Repartos seguros: una deuda pendiente en la provincia de Santa Fe

El violento asalto sufrido por un cadete de reparto esta semana en Rosario reavivó el reclamo de mayor seguridad para estos trabajadores. La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción en octubre pasado a una ley en este sentido, que aún espera ser tratada en Senadores. En ese momento también hubo un compromiso del gobernador Omar Perotti y del Ministerio de Seguridad. Sin embargo hasta hoy no ha habido avances.

En el marco de la gravísima situación que vive la provincia de Santa Fe en materia de inseguridad, en especial las ciudades de Rosario y Santa Fe, los trabadores y trabajadoras de las aplicacones de reparto son blanco casi permanente de hechos delictivos. Robo de motos, bicicletas, celulares y dinero en efectivo se dan prácticamente todos los días. En algunos casos, como lo fue el de esta semana en barrio Martín de Rosario, el accionar de la víctima para salvaguardar sus bienes provocó que le propinaran varios culatazos en su cabeza que le provocaron serias heridas.

Estas situaciones no son nuevas. En setiembre del 2021 el diputado provincial del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez presentó un proyecto de ley para crear un programa para proteger a estos trabajadores. En ese momento el legislador explicó que “Consiste en la creación de un Programa de Monitoreo Informático Permanente mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), asignando un dispositivo GPS a cada inscripto a los fines de monitorear de manera permanente su geo-localización en los horarios de trabajo, armar estadísticas de trabajo, coordinar esfuerzos y recursos en pos de una mayor eficiencia en la prevención del delito, y crear una central de denuncias con botón anti-pánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata”.

En octubre de 2022, más de un año después, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Ese día Martínez manifestó su agradecimiento a las diputadas y diputados que dieron su voto positivo y recodó que “venimos trabajando codo a codo con las y los trabajadores de reparto desde hace un año para que este proyecto sea una realidad . La mayoría de ellos son jóvenes que encontraron una salida en este panorama económico tan complicado que les dificulta enormemente su inserción en el mercado laboral. Que han sido además trabajadores esenciales en la pandemia y que lo que están pidiendo a gritos es poder trabajar seguros, que no les roben, que no los maten. Este gran colectivo de personas son trabajadores independientes, que tienen que pagarse su monotributo y su seguro, y además tienen que llevar un celular y dinero en sus bolsillos porque son ellos quienes pagan por adelantado los productos que luego reparten. Esto los pone en una situación sumamente vulnerable respecto de los delincuentes que andan sueltos y son muchos y conocidos los casos en los que han sido golpeados, robados y baleados en plena vía pública. Si bien no existen estadísticas se calculan solo en la ciudad alrededor de 10 robos por día, lo que se multiplica por dos en la ciudad de Rosario”.

Desde ese día, del que pasaron cuatro meses, permanece en la Cámara de Senadores para ser tratado. Cabe recordar que en ese momento hubo además varias reuniones de las agrupaciones que albergan a estos trabajadores con el Poder Ejecutivo, en las cuales tanto el gobernador Omar Perotti como el ex ministro de Seguridad Rubén Rimoldi se comprometieron a tratar de que el proyecto sea convertido en Ley lo antes posible, e incluso teniendo en cuenta los tiempos de la Legislatura, a comenzar con pruebas piloto de monitoreo. Nada de esto ocurrió aún.

Detalles del proyecto

Según el texto aprobado se incorporan los apartados j) y k) al artículo 117 de la Ley 3456 -Código Fiscal de la provincia- (gravamen a los servicios de delivery y transporte mediante aplicaciones móviles).

En el Artículo 1 se crea el Monitoreo Informático Permanente ( MIP), mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), que tiene por objetivo garantizar la seguridad de los trabajadores independientes que presten servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles.

En el Artículo 2 establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace.

En el Artículo 3 se detallan las tareas que llevará adelante el Ministerio asignado:

• la confección de un registro de trabajadores y proveedores independientes de servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles;

• la asignación de un dispositivo GPS a cada inscripto a los fines de monitorear de manera permanente su geolocalización en los horarios de trabajo;

• crear un sistema informativo de monitoreo informático permanente de las actividades de dichos trabajadores y proveedores independientes;

• confeccionar estadísticas adecuadas priorizando el trazado de hojas de ruta del flujo laboral (horarios picos, distribución geográfica del flujo dentro de cada ciudad, tiempos promedios) a fin de coordinar esfuerzos y recursos en pos de una mayor eficiencia en la prevención del delito;

• crear una central de denuncias con botón anti-pánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata; y,

• crear uno o varios canales de denuncia anónima para delitos vinculados a las actividades y los trabajadores contenidos en el Artículo 1.

  En el Artículo 4 de la ley se establece que el financiamiento para el presente Monitoreo Informático Permanente se realizará con:

• el cien por ciento (100%) de lo recaudado en concepto de multas, intereses y accesorios, por incumplimiento de normativas nacionales o provinciales, que la Provincia aplique formalmente a las empresas que realicen comercialización de servicios online y mediante aplicaciones móviles que se operan mediante teléfonos inteligentes, para el reparto de productos a domicilio, formato delivery;

• aportes provenientes de rentas generales del Tesoro Provincial;

• aportes provenientes de programas del Estado Nacional susceptibles de aplicarse a los objetivos de la presente;

• aportes provenientes de organismos multilaterales; y,

• donaciones, legados y subvenciones, destinados al cumplimiento de los fines presentes.