Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Pullaro, en contra de uno de los ítems que más debates generó en torno a las modificaciones en el proyecto de ley ómnibus.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comparó la situación del país con la ola de violencia en Ecuador, que en las últimas horas sufrió un estallido de disturbios y episodios violentos de la mano de bandas dedicadas al narcotráfico. "Debe ser un llamado de atención para nuestro país", indicó el mandatario santafesino.
En un mensaje que publicó en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Pullaro sostuvo que "la ola de violencia narco en Ecuador debe ser un llamado de atención para nuestro país".
"A las organizaciones criminales hay que demostrarles que el Estado es más fuerte", sentenció, reiterando su decisión de ir contra las bandas narco de la provincia.
Y concluyó: "Tenemos que ir a fondo para cortar de raíz un problema grave que, si no actuamos rápido, va por todo".
De esta manera, el gobernador de Santa Fe dejó en claro que la delicada situación que atraviesa Ecuador es uno de los escenarios que derivan de la lucha de grupos narcotraficantes entre sí y como una manera de exhibir su poderío ante el gobierno.
La gestión de Pullaro marcó un claro cambio con respecto a la administración anterior en materia de seguridad en Santa Fe, tanto en lo discursivo como en las acciones. A menos de 48 horas de haber asumido, el gobernador anunció el traslado de presos de alto perfil de la cárcel de Piñero a pabellones en los que estarán alojados bajo un control estricto, para intentar evitar que continúen delinquiendo desde las cárceles mediante la comunicación con el exterior.
La respuesta fue violencia y amenazas. Hubo balaceras contra una sede del Banco Macro en la zona sur y otra al Hospital Clemente Álvarez, así como un ataque en una escuela y una bomba molotov contra un colectivo del transporte urbano. La primera hipótesis es que fueron respuestas a los operativos en la cárcel de Piñero.
También hubo mensajes con amenazas de muerte hacia el gobernador y su familia. "Quiero ratificar el rumbo, de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario", sostuvo Pullaro, y añadió: “Seguiremos manteniendo controlados a los detenidos que cometían delitos desde las cárceles, alojados en pabellones de alto perfil. Eso es lo que más molesta. Y avanzaremos para bajar los niveles de violencia y aumentar la seguridad en la ciudad".
El gobernador confirmó que su familia se fue de Rosario después de las amenazas.
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Pullaro comparó la situación en la provincia con lo que ocurre en Ecuador, que en las últimas horas terminó de entrar en su más severa crisis de seguridad tras la fuga de dos líderes de bandas criminales, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles y motines multiplicados en varias cárceles con retención de agentes penitenciarios.
El presidente Daniel Noboa declaró al país en estado de “conflicto armado interno” y ordenó a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares para neutralizar” el accionar de una veintena de organizaciones.
El decreto ejecutivo reforma el estado de excepción vigente desde el lunes y reconoce la existencia de un conflicto armado interno, por lo que dispone la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía en el territorio nacional.
El texto pareció la respuesta al copamiento de un canal de televisión en Guayaquil por parte de una banda armada, pero en verdad fue el corolario de una jornada en la que se registraron episodios de violencia en al menos una decena de ciudades y el momento previo a otros gravísimos hechos posteriores, entre ellos tiroteos cerca del palacio de Carondelet —sede del Ejecutivo— y un intento de toma de la Universidad de Guayaquil por parte de encapuchados.
El agravamiento de la crisis pareció iniciarse con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la banda Los Choneros, que estaba preso en Guayaquil, y se sumó la de Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de Los Lobos, detenido el viernes por su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general del país.
Patricio Gigena estaba al frente del comercio desde 1986 y ya había sufrido un importante asalto en el 2020. El homicida recibió 15 años de prisión efectiva
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