Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
Funcionarios provinciales podrían desfilar por la Legislatura para explicar los alcances del convenio.
Apenas caiga el telón del receso invernal, la Legislatura santafesina se meterá de lleno en la discusión por el cobro de la deuda histórica por coparticipación. Y posará la lupa sobre el controvertido acuerdo para financiar la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), usina del malestar opositor.
A principios de la semana pasada, oficialismo y oposición buscaron enfriar los ánimos y coincidieron en que la Legislatura será el escenario del análisis del convenio para financiar la Afip, que viene cumpliendo la mayoría de las provincias y es complementario al acuerdo con la Nación para el cobro de la deuda histórica por coparticipación.
En un marco de tensión, el gobernador Omar Perotti recibió en la Casa Gris al presidente de la Cámara baja provincial, el socialista Pablo Farías, quien días antes y en plena sesión había advertido que —en base al texto remitido por el Ejecutivo al cuerpo— el convenio por la Afip ya estaba firmado y, eventualmente, en ejecución.
Tras el cónclave, Perotti ratificó que enviará (una vez firmado) a la Legislatura el convenio para financiar la Afip y el titular de Diputadas y Diputados aseguró que el cuerpo lo analizará desde el punto de vista técnico.
El jefe de la Casa Gris garantizó también que los legisladores tendrán acceso a “todos los datos que requieran”. E insistió en que el acuerdo por la Afip va por un carril separado de la homologación del convenio para el cobro de la deuda histórica.
El acuerdo de la discordia determina que la Afip va a detraer el 1,9 por ciento por la liquidación de esa deuda de 151.800 millones de pesos que la Nación pagará a Santa Fe.
El convenio que cuestiona la oposición necesita la aprobación de las dos Cámaras por mayoría simple para quedar ratificado. Todavía se desconoce si el texto ingresará —posiblemente en la última semana de julio— por el Senado o Diputados.
Una vez que el acuerdo atraviese las puertas de la Legislatura, la oposición requerirá las presencias del ministro de Economía santafesino, Walter Agosto, y de autoridades de la Administración Provincial de Impuestos (API) para que pongan los números sobre la mesa. Es decir, que especifiquen cuáles serían los sectores alcanzados por la detracción de 1,9 por ciento y los montos supuestamente a recaudar.
La oposición (con mayoría en la Cámara baja) considera que Santa Fe no debe abonar ese porcentaje. “Hasta ahora, en Diputados hay luz roja. Veremos si los funcionarios aportan fundamentos serios. Tienen que asumir que hubo un condicionamiento a cambio de los bonos —que permitirán saldar la deuda histórica— y un afán recaudatorio en un contexto general que no da para más”, deslizaron a La Capital entre las bancas disidentes.
A través de un duro comunicado, el arco opositor santafesino (legisladores, intendentes y presidentes comunales) había planteado el miércoles la necesidad de “mejorar” el convenio “para que las decisiones futuras del Ejecutivo provincial no incrementen los daños, perjudicando aún más a la sociedad y, con ello, a los gobiernos locales”.
El documento advirtió también que el acuerdo, al que calificaron de “inconsulto” y “perjudicial para Santa Fe”, es ya un “hecho consumado” por la Casa Gris.
En ese contexto, la expectativa de los intendentes y presidentes comunales adquiere mayor dimensión en Rosario y Santa Fe, donde esperan recursos provenientes del nuevo convenio para utilizarlos en zonas críticas de esas ciudades.
De hecho, el intendente rosarino, Pablo Javkin, instó a “encontrar la forma” que permita asegurar que los recursos provenientes del cobro de la deuda histórica preserven su valor y lleguen a destino.
La comisión técnica de Diputadas y Diputados que estudia los diez proyectos de reforma de la Constitución santafesina ingresados a ese cuerpo legislativo tiene previsto cerrar en la última semana de julio un documento con 90 puntos de coincidencia.
El objetivo es presentar en los primeros días de agosto un escrito de consenso de cara a un eventual dictamen reformista. Tampoco se descarta una convocatoria multisectorial sobre la necesidad de modificar la Carta Magna provincial que incluya a la Casa Gris.
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