La incertidumbre vuelve al mercado y la Casa Rosada sondea apoyos. Los gobernadores, entre el juego propio y las urgencias. Pullaro administra conflictos con viejos y nuevos adversarios
Por Mariano D'Arrigo
El presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, el encargado de acercar posiciones con los gobernadores.
“Si son inteligentes, no la tienen difícil, pero si se pasan un pueblo, como suelen hacer, se les va a complicar”. La frase de uno de los principales dirigentes de Unidos sintetiza cómo ve la política el momento de Javier Milei: el presidente tiene condiciones favorables para avanzar en sus objetivos, pero depende de su habilidad política aprovechar una ventana de oportunidad que, con cada día que pasa, se va cerrando.
Las primeras semanas después del triunfo libertario en las legislativas trajeron euforia en los mercados y le permitieron a Milei pasar a la ofensiva. Un mes después del 26O, la espuma electoral empieza a bajar. Tanto en la city como en la política esperan definiciones. Y ahí aparecen las primeras señales amarillas.
Una nota de The Wall Street Journal sacudió el andamiaje financiero libertario. El diario con sede en Nueva York publicó que el JP Morgan y otros bancos de inversión desarmaron el paquete de ayuda a la Argentina por 20 mil millones de dólares. En todo caso, sería por 5 mil millones.
El dato corrió como pólvora en el mercado y empujó hacia arriba el riesgo país, que el viernes pasado superó los 650 puntos. El talón de Aquiles del modelo libertario sigue siendo la escasez de reservas. Los dólares no alcanzan para todos, y encima el Tesoro de Estados Unidos se sumó a la fila de acreedores privilegiados.
El presidente Javier Milei y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Lejos del fiscalismo esotérico de la escuela austríaca, Milei y Toto Caputo se resisten a acumular divisas y usan el dólar barato como sedante de la inflación. Es un atajo que calma el presente pero tensiona la sostenibilidad del programa, justo cuando el FMI reclama lo contrario.
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Una de las novedades políticas de la semana es que Karina Milei sumó a Caputo a la mesa política del gobierno. Así, controla la sustentabilidad económica de las promesas de Diego Santilli a los gobernadores y, al mismo tiempo, la hermanísima mantiene el timón de la construcción política. Con el Renaper de vuelta en el Ministerio del Interior, Santilli sigue con su tour federal. Sin Manuel Adorni —los ojos y oídos de Karina— en las visitas a las provincias, el exvicejefe de Gobierno porteño tiene más libertad para tejer acuerdos con los caciques locales.
De acá al primer trimestre del año próximo, los objetivos del gobierno son convertirse en primera minoría en Diputados, evitar sesiones incómodas en el Senado antes del recambio legislativo, aprobar el presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva. De la resolución de esas operaciones dependerá el futuro del gobierno libertario para los próximos dos años. Y para todas ellas necesita socios.
En el heterogéneo G20 que se sentó a la mesa de Milei en la semana siguiente a las elecciones conviven gobernadores de distintos signos políticos que, sin embargo, tienen algunos elementos en común. Con el declive de Cristina Kirchner y Mauricio Macri se sacaron de encima el tutelaje político, comparten el trazo grueso de las reformas que propone Milei y buena parte de su electorado banca al presidente.
El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca).
Más que la ideología, la diferencia que atraviesa a ese conjunto —peronistas disidentes, radicales por cuenta propia, posmacristas y provincialistas— es el estado de situación de las cuentas provinciales. Ese dato marca el nivel de dependencia del oxígeno financiero de la Casa Rosada y, por lo tanto, el margen real para negociar. Nadie quiere una pelea frontal con Milei, pero el que fija los términos de la relación es el presidente.
A esta altura, unos y otros tienen claro que Milei y Karina no piensan en términos de coalición. En construcción política siguen el manual de Juan Domingo Perón y de Néstor Kirchner. Del fundador del justicialismo tomaron el modelo de armado partidario: un movimiento liderado por una figura carismática que llega al poder de manera vertiginosa, que monta una estructura desde el Estado y luego busca darle cohesión a una fuerza compuesta por dirigentes de distintas extracciones. De Kirchner incorporaron la idea de hegemonizar y fragmentar, cooptando a grupos y referentes del viejo sistema. Una especie de neotransversalidad violeta, con La Libertad Avanza (LLA) como columna vertebral.
Como en 2024, Milei apuesta a que la presión de los votos discipline al resto de los sectores dialoguistas. Pero los gobernadores no quieren entregarse tan rápido ni tan barato. Su capacidad de resistencia depende de su espalda financiera.
