Vicentín: Alberto Fernández no quiere que se pierdan empleos

El presidente Alberto Fernández calificó como "muy grave" la crisis desatada por el default de Vicentín y aseguró que trabaja con el directorio del Banco Nación para analizar posibles soluciones ya que "nadie quiere que la fuente de trabajo se cierre".

El jefe del Estado fue consultado el domingo por la noche en una entrevista con el programa "Hagan algo", que se emite por C5N, por la posibilidad de estatizar la compañía agroexportadora que en diciembre suspendió pagos por u$s 1.000 millones a acreedores comerciales y financieros por "estrés financiero". La maniobra dejó el tendal en la cadena agrocomercial y su impacto ya se siente en la economía de la región pampeana.

Fernández no respondió directamente a la posibilidad de estabilización que sugirieron algunos dirigentes políticos. Pero sí subrayó que tiene "en claro" la importancia de preservar la fuente productiva y que hubo, como mínimo, una "irresponsabilidad enorme" de la conducción empresaria y de las anteriores autoridades del Banco Nación por la contratación de un crédito por $ 18 mil millones, actualmente impago.

Bajo la conducción de Javier González Fraga, durante la administración de Mauricio Macri, la entidad oficial refinanció y amplió la línea de crédito que tenía Vicentín sin mayores previsiones sobre su capacidad de repago. Las nuevas autoridades del banco informaron que iniciaron un sumario interno para determinar por qué se saltaron controles y se desoyeron advertencias para flexibilizar las condiciones de ese financiamiento. El Nación es el principal acreedor financiero local de la agroexportadora y, de acuerdo a las estimaciones oficiales, la exposición en la que quedó por el default afecta fuertemente el patrimonio de la casa crediticia.

El economista Claudio Lozano, director del Banco Nación, difundió un lapidario informe sobre los préstamos otorgados a Vicentín y calificó la operación de "una maniobra fraudulenta". Además, advirtió que "ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera" de la empresa.

En su análisis, concluyó que en el proceso de endeudamiento "se superaron los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas". Y agregó que, pese a ello, "sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa". El problema, dijo, empieza cuando no cancela el crédito, que "se va refinanciando y al incrementarse la deuda llegó un punto donde se excedieron las normas vigentes".

Fernández dijo que habló con Lozano. "El Nación otorgó un crédito por encima de lo que objetivamente podía hacerlo, y la empresa tomó un crédito por encima de lo que podía pagar, hay una investigación en marcha", señaló.

De inmediato, aclaró: "Tengo en claro que es una empresa muy importante, que es fuente de trabajo de mucha gente". Respecto de las propuestas de estatización, se limitó a decir: "Vamos a ver, nadie quiere que la fuente de trabajo se cierre, ahora lo que queremos ver es qué pasó, porque todo indica que allí cuanto menos hubo un acto de enorme irresponsabilidad".

Desde el bloque de diputados provinciales del Frente Social y Popular (FSP), que integra Carlos Del Frade, consideraron "fundamental la intervención virtuosa del Estado, principal acreedor de la empresa, para garantizar la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas y que no se corte la cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior".

"Pero también entendemos que es una oportunidad inmejorable para que el Estado vuelva a ser protagonista en uno de los sectores fundamentales de nuestra economía", señalaron. Indicaron que el lugar que la empresa ocupa sexto mayor exportador de cereales, oleaginosas y sus derivados con una participación del 9 por ciento de todo el mercado y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites) ameritan la intervención estatal, pero "no de cualquier manera". Es que "la experiencia histórica del manejo de estas grandes empresas que ante situaciones similares, con el estado como acreedor, han aprovechado la oportunidad para licuar sus deudas haciendo cargo al conjunto de los argentinos y argentinas de las mismas".

El viernes pasado, la empresa presentó un borrador de propuesta de pagos a sus acreedores comerciales, que sería la base de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE). Incluye una oferta de pago del 20 por ciento al contado, con un fijo de u$s 30 mil. El resto se cancelará en ocho años, que pueden ser seis para los que acceden a seguir vendiendo grano a la compañía, para lo cual ofrecen además un plus de precio por tonelada.

De acuerdo a lo informado ayer por el portal Agrofy, un grupo de 150 damnificados reunidos en el colectivo "Sumando Cabezas", presentaron reparos. "No encontré ningún miembro que diga que le haya parecido buena la propuesta", consignó Nicolás Galli, designado como vocero del grupo, a ese sitio informativo.

Hay varios puntos que objetan de la fórmula presentada por Vicentín: la escasez de garantías sobre el pago del saldo de la deuda más allá del primer anticipo, la falta de un plan de negocios a mediano y largo plazo y la informalidad con la que se lanzó la propuesta.

Es que nadie del directorio de la empresa ratificó formalmenete esa primera propuesta difundida, que incluye la dolarización de las acreencias. "Parece una tomada de pelo, esto es como un banco que te hace el corralito y después pretende que le sigas depositando plata", señaló en estricto off un integrante de "Sumando Cabezas" a Agrofy.