivalen a más de la mitad de los que el Fondo prevé cobrar en este período.
Sobrecargos en debate
La asamblea del Grupo de los 20 que sesionó en Roma en octubre del 2021 incluyó en su comunicado final el pedido de una mayor discusión sobre la política de recargos del FMI. Esta declaración fue apoyada por la Directora del organismo, Kristalina Georgieva. Sin embargo, en su reunión de diciembre de ese mismo año, el Directorio del FMI postergó esta discusión, debido a la oposición de Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá. Según argumentaron, incluso con estos recargos, los créditos del FMI son especialmente baratos, y sirven como tope para evitar riesgos mayores.
Sin embargo, lo cierto es que los países evitan tomar mayor deuda con el FMI, debido a que las menores tasas cobradas respecto del mercado son acompañadas por una fuerte dosis de vigilancia y condicionalidades sobe las políticas económicas. De modo que lo ahorrado en tasas es más que compensado por pérdida de soberanía. Los países no se sobre-endeudan con el FMI porque sea barato, sino porque se encuentran en crisis. E incluso cuando recurren al FMI, los países tratan de evitar entrar en cesación de pagos con el organismo, debido a los altos costos de reputación que tal situación acarrea: sin el aval del organismo, se pierde acceso a fondos de otros organismos internacionales y el crédito privado se encarece a niveles privativos. Lo que resulta más extraño aún, el propio FMI se concibe a sí mismo como un acreedor privilegiado –aunque esto no tenga una fuente jurídica clara-, de modo que la posibilidad de impago es tomada como una medida extraordinaria y atípica incluso en caso de crisis. ¿Por qué cobrar sobrecargos para protegerse del riesgo cuando el propio organismo señala que está protegido para cobrar?
Recientemente, un conjunto de más de 150 organizaciones de todo el mundo han publicado una carta abierta pidiendo la eliminación de los sobrecargos. Argumentan que son especialmente crueles y contraproducentes, por afectar desproporcionadamente a países atravesando crisis de deuda. Señalan que las mismas violan la misión fundamental del Fondo, de “proporcionar financiamiento temporal a los países sin recurrir a medidas perjudiciales para la prosperidad nacional o internacional”. Tal como señaló el Experto Independiente (EI) de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos (2014-2020), Juan Pablo Bohoslavsky, el uso de sobrecargos viola el derecho internacional de los derechos humanos, por suponer un trato no equitativo sin razón legítima, afectando la capacidad fiscal de los países deudores para cumplir con sus obligaciones en la materia. Se trata de una carga injusta que afecta a los países en situación de vulnerabilidad.
Incluso más, los sobrecargos son procíclicos y regresivos. Al recargar a los países que ya están en crisis de deuda, incrementan la intensidad del problema en lugar de resolverlo. Esto obliga a los países que están en dificultades económicas a dirigir esfuerzos para atender deuda en lugar de aprovechar sus magros recursos para combatir la propia crisis o sus efectos en materia de ingresos, salud, educación o laboral, por ejemplo.
La pandemia implicó una combinación de los problemas sanitarios con una severa crisis internacional. Tempranamente, en abril de 2020, el G20, el FMI y el Banco Mundial destacaron la necesidad de atender la potencial crisis de deuda en el mundo. Mediante diversas iniciativas, como la suspensión de los servicios y el marco común de negociación, buscaron atender esta potencial emergencia. Más allá de las deficiencias de estas iniciativas, lo relevante aquí es que se trata de una situación global, más allá de la especificidad argentina. La recuperación en curso sigue amenazada por la delicada situación de deuda, tal como lo reconocen los propios organismos. Aun así, a pesar de ello, continúan aplicando políticas injustas, procíclicas y crueles. Esta tozudez erosiona la legitimidad de los propios organismos, que se ven representados como defensores de intereses contrarios a los derechos humanos de los pueblos endeudados. Los sobrecargos parecen ser apenas otra muestra de esta política.
(*) Francisco Cantamutto es economista de la Universidad del Sur y doctor en Ciencias Sociales de FLACSO México. Trabaja como docente en la UNS e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del CONICET.
Recomendaciones del autor:
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Su carácter injusto y contraproducente
Su impacto en la recuperación
Organizaciones internacionales contra los sobrecargos
El peso de los sobrecargos en la Argentina