Santa Fe, por caso, tiene una situación fiscal holgada. De hecho, es acreedora de la Nación, no deudora. “Nosotros venimos haciendo las cosas bien y no tenemos la urgencia de la escupidera nacional. Saben que cuando vengan tienen que traer algo debajo del brazo”, dice un miembro clave del gabinete de Maximiliano Pullaro.
La Casa Rosada debe a Santa Fe fondos jubilatorios, educativos y de infraestructura. En un escenario donde la Nación pretende ceder competencias más que fondos, a la provincia podría interesarle —además de la gestión de rutas— el control de los planes Procrear paralizados y de algunos terrenos federales.
El debut fallido de Provincias Unidas también lleva a que Pullaro revea su lugar en el escenario nacional. Aunque es el gobernador de la tercera provincia del país, tiene logros para mostrar, conecta con la época y pertenece a una nueva generación de gobernantes, después de las elecciones el proyecto federalista perdió atractivo y hoy no parece tener demanda en el mercado electoral.
El gobernador Maximiliano Pullaro y su par de Corrientes, Gustavo Valdés.
Pullaro tampoco será presidente de la UCR, pese a que se lo propusieron desde distintas tribus. Tiene más para perder que para ganar. Más allá del corazón alfonsinista, si encabezara el comité nacional tendría que instalarse uno o dos días por semana en Buenos Aires y someterse al internismo patológico del radicalismo, todo por una estructura balcanizada que, después del colapso del gobierno de Fernando de la Rúa, quedó reducida —en el mejor de los casos— a un partido consorte.
El que tiene más chances es Gustavo Valdés. El correntino logró que su hermano quede al frente de la Gobernación, fue el único de los mandatarios de Provincias Unidas que resistió la ola violeta, está liberado de la gestión diaria y plantea una postura equilibrada frente al gobierno de Milei: ni seguidismo ni oposición intransigente. “Si no es Valdés, es un problema”, reconoce un radical que conoce el paño.
La realidad santafesina, sin embargo, tira al gobernador al pago chico. Como un flashback, el segundo ataque en un mes contra Dylan Cantero y una serie de balaceras trajeron los peores fantasmas del pasado reciente de Rosario: un apellido célebre, una lluvia de balas en la periferia y el riesgo de una espiral de violencia. Pero esta vez la historia puede ser diferente. Lejos del derrotismo y la pasividad de otras épocas, las autoridades actuaron rápido y detuvieron a siete personas en 53 allanamientos.
Varios cambios iniciados en diciembre de 2023 hacen más difícil que se desate una guerra narco como la que azotó a la ciudad doce años atrás, después del asesinato del Pájaro Cantero. El Estado recuperó presencia en el territorio; los cabecillas de las bandas están tras las rejas y con poco margen para manejar a control remoto a sus organizaciones; y el Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) actúan de manera coordinada. De todos modos, la batalla nunca está ganada de manera definitiva.
El gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, y la titular del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.
A la par de enfrentar los problemas que estallan, la gestión Pullaro busca desactivarlos. En esa línea va el aumento del 3,8 % a los empleados públicos de la provincia. El gobierno lo hace de manera unilateral y sin reabrir la paritaria, pero subyace un reconocimiento del costo político y electoral que dejó la pulseada con los gremios estatales, sobre todo los docentes.
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El nuevo orden también se dirime en el vértice del Poder Judicial. La jubilación de Eduardo Bordas, el histórico secretario de Gobierno de la Corte Suprema, acelera la transición en el máximo tribunal. La Casa Gris hizo saber que, si la permanencia de quien manejó durante casi tres décadas los recursos de la Corte se dilataba, podía construirse una mayoría para removerlo.
Al igual que Eduardo Spuler, quien anunció su retiro para septiembre, Bordas puso fecha para abril. Con plazos tan largos, ambos buscan ordenar su retirada, conservar alguna influencia y, sobre todo, mandar el mensaje de que los tiempos los manejan ellos. ¿Hubieran hecho lo mismo si Provincias Unidas ganaba la intermedia?
Por lo pronto, el gobierno de Pullaro quiere completar el recambio en el tribunal. Esta semana, legisladores de Unidos presentarán un pedido de informes para que la Casa Gris indique cuáles son sus planes para renovar la Corte. El verdadero destinatario no es el Ejecutivo sino la Justicia.
La pareja fue sorprendida por la tripulación en el sector de primera clase y quedó bajo investigación por exhibiciones obscenas. La causa judicial pasará a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual y podría cerrarse con medidas alternativas.
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