Separación de poderes y calidad institucional

Asistimos, quizás como antes nunca se ha visto, a una tensión institucional entre el Senado Provincial y algunos fiscales del MPA, que al parecer no quieren archivar una causa contra un legislador (luego del rechazo por la Cámara del desafuero por falta de pruebas) e incluso hasta llegaron a cuestionar la constitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal, tal vez para no cerrar el proceso como manda el procedimiento local.

Por supuesto que es una preocupación, no solo para los hombres de derecho sino para la sociedad en su conjunto; que aquellos que tienen que aplicar la ley traten de violentarla o esquivarla, pero lo más grave es a mi entender la intromisión del Poder Judicial en los demás poderes del estado, y voy a un ejemplo: se trata de impedir el control parlamentario sobre el funcionamiento de los miembros del Ministerio Publico mediante juicios, amparos y cautelares, cuando es público y notorio el mal funcionamiento de algunos miembros del MPA.

Casos resonantes como el homicidio de Oldani en Santa Fe donde fue detenido un farmacéutico al que confundieron con otra persona o Franco Casco (desaparición forzada de persona seguida de muerte luego de haber estado en una seccional policial) y la bibliotecaria María de los Ángeles Paris en Rosario, que fallece en una seccional policial luego de haber sido golpeada, merecen un tratamiento urgente e inmediato de los órganos de control porque la trascendencia de la violencia institucional va mas allá del propio MPA y compromete seriamente la calidad institucional en nuestra provincia. Hablamos de violencia generada por el propio estado y privaciones ilegitimas de la libertad, donde no hay -al parecer- jueces de garantías.

Si los fiscales solo pueden ser controlados por ellos mismos o por una auditoría interna del MPA pues no saldremos del problema y esto se agrava, ya que la falta de una conducta decorosa por algunos de sus miembros pone en serio riesgo la continuidad del propio sistema acusatorio, por la evidente arbitrariedad o discrecionalidad y la injerencia de algunas agencias del poder Ejecutivo encargados de la seguridad pública, que es clara y evidente en las causas judiciales.

Algunos fiscales aducen defender su independencia y autonomía y refieren al art. 120 de la Constitución Nacional, no sin saber que ello es aplicable solo a la justicia federal; aunque es preciso que se aclare perfectamente en lo inmediato, cuál es su pertenencia en la arquitectura institucional del estado ya que ello genera la idea por el momento y en los hechos, que hoy esté más cerca del Poder Ejecutivo por su relación operativa y presupuestaria, que del Poder Judicial. Esto se debe resolver ya mismo por ley hasta una eventual reforma constitucional, porque al momento estamos ante un organismo que se conduce y controla asimismo, y ello atenta contra el estado de derecho, el sistema republicano y la propia democracia.

Ocurre evidente, como se advierte, alguna intencionalidad contra el Poder Legislativo para descalificarlo o subordinarlo y tal vez disciplinarlo, para evitar controles a los malos fiscales, bajo el amparo de su declarada independencia o autonomía, que compartimos en sus tareas de investigación, pero no en su politización. En el fondo subyace la intención de impedir sanciones a sus miembros y ello genera zozobra y preocupación en la sociedad ante un órgano que está fuera de todo tipo de monitoreo institucional, que ha mostrado alguna incapacidad a la hora de gestionar y que de ese modo también genera impunidad y angustia ante los hechos de inseguridad que han aumentado en los últimos meses, y la gente ve que no se hace nada, ya no solo en la prevención del delito, sino también en su persecución judicial.

Por último, en orden la inmunidad de los miembros del Poder Legislativo, nuestra Constitución Provincial ha consagrado la preservación amplia y total de la tarea de legislar y para ello la necesaria defensa de los llamados fueros parlamentarios y es muy claro en su texto. Así esta normada y establecida la INMUNIDAD de carácter absoluta, es decir no solo tiene el legislador inmunidad de opinión y de circulación, sino de arresto y de ser sometido a proceso, así que cualquier otra interpretación corporativa o jurisdiccional, quizás surge más de la necesidad política de cuestionar la labor legislativa, que de la letra y espíritu de la carta magna de 1962. Se trata de un poder elegido por el pueblo, y por ello también debe protegerse su soberana decisión, o cambiarla cada cuatro años.

En homenaje a la buena relación que debe existir entre los poderes del estado y mas allá de una circunstancial composición y mayorías en ambas cámaras legislativas; lo que tenemos que hacer todos, es acatar la voz del pueblo que se ha expresado libremente en las urnas, y no tratar de someter a los integrantes del parlamento a través de un ataque sistemático y permanente a su institucionalidad e integralidad, a su gestión y a la labor de todos y cada uno de los legisladores, que no solo tienen la capacidad de sancionar leyes, sino que pueden enjuiciar a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ¿como entonces no van a poder controlar la labor de los fiscales que son funcionarios públicos y como tales tienen obligación de rendir cuentas?.

Es una cuestión de responsabilidad y sentido común ya que, gobernar es una tarea compleja y colectiva que necesita consenso u prudencia. Por supuesto que se hace mas difícil ante las agresiones del Ministro de Seguridad que ataca y discrimina a los santafesinos (no solo a los policías) y nos agravia hasta cuando sostiene que el incremento del delito es estacional??; pero que no responde por las licitaciones (armas, motos) que están seriamente cuestionadas, incluso en la propia justicia.

En este contexto celebramos las palabras del Señor Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia en orden a no “incendiar las instituciones” por algún afán de protagonismo, y también la exhortación del Señor Gobernador a reflexionar y encontrar un camino de dialogo y armonía entre las agencias del estado, para asegurar una mejor justicia y una mejor sociedad, que nos permitan una gestión de gobierno que verdaderamente pueda dar solución a la desigualdad, la violencia y la inseguridad en la provincia, como objetivo compartido y común a la hora de gobernar.