La crisis golpea al mercado de trabajo y ya hay 10 mil suspendidos en Santa Fe

La depresión en la que ingresó la economía argentina muestra su impacto en el mercado laboral. En Santa Fe hay 60 empresas que firmaron acuerdos en el Ministerio de Trabajo provincial para suspender personal. Los afectados son unos 10 mil trabajadores del sector privado.

Así lo confirmó el secretario de Trabajo, Julio Genesini, quien subrayó que las empresas apelan a las suspensiones para afrontar la crisis “sosteniendo a personal capacitado, con la expectativa de que en algún momento la economía rebote”. Esta línea de contención se arma a través de las mesas tripartitas de las que participan el Estado, los gremios y las patronales, y que se han utilizado en otras situaciones de presión sobre el mercado laboral, como en los años 2018 y 2019.

Si bien el universo de empleados suspendidos es una pequeña parte del medio millón de trabajadores del sector privado registrado que hay en la provincia, lo que preocupa es la dinámica. El secretario de Trabajo explicó que había en noviembre un conjunto de 30 empresas que habían apelado al artículo 223 de la ley de contrato de trabajo, que permite acordar suspensiones. La totalidad de esas firmas las renovó y desde el comienzo de año se sumaron otras 30. La mayoría es por plazos de tres meses, renovables.

El sector metalúrgico es uno de los más golpeados, junto con el de la construcción, según explicó el funcionario durante una entrevista con el programa radial “La Banda Cambiaria”. Pero uno de los rubros con mayor cantidad de suspendidos es el de vigilancia. A su juicio, refleja la reducción de servicios que contratan las empresas, en un marco de constante ajuste por el panorama recesivo. También hay suspendidos en industrias de alimentación, químicas, vidrio y gastronómicos. Y en los sectores de gastronomía y salud.

“Esta es una etapa que hay que transitar tratando de evitar la pérdida de puestos de trabajo, si la economía no se reactiva corremos el riesgo de pasar a una etapa más complicada”, explicó Genesini, quien subrayó que hasta ahora este sistema ha logrado contener males mayores, aunque “hay un efecto goteo de desvinculaciones en establecimientos más chicos”.

Los últimos datos oficiales de empleo privado registrado son los correspondientes a enero. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) de Rosario, en Santa Fe se perdieron 2.281 puestos de trabajo respecto de diciembre de 2023.

“Luego del piso registrado en mayo de 2020, la provincia inició un proceso de crecimiento sostenido del empleo, recuperando la totalidad de puestos perdidos en la doble crisis de empleo (la gestión Cambiemos y la pandemia) y alcanzando un máximo histórico de puestos de trabajo registrados en el sector privado en agosto de 2023, con 523.466”, señaló el trabajo. El crecimiento, agregó, se vio interrumpido en septiembre y, desde entonces, la evolución del empleo comenzó a “asemejarse al comportamiento de la actividad económica”.

El año pasado la economía fue afectada por la sequía. A nivel nacional, la retracción se compensó en buena medida por la expansión de otros sectores y por la asistencia estatal. En Santa Fe, el fenómeno climático pegó en el corazón productivo, y el derrumbe casi llega a dos dígitos. Pero a partir de diciembre, aunque volvieron las lluvias, se desplomaron a niveles históricos las ramas de actividad que más empleo generan, como la construcción y la industria. Y el nuevo modelo no parece motorizar un rebote rápido.

El empleo privado formal es apenas una porción de la foto del mercado laboral, que incluye al sector público y al largo tercio de empleados autónomos o informales. A fin del año pasado, la tasa de desempleo fue de 4,7% en el Gran Rosario, un piso histórico. Sin embargo, ese número captó también la consecuencia de una retracción de la oferta de mano de obra y fue acompañada de un aumento de la subocupación, indicador que informa sobre una mayor precariedad del empleo. Esa es la porción que primero se pierde en las crisis.

En un reciente informe presentado a la Cámara baja, el diputado provincial Carlos del Frade (FSP) recordó que en los dos grandes aglomerados de la provincia hay 230 mil personas con problemas laborales, entre 46 mil desocupados, 73 mil ocupados que demandan más empleo y 91 mil subocupados.

Las señales que se envían desde la administración nacional son demoledoras. Los despidos a mansalva del Estado entraron en una nueva etapa, con los telegramas que ya llegaron a los empleados del correo y la advertencia sobre desvinculaciones en Trenes Argentinos. Esta política suma recesión e incentiva la reducción de planteles en el sector privado. Si en los últimos tres años el debate pasó por las dificultades para combinar pleno empleo con magros ingresos, el problema ahora será menos trabajo y peor salario.