Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
Tres funcionarios del Ejecutivo santafesino defenderán iniciativas oficiales ante la Legislatura.
La Legislatura santafesina se prepara para una nueva batalla política: el debate por el presupuesto provincial 2023, que contempla gastos por 1,87 billón de pesos y prevé un leve superávit financiero. Una iniciativa que, a una semana de su ingreso al Senado, ya puso a la oposición a la defensiva, especialmente en la Cámara baja, arena en la que es mayoría.
El jueves pasado, el Senado de Santa Fe aprobó una preferencia para tratar el presupuesto 2023 y la correspondiente ley tributaria en la próxima sesión de cuerpo. A la brevedad, ambos proyectos irán a comisiones, mientras se pule un acuerdo político en pos de su sanción.
En principio, el radicalismo en la Cámara alta fogoneará un encuentro con el Ministerio de Economía provincial. Nuevamente inquieta al sector el impacto de la norma tributaria (patente automotor e inmobiliario) en los municipios y comunas. No obstante, considera clave no extender en el tiempo la discusión del presupuesto en función del contexto inflacionario de la Argentina.
Paralelamente, la denominada ley de leyes ya activó los sensores de la oposición en la Cámara baja, cuyo historial refleja que la administración de Omar Perotti cerró diciembre de 2021 sin ver sancionada la proyección de gastos para el año siguiente por la falta de acuerdo con los bloques no peronistas. Y, a diferencia del rechazo que por entonces había cosechado el presupuesto nacional, la iniciativa santafesina quedó en comisión.
Entre las bancas oficialistas de Diputados deslizaron a La Capital que el presupuesto provincial 2023 “luce previsible y armónico, algo que parece una quimera, porque son características que no abundan en la política santafesina”. Y, en esa línea de razonamiento, consideraron que “no debería existir demasiada conflictividad” al momento del tratamiento legislativo.
“Posiblemente la discusión más álgida esté centrada en el plan de obras a través del dinero que ingrese por el cobro de la deuda histórica” de la Nación con Santa Fe, completaron.
Es que, en esta oportunidad, debutarán en la columna de los ingresos los primeros pagos relacionados con el convenio de cancelación de la deuda nacional con la provincia por la coparticipación.
Sin embargo, el diputado provincial Joaquín Blanco (jefe del bloque socialista), pronosticó una áspera discusión para el último trimestre de 2022: “Lamentamos que, por tercer año consecutivo, el presupuesto ingrese por el Senado y que la nuestra no sea la Cámara de origen”.
“Por eso, seguramente citaremos a (el ministro de Economía provincial, Walter) Agosto para que concurra a las comisiones de Presupuesto y de Labor Parlamentaria y explique la letra fina del proyecto”, enfatizó a este diario el legislador.
Respecto de los eventuales planteos al titular de Economía, Blanco añadió: “También queremos preguntar sobre la subejecución presupuestaria de 2021, que nos preocupa mucho, y acerca del destino de los fondos provenientes de la homologación en la Corte Suprema de Justicia nacional del acuerdo por la deuda histórica con Santa Fe”.
Las bancas opositoras de la Cámara baja preanuncian una discusión compleja que, además de estar ligada a lo que vaya a ocurrir con el presupuesto nacional 2023, obligará a intensas rondas de negociaciones en las que tallarán otros factores como las necesidades de los intendentes y los posicionamientos de cara a un año electoral determinante.
En marzo, y luego de que el titular de Economía, junto a la ministra de Gobierno provincial, Celia Arena, y su par de Gestión Pública, Marcos Corach, pilotearan una negociación que desembocó en la aprobación en la Cámara baja (con modificaciones), el Senado convirtió en ley el presupuesto 2022.
Previamente, por iniciativa del presidente de Diputados, el frentista Pablo Farías, todos los bloques políticos habían firmado y enviado una nota a Perotti en la que solicitaron retomar el diálogo formal y constituir una mesa de trabajo para poder avanzar con la sanción de la ley de leyes.
Incluso, antes de enviar la misiva, Farías había conversado con el gobernador sobre la necesidad de recomponer el diálogo con todo el arco político para destrabar un proyecto que, desde diciembre de 2021, permanecía anclado en la Cámara baja.
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