Por como había arrancado el mes, los responsables de Vicentin auguraron que se venía un junio de festejos. El apoyo de los representantes locales de la banca extranjera a su propuesta de reestructuración parecía el paso previo a la confirmación de la venta a Viterra, ACA y Bunge, lo que suponía comenzar a ponerle punto final a la crisis de 2019. Todo cambió este lunes, cuando agentes judiciales se presentaron en Avellaneda y detuvieron al presidente del directorio Omar Scarel, generando un ruido que podría poner en riesgo los acuerdos en ciernes.
Para los referentes de la agroexportadora fue una verdadera sorpresa el operativo desplegado por el fiscal Sebastián Narvaja, que incluyó también allanamientos en las oficinas de Viterra en Puerto Norte. Sin embargo, una lectura más fina del propio expediente concursal -que se tramita en el juzgado de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini- permite inferir que el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) había dejado una señal, apenas una semana atrás.
Con fecha lunes 30 de mayo, Narvaja envió una nota a Lorenzini, en la que preguntaba si dentro del legajo concursal se habían notificado de las medidas cautelares dispuestas por la justicia penal de Rosario en septiembre y noviembre 2020. Sí, leyó bien: el fiscal le preguntó al juez si estaba formalmente en conocimiento de resoluciones efectuadas hace más de 500 días.
En esa misma misiva -que no fue la única enviada por el funcionario del MPA hacia el magistrado durante mayo-, también se mencionó un planteo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, fechado el pasado 10 de mayo. En un escrito dirigido a Lorenzini, el presidente del organismo lo alertó sobre que cualquier traspaso accionario debía serle notificado.
Evidentemente, ninguna de las epístolas fue tenida en cuenta por Vicentin, que se daba por ganadora, a punto tal que ya había comenzado a diagramar su estrategia de posicionamiento público de cara a la probable aceptación de los bancos internacionales. Estaba previsto que ello ocurriera la semana próxima, y en la concursada ya habían puesto a enfriar el champagne, que por ahora deberá esperar.
Scarel será llevado a audiencia imputativa en breve, a más tardar el jueves. Allí la Fiscalía buscará imputarlo por el delito de desobediencia, porque entienden que como responsable máximo de conducir Vicentin violó lo establecido por las cautelares dispuestas por la justicia penal a finales de 2020, que establecieron no innovar en todas sus participaciones accionarias.
Vicentin firmó junto a sus "socios estratégicos" una serie de documentos en los que se comprometió a vender su participación en Renova (empresa en la que actualmente es socia junto a Viterra), como parte del arreglo para solucionar su deuda en el concurso de acreedores. Sobre ese hecho trabajan los equipos del MPA, lo que para la compañía resulta una campaña de lawfare, porque la operación aún no fue realizada.
En su comunicado, la agroexportadora tildó de "injustificada, arbitraria y desmedida" la detención de Scarel, sobre el que se pedirá su prisión preventiva, argumentando peligrosidad procesal.
"El supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida (...) es absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas", indicó Vicentin.
