Por Mariano D'Arrigo
En medio de la polémica por manejos desprolijos en la Dirección de Tránsito, el intendente Pablo Javkin trajo al debate público la palabra “politiquería”. Una disputa de poder con malas artes, una deformación de la verdadera política. Sin embargo, en todos los niveles de la escena pública el límite que separa la pulseada de ideas, intereses y proyectos de la ventaja de corto plazo -cuando no, el puro carancheo- aparece difuso.
En su defensa de la secretaria de Control de Rosario, Carolina Labayru, Javkin también habló de mugre. Justamente, esta semana los recolectores de residuos lanzaron un paro, hartos de los robos que sufren todos los días.
Es sólo una muestra de un tejido social que se viene deshilachando desde hace décadas. Y que tiene como caras más extremas el caso del policía Gabriel Sanabria, que recibió entre ocho y diez balazos durante un control de tránsito en zona sur y que al cierre de esta edición se encontraba en grave estado en el Heca.
Lejos de ser una cuestión meramente técnica, la discusión sobre si el narcomenudeo sigue en la Justicia federal o, como propusieron el senador radical Lisandro Enrico y el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, pasa a la órbita provincial, toca nervios sensibles del poder.
Con miradas diferentes en casi todos los temas, los supremos Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta convergieron en el rechazo. Entrevistado en Rosario/12, el fiscal Luis Schiappa Pietra también planteó que la desfederalización “no soluciona ningún problema”.
Por el contrario, otras voces dentro del MPA creen que podría ser un giro positivo. “Sería interesante que la Justicia federal se encargue del narcotráfico a gran escala y nosotros investiguemos en forma integral a las bandas, que son las que generan la violencia en la ciudad”, deslizan.
Sin el despliegue de todos los fierros del Estado -servicios públicos, urbanización, pero también presencia de las fuerzas de seguridad- y un trabajo sostenido en el tiempo todas las medidas serán, en el mejor de los casos, simples parches.
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, se pronunció en contra la desfederalización del delito de narcomenudeo. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
No es nuevo. Históricamente, las crisis abonan el terreno para consignas voluntaristas -alcanza cambiar el signo político del gobierno para resolver el problema- o directamente demagógicas. En el caso de la seguridad, militarizar la ciudad.
En ese contexto, un sobregirado Javier Milei defiende el libre acceso a las armas, como si fuera un mercado más. El timing no podía ser peor: planteó su postura pocas horas después de la masacre en una escuela de Texas que dejó 19 niños y dos profesoras muertas. Incapaz la Argentina de saldar cuestiones del siglo XX, como cuál es su modelo productivo, el diputado de La Libertad Avanza se cuelga de las agujas del reloj de la historia y pretende volver a un tópico del siglo XIX: el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado.
Más que el profeta de la conversión de la aún estatista sociedad argentina al liberalismo sunnita, Milei es el martillo que encuentra un sector creciente de la sociedad para golpear a una dirigencia que no sólo no da respuestas a los problemas sociales, sino que también invierte demasiada energía en la pequeña política: actos, fotos e intrigas palaciegas.
Entusiasmada con la oportunidad que le abre la historia, la UCR montó una escenario para mostrarse unida y mandar un mensaje hacia el PRO. Con los hermanos Manes en un lugar central -Gastón como titular de la convención nacional y Facundo lanzado a la carrera para la Casa Rosada- el radicalismo agrandó su combo y agregó a su anclaje territorial y representación legislativa un candidato presidencial competitivo. En un gesto hacia el futuro, el neurocientífico subió una foto con Carolina Losada, una figura codiciada para completar una fórmula presidencial.
Con miradas opuestas sobre la emergencia de la derecha dura de Milei, Macri y un grupo de radicales sí coinciden en que podría ser negocio romper Juntos por el Cambio y armar una coalición más chica, pero más homogénea ideológicamente.
Ese escenario, del que nadie quiere aparecer el autor intelectual o material, depende del divorcio formal del Frente de Todos. Una posibilidad siempre latente, pero que todavía no se concreta.
“Cuando veo el albertismo me quiero hacer de La Cámpora, pero cuando veo a La Cámpora me vuelvo a hacer albertista”, grafica un dirigente de una tribu que juega con el presidente.
Quienes tienen línea abierta con las principales terminales e intentan acercar posiciones observan a ambos Fernández encerrados en su propia fortaleza. Y alertan que el tiempo para corregir el rumbo antes de 2023 -sobre todo, recomponer algo del poder adquisitivo de los salarios- se agota.
El reloj de arena también corre en Santa Fe. Y a medida que el 2023 se ve más nítido en el horizonte, se acerca el tiempo de definiciones. Por ejemplo, La Corriente debatirá en los próximos dos o tres meses si jugará por adentro del PJ o armará un nuevo espacio. La segunda opción es más costosa en lo inmediato pero, creen algunos dirigentes, podría dar sus frutos en el mediano plazo.
Referentes de centroizquierda y de izquierda participaron de una charla que organizó la corriente socialista Bases
En el espacio de Agustín Rossi imaginan como potenciales socios a Ciudad Futura y al Frente Social y Popular de Carlos del Frade, que participaron esta semana junto a otros dirigentes de centroizquierda de la actividad que armó en Empleados de Comercio la corriente socialista Bases. Aunque para construir un nuevo frente -o un “movimiento de movimientos”, como dijo la concejala Caren Tepp- falta un larguísimo trecho, la charla sirvió para mostrar que hay vida más allá del Frente de Todos y del frente a la santafesina que busca enhebrar la UCR con el PS, el PRO y el javkinismo.
Al mismo tiempo que se aceleran las definiciones electorales, otras decisiones clave se traban.
Por ejemplo, cada día que pasa cada las vacantes en la Justicia son más difíciles de cubrir. “Si el Ejecutivo no se apura los pliegos no se aprueban más”, advierten desde el propio peronismo en la Legislatura.
Hace exactamente un mes, el Ejecutivo retiró durante la misma Asamblea Legislativa diez pliegos que debían tratarse -de los cuales, seis iban a ser aprobados- y recalentó la relación con los diputados y los senadores.
Pero también en la Justicia observan que la relación entre la Casa Gris y la Legislatura está empantanada. En el Poder Judicial tienen en mente una fecha clave: en abril vence el mandato de Baclini, que asumió en 2017. La ley del MPA establece que el fiscal general cesará automáticamente en su cargo por el mero vencimiento del plazo de su designación. Ante esto, señalan desde el organismo, legisladores trabajan en una modificación a la norma para que la jefatura de los fiscales provinciales no quede acéfala. Salvo que surja un nombre de consenso, que todavía no aparece.
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