Dos policías que trabajaban en la comisaría 10ª de Alberdi fueron condenados a 3 años de prisión condicional por la detención ilegal de cuatro amigos que comían un asado en la vereda de Travesía al 3800. Fue un procedimiento de junio de 2021 armado con testigos falsos para favorecer a la banda del asesinado Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval. Un acusado de pertenecer a esa organización participó del operativo sin bajarse de un auto, desde donde señaló uno por uno a quienes debían quedar presos por ser supuestos integrantes de un grupo rival. Los uniformados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por seis años.
La pena se acordó la tarde de este lunes en un juicio abreviado en el Centro de Justicia Penal. La jueza Paula Alvarez homologó un acuerdo entre el fiscal José Luis Caterina y los abogados particulares de los policías acusados. Los condenados son Walter Edgardo Graff, de 36 años, quien se desempeñaba como sumariante, y el secretario Juan Pablo Sosa, de 38. “Esta pena supone para ambos el fin de la carrera policial, al menos por el tiempo que dure la inhabilitación”, dice el convenio que aceptaron los dos ex uniformados.
Sosa y Graff fueron condenados como coautores de los delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad. Además los sentenciaron por privación abusiva de la libertad, una figura agravada por ser funcionarios públicos y porque para dos de las víctimas la detención se extendió más de un mes. Este último delito se le achacó a Sosa como coautor y a Graff como partícipe primario. Entre las reglas de conducta a cumplir durante el tiempo de la condena figura la prohibición de acercarse a las víctimas y testigos de la causa.
Según el acuerdo, la pena “encuentra fundamento en la multiplicidad de delitos endilgados". Se puso el acento en la gravedad institucional del caso, ya que tanto fiscales como la jueza de la investigación preparatoria fueron inducidos a engaño. Por el caso ya había sido condenado Gerardo Malpassi, quien fuera jefe de la seccional 10ª al momento de los hechos. Cumple una condena dictada en febrero pasado a 3 años de prisión efectiva y 6 de inhabilitación por abuso de autoridad, privación abusiva de la libertad agravada y falsedad ideológica.
El procedimiento fue el 21 de junio 2021. De acuerdo con la investigación, el policía del Comando Radioeléctrico Héctor Mario Dallia y el oficial Sosa pasaron a buscar a Mario S., un civil que actuó como nexo con la banda de Los Pimpis. El pasajero se ubicó en el asiento trasero de un Renault Clio vestido con un buzo con capucha y usando un barbijo. Se trasladaron a Travesía al 300 donde estaban reunidas diez personas que se disponían a comer un asado en la vereda.
Con el apoyo de otros efectivos de la 10ª que desconocían los pormenores, los cuatro jóvenes señalados por S. fueron detenidos. Dos de ellos recuperaron la libertad un día después. Pero a Tomás Agustín “Tomy” G., de 19 años, y a Andrés Adrián “Pancita” R., de 22, los acusaron de una serie de balaceras. Una jueza les dictó prisión preventiva por 90 días y así ambos jóvenes, supuestos integrantes de la llamada “banda de Patri”, también conocida como “Los Churrascos”, quedaron tras las rejas. Hasta que se descubrió el trasfondo a los 83 días y fueron liberados el 17 de septiembre de ese año.
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Pancita y Tomy habían sido incriminados por el testimonio de una joven que dijo haber sido amenazada y otra que dijo haberse negado a vender drogas para la banda de Patri y a tener relaciones sexuales con uno de sus miembros. Sin embargo, unos 15 días después ambas mujeres se presentaron en la fiscalía con una abogada para contar la verdad. Dijeron que habían sido amenazadas por integrantes de la banda de Los Pimpis, herederos de Ema Pimpi Sandoval que se disputaban el narcomenudeo en la zona de la comisaría 10ª. Las jóvenes aseguraron que para mentir en el acta policial a una de ellas le dieron 50 mil pesos y a la otra drogas.
Entonces se allanó la seccional de Darragueira al 1100 y fueron detenidos el entonces jefe Malpassi; el sumariante Graff, quien firmó denuncias y actuaciones, y los oficiales Sosa y Dallia, quien quedó imputado y en disponibilidad, a la espera de juicio. También fue implicada la suboficial Natalia Sánchez pero las actuaciones en su contra se archivaron al detectarse que no sólo era ajena a la maniobra sino que alertó sobre irregularidades en el procedimiento. Lo mismo ocurrió con el subjefe Sebastián Ojeda, quien llegó a la guardia aquella tarde y advirtió a sus superiores sobre “algo raro”.
La investigación arrojó que el operativo fue concretado a cambio de dinero que la banda de Los Pimpis entregaba regularmente a la comisaría. El acta de procedimientos estuvo plagada de irregularidades y las jóvenes testigos fueron obligadas a firmarla. En ese documento se omitió mencionar a Sosa y Dallia, quien ya en el penal les sacó fotos a los detenidos con su celular y las reenvió a una persona no identificada para certificar que Tomy y Pancita fueran quienes debían quedar presos.
En cuanto al eslabón civil, Mario Germán S., de 34 años, fue imputado en marzo por Caterina como partícipe primario de la privación ilegal de la libertad y como instigador de una falsa denuncia. En la investigación se refiere que trabajaba para los herederos de Sandoval y era quien proveía droga y retiraba la recaudación de un búnker donde una de las denunciantes había sido baleada. Era allegado a familiares de Ema Pimpi, jefe de una banda narco que había sido condenado por el ataque a tiros a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti de octubre de 2013. En octubre de 2019 fue asesinado —junto con otras dos personas— en un ataque comando a un chalé de La Florida donde cumplía prisión domiciliaria.
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Mario S. además había declarado como testigo del crimen de Marcelo David Valdez, un adolescente de 16 años que el 19 de junio de 2021 fue alcanzado por las balas dirigidas a la gente de Ema Pimpi en Cavia al 1300; un crimen por el que hubo cuatro acusados. En aquella ocasión también fue herido un medio hermano de Mario S. Dos días después ocurrió el procedimiento ilegal por el que los dos policías aceptaron condena. Un operativo que, según el acuerdo, “simulaba ser fidedigno pero, en relación a toda la evidencia reunida, surge claro que no lo era”.
