Por Javier Felcaro
La Casa Gris tiene decidido no retirar los pliegos de los 36 aspirantes a jueces de Pequeñas Causas, cuya validación en Asamblea Legislativa está prevista para el 24 de noviembre próximo, pese al pedido realizado por un grupo de diputados provinciales y la denuncia pública de un sector del radicalismo sobre un supuesto “contubernio” entre el Ejecutivo santafesino y el socialismo para ocupar esos cargos.
Frente a la nueva turbulencia institucional, la administración de Omar Perotti, según deslizaron a La Capital en los pasillos de la Gobernación, advirtió que “no hay razones para retirar” los pliegos de los 36 postulantes a los Juzgados de Pequeñas Causas.
Al respecto, destacaron que el proceso está ajustado al marco reglamentario vigente y recordaron que, de existir alguna objeción, se puede realizar la impugnación correspondiente (hasta el momento, afirmaron, hay una sola).
También sintonizaron con el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, quien el lunes pasado había atribuido la arremetida de los legisladores de la oposición a las pujas políticas de cara a un año electoral.
Al salir al cruce de las críticas lanzadas por los diputados acerca de los concursos para cubrir las 36 vacantes de jueces comunitarios, Somaglia también reivindicó el proceso de selección de aspirantes que realizó al Casa Gris.
Sobre el caso de los magistrados comunitarios, rememoró que la terna elegida por los jurados “es vinculante para el gobernador”. Es decir: si pretende incluir otro nombre, “sólo puede hacerlo mediante un decreto que lo justifique, algo que no ocurrió” en esta oportunidad.
No obstante, el diputado provincial Fabián Palo Oliver volvió a cargar las tintas sobre el secretario de Justicia provincial. “Miente deliberadamente o desconoce la normativa”, aseguró vía Twitter.
Oliver insistió en que el proceso “no garantizó trato igualitario entre postulantes ni el cumplimiento del derecho constitucional a impugnar o hacer observaciones, y tampoco se publicaron las calificaciones”.
El legislador también recordó: “De los 36 pliegos, identificamos a 19 que tienen vinculación con la política. Los concursantes pueden ser militantes porque, jurídicamente, no hay incompatibilidad. Pero esos militantes tuvieron un favoritismo muy grande”.
Una semana atrás, el escenario parlamentario se vio sacudido cuando el sector de la UCR que lidera el diputado provincial Maximiliano Pullaro acusó al bloque del Partido Socialista (PS) en la Cámara baja de haber pactado con Perotti para cubrir cargos en la Justicia.
En ese marco, los diputados provinciales Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura), Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Rubén Giustiniani (Igualdad) y Palo Oliver pidieron por nota a la Gobernación el retiro de los pliegos elevados a la Legislatura.
A su vez, Juntos por el Cambio (JxC) de Santa Fe habló de “groseras irregularidades” y expresó su “profunda preocupación” y repudio al “reprochable accionar del Consejo de la Magistratura en el envío de las ternas, que poco y nada respeta el orden de oposición de acuerdo al puntaje obtenido en los exámenes”. Y también reclamó al gobernador que retire los pliegos.
Poco después, el bloque de diputados provinciales del socialismo salió a reafirmar su “histórico compromiso con la transparencia y calidad institucional”, tomando como ejemplo los concursos públicos realizados durante las administraciones provinciales y locales del Frente Progresista.
En tanto, la Cámara baja provincial fue convocada para mañana a una sesión (el cuerpo viene reuniéndose cada 15 días) destinada a completar la cita parlamentaria del jueves pasado, que cayó por falta de quórum luego de la denuncia contra el Ejecutivo y el socialismo respecto de los pliegos de magistrados comunitarios.
De mantenerse los acuerdos políticos, Diputados debería avanzar con el pedido de citación a la ministra de Gobierno provincial, Celia Arena, y Somaglia por los controvertidos concursos, planteo que quedó sin tratamiento una semana atrás.
