Pullaro: "Que no vengan de derechos humanos a hacer reclamos" sobre narcos presos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, prometió una "lucha sin cuartel" contra la narcocriminalidad, y pidió "que no vengan los organismos de derechos humanos a hacer reclamos" sobre los sicarios y narcotraficantes presos que intentan cometer delitos desde los lugares de detención: "Van a estar absolutamente controlados".

"Vamos a hacer una lucha sin cuartel contra el crimen organizado, la narcocriminalidad y la violencia, no nos va a detener nada ni nadie", sostuvo este lunes Pullaro en comunicación con LN+, donde remarcó que su gestión de seguridad va "a necesitar mucho respaldo de la Justicia".

Resaltó que se van a construir "pabellones de alto perfil y máxima seguridad, para meter en esos lugares a narcos y sicarios peligrosos que están generando muchos conflictos afuera".

"Con el respaldo de la Justicia provincial y federal puedo asegurar que no van a poder cometer delitos desde esos lugares porque van a estar absolutamente controlados", sostuvo el gobernador, y añadió: "Que no vengan acá los organismos de derechos humanos a hacernos reclamos sobre esas personas que terminaron amedrentando a una sociedad y matando en muchos casos a víctimas inocentes".

Pullaro entregó el pasado miércoles a los jefes de bloques en la Legislatura provincial un proyecto para declarar el estado de emergencia en seguridad pública. Entre las medidas previstas está la edificación de uno o más complejos penitenciarios para alojar a 3.000 personas, como parte de un programa para construir o refaccionar inmuebles destinados a los órganos que integran el sistema de seguridad pública provincial, que incluya la participación de los gobiernos locales en la definición de las necesidades de su uso.

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El gobernador participó este lunes de la presentación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, del Plan Bandera en Rosario, donde uno de los anuncios fue la implementación de un programa de presos de alta peligrosidad para prevenir los delitos ordenados en las cárceles federales y el compromiso de terminar pronto la cárcel de Coronda.