Frente al aumento de los reclamos de afiliados que tuvieron que pagar adicionales para acceder a una consulta o atención médica, un grupo de obras sociales se reunió con autoridades de la Defensoría del Pueblo de la provincia para reclamar que se implemente la ley que prohíbe este tipo de prácticas. Según advierten desde el organismo, el cobro de plus en consultorios particulares o en clínicas y sanatorios tiene detrás una larga historia, pero se agudizó este último año como consecuencia de la crisis económica.
El cobro de adicionales para acceder a consultas, tratamientos o cirugías puede entenderse como la contracara de los problemas de financiación que atraviesan los servicios de salud. La semana pasada, autoridades de la Asociación Médica de Rosario advirtieron sobre el riesgo de cierre de algunos centros médicos, sobre todo pequeños consultorios, por "el deterioro de las condiciones de trabajo de médicas y médicos, debido al gran atraso en sus honorarios y a las demoras en los pagos por parte del sector financiador".
Al señalamiento se sumó también la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario desde donde se advirtió sobre los "bajísimos" aranceles médicos que abonan obras sociales y prepagas, lo que sumado a los efectos de la inflación constituye un "doble cóctel explosivo" para la salud privada. Como dato, aportaron que, en el país, el precio de la consulta médica es el más bajo de toda América latina.
Sin embargo, el cobro de sumas no previstos para la atención de salud se encuentra prohibido por una ley provincial. La norma lleva el número 13.731 e impide que los profesionales de la salud soliciten a sus pacientes un pago por encima de los aranceles acordados con obras sociales y servicios prepagos. El texto se acordó en la Legislatura en noviembre de 2017, pero su reglamentación llegó dos años después, poco tiempo antes del comienzo de la pandemia de coronavirus.
Finalizada la crisis sanitaria y a medida de que se retomaron prácticas médicas y cirugías programadas, el cobro de plus volvió al centro de la escena. Y, con este reclamo, un grupo de obras sociales se reunió con las autoridades de la Defensoría, organismo que tiene a su cargo la aplicación de la ley.
La semana pasada, referentes de la obra social de los empleados públicos provinciales (Iapos), Jerárquicos, Caja de Ingeniería, Concejo Profesional de Ciencias Económicas, Osde y Medifé, se reunieron con las autoridades de la Defensoría para conversar sobre la necesidad de realizar acciones en contra del cobro indebido de adicionales.
Según advirtieron, estos pagos "no se encuentran contemplados en los convenios vigentes con las distintas asociaciones", pero además representan un "flagelo para las personas que son víctimas de estas prácticas abusivas", tal como indicaron en un comunicado.
Un tema complejo
"Si bien el cobro de plus médico está casi naturalizado es ilegal", advirtió Lucía Gómez Iriondo, subdirectora de Nuevos Servicios y Competencias de la Defensoría. Aun así, consideró que se trata de un problema complejo "que merece un abordaje sincero por parte de todos los actores" ya que es necesario "tender al saneamiento del sistema, pero haciendo foco en las personas que no sólo tienen que lidiar con problemas de salud sino también afrontar los sinsabores del funcionamiento del sistema".
Para la funcionaria, "si existen desfasajes entre los distintos subsistemas que intervienen en el proceso de atención de salud (financiadores, asociaciones intermedias, prestadores) deben tomarse las medidas que permitan que el sistema sea viable" porque "el hilo no se puede cortar por lo más delgado", es decir el cobro a los pacientes.
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"Si el problema es el desfasaje por la inflación estaríamos pensando que el cobro de plus médico es un fenómeno actual, pero basta con googlear "plus médico Argentina" para entender que se trata de un fenómeno mucho más viejo y que se extiende por todo el país", destacó y repitió que el problema debe tener un abordaje "serio e interinstitucional, donde estén representados todos los actores que integran el sistema".
Hasta convocar a esa gran mesa, desde la Defensoría se comprometieron a realizar un estudio regional, para contemplar qué está pasando en cada una de las regiones de la provincia. La situación no es la misma en ciudades grandes como Rosario o Santa Fe que en localidades más pequeñas donde la oferta de profesionales es menor.
Además, reclamaron al Ministerio de Salud de la provincia para que cumpla con la difusión de la normativa, colocando carteles en todos los centros de salud que indiquen que el cobro de plus es ilegal, tal como lo exige la ley.
Un reclamo diario
Los profesionales del área de salud de la delegación Rosario de la Defensoría del Pueblo reciben permanentemente consultas o reclamos relacionados con el cobro de adicionales médicos. Generalmente, la pregunta llega en relación a intervenciones quirúrgicas cuando los montos suman varios ceros y se vuelven difíciles de afrontar. Los pagos por las consultas casi no se cuestionan.
El director de Atención a la Ciudadanía de Rosario, Leandro Piazza, consideró que "si bien el cobro de plus para prácticas médicas si es un reclamo habitual, hemos notado un incremento del mismo" y recalcó que la demanda de adicionales para la atención "es arbitraria, abusiva y de ninguna manera corresponde el cobro de plus".
Aun así, consideró lo más importante es trabajar en difusión y prevención, ya que muchas veces los expedientes se caen por la falta de pruebas que demuestren fehacientemente la exigencia de adicionales.
