El procedimiento para la designación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) sumó una nueva baja.
El procedimiento para la designación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) sumó una nueva baja.
Se trata de Arsenio Domínguez, representante del Colegio de Abogados de Venado Tuerto. “Renuncié por motivos personales”, dijo el profesional a La Capital.
El lugar de Domínguez -que integraba el jurado titular para designar al próximo fiscal general y los cinco fiscales regionales- quedó cuestionado cuando ayer a la noche trascendió que usaba como domicilio legal en la capital de la provincia al estudio jurídico del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.
A su vez, también Somaglia aparece en el centro de la polémica. Hace dos semanas, el gobernador Omar Perotti lo desplazó a través de un decreto del procedimiento para elegir a las nuevas autoridades del MPA y del SPDP después de que la oposición denunciara que el trámite era poco transparente y de que aparecieran audios en los que el secretario de Justicia dice haber logrado “limar muchísimo” y “hacer zafar” en el marco de investigaciones judiciales.
Arsenio Domínguez, ex presidente del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción de la Provincia de Santa Fe
Con Domínguez, las bajas en el trámite para designar a los responsables de la investigación y defensa penal en la provincia ascienden a nueve.
En el jurado titular para el MPA renunciaron, además de Domínguez, los jueces federales Alejandro Slokar y Ana María Figueroa. Con la excusación de la jueza penal Sandra Valenti el único miembro titular es el abogado y docente cordobés Darío Vezzaro.
Por su lado, en el jurado para defensores renunciaron como titulares las juezas federales Angela Ledesma y Marta Feijoo y declinaron su participación como suplentes el abogado y ex constituyente Danilo Kilibarda y la presidenta de la Cámara Federal de Rosario, Élida Vidal. En tanto, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Sergio García Ramírez no respondió hasta el momento a la convocatoria.
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En este marco, la oposición pide a la Casa Gris una reunión urgente para la semana que viene con los dos funcionarios que designó Perotti para conducir el proceso: la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder.
Desde las bancadas radicales y socialistas, con mayoría en la Asamblea Legislativa que debe avalar a los funcionarios, indican que es necesario que el gobierno provincial reencauce institucionalmente el trámite.