La media sanción del proyecto de ley Bases. De la mano de la oposición amigable, el oficialismo avanzó un paso para consolidar institucionalmente la política de ajuste.
Por Alvaro Torriglia
A la teoría y las palabras se las lleva el viento de la política económica de 2024. El gobierno interviene en la puja distributiva, sin pudor a tocar precios que estaban reservados a la mano invisible del mercado, mientras en la Cámara de Diputados, un grupo clave de legisladores enrolados en el panoficialismo votan contra sus propios discursos para darle a Javier Milei su primer triunfo parlamentario.
Como en el mito de Keyser Soze, el experimento libertario de Milei se revela menos como una encarnación personal que como la suma de deseos y miedos de los sospechosos de siempre.
La historia abunda en ejemplos de agachadas parlamentarias que abrieron las puertas de grandes tragedias. No rankea tan alto el voto de la oposición amigable a favor de la ley Bases, que por otra parte se mueve en un tiempo más corto y parroquial. Apenas, el que le asegura un rato más bajo el sol de la nueva marca de la casta. Lo graficó Miguel Angel Pichetto sobre el cierre del debate parlamentario: “Esta media sanción es posible gracias a la política”.
La política entendida como rosca. El juego de intercambios que se despega de las promesas programáticas y que, en casos como este, profundiza la crisis de representación que contribuyó a la legada del propio Milei a la presidencia.
En homenaje a la “gobernabilidad”, se deslegitiman las mediaciones partidarias institucionales y el debate político de fondo se afinca en dos universos paralelos. Uno es el de las redes, las conferencias empresarias y los quinchos de la city, donde la oferta de Caputo de aprovecharse de “la sociedad que está aguantando” el ajuste, es motivo de festejo. Y el de la calle, donde las representaciones más directas construyen su propia acción política: El paro y movilización de enero, las grandes marchas de marzo, la histórica protesta por las universidades públicas, los actos del 1° de mayo y, próxima parada, una nueva huelga nacional convocada por las centrales sindicales.
Actos en defensa propia que tienen como afluentes una capilaridad de conflictos y movidas que se suceden en lo cotidiano. Una de las más recientes: la rebelión de distintos gremios contra la reforma laboral y la reversión del aumento del piso del impuesto a las ganancias sobre los salarios. La huelga del gremio aceitero, en un contexto de incomodidad del complejo agroexportador con la política cambiaria, le propinó un mal día al Banco Central y dio aviso de alerta a la estrategia de acumulación de reservas. Las asambleas de la confederación de gremios del transporte , a su vez, calentarán en los próximos días la previa al paro de la CGT.
En el mientras tanto, el gobierno de Javier Milei disfruta de su primer triunfo legislativo y del estreno de una circunstancial nueva mayoría parlamentaria. Entente que ahora busca ampliar acercando a gobernadores a los que se les comienza a acabar la nafta para encarar epopeyas federales.
Entre todos lograron recorrer la mitad del camino para la sanción de una ley que privatiza empresas públicas (incluso las que como Aerolíneas o el Correo tuvieron que ser rescatadas por el Estado luego de casi desaparecer por gestiones privadas), permite un blanqueo de capitales sin control, crea un régimen de promoción fiscal para grandes grupos empresarios que planteará una competencia desleal a las pymes industriales locales, repone el impuesto a las ganancias a los trabajadores mientras reduce el tributo a la riqueza, eleva en los hechos la edad jubilatoria de la inmensa mayoría de las mujeres, premia la mala registración, abarata indemnizaciones y precariza las relaciones laborales en un contexto en el que la crisis de empleo ya se expresa en 10 mil suspensiones del sector privado formal en Santa Fe, y aumenta el monotributo, entre otros puntos.
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El proyecto de ley que ahora deben debatir los senadores construye un andamiaje institucional para cristalizar el esquema distributivo que surgió del ajuste brutal de estos cinco meses. Y busca asegurar un mercado laboral pulverizado y depreciado para el día después del eventual, nada seguro, ”momento de estabilidad” al que aspira llegar el ministro Luis Caputo si tiene éxito en su plan para traducir las expectativas que vende con su alquimia de cepo, deuda y recesión, en un proceso de desinflación.
La directora de la consultora Eco Go, Marina dal Poggetto expresó sus dudas sobre la estrategia cambiaria del gobierno. “No está claro hacia dónde quieren ir, si el objetivo es eliminar los pasivos remunerados y soltar el cepo, le van a poner fecha de defunción al carry”, señaló. Sin embago, opinó que “no piensan en sacar el cepo”.
”Uno imaginaba que después del shock, el dólar oficial tenía que funcionar como ancla un par de meses, y que las tasas de interés no tenían que sobrerreaccionar a la inflación”, reflexionó. También esperaba que el gobierno tuviera “un programa fiscal no sólo basado en la licuación del gasto, y uno financiero, que fuera más allá de la recirculación de los pesos al Tesoro con put impulsados vía la baja en la tasa de interés”.Atrasar el tipo de cambio, bajar las tasas y poner un seguro para los bancos que compren bonos del Tesoro “consolida la dependencia del cepo y tampoco ayuda a estabilizar la demanda de pesos”.
Por Rodolfo Parody
