La Casa Gris y la Legislatura santafesina no se dan tregua. En el epílogo de otra semana de alto voltaje político por la citación judicial del senador Armando Traferri y las acusaciones de “operaciones políticas” orquestadas por el ministro de Seguridad Marcelo Sain en su contra por parte del legislador, el gobernador Omar Perotti vetó en forma total ayer las dos leyes que sancionó la Legislatura limitando gastos reservados a la cartera de Seguridad y estableciendo incompatibilidades funcionales al funcionario del gabinete provincial.
Los dos mensajes con ambos decretos, rubricados por el mandatario provincial y el ministro de Gestión Pública Rubén Héctor Michlig a cargo de la cartera de Gobierno, fueron ingresados poco después del mediodía del viernes al Palacio de las Leyes, donde ya se empezaron a contar los ‘porotos’ para contrarrestar la movida del Ejecutivo. “Acá tenemos los votos suficientes para rechazar los vetos”, aseguró en estricto off a La Capital una fuente parlamentaria.
Una de las normas sancionadas el pasado 19 de noviembre, en trámite exprés durante la misma jornada legislativa por diputados y senadores, que además dividió una vez más las aguas del oficialismo en la Cámara alta, prohíbe a funcionarios de conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), o de sus órganos de apoyo en uso de licencia –como es el caso del ministro Marcelo Sain al frente de la cartera de Seguridad- se desempeñen en cualquier tarea en otro poder del Estado provincial o nacional.
Otra de las leyes que ayer Perotti vetó en su totalidad –el Ejecutivo también puede vetar en forma parcial una norma sancionada por el Legislativo- somete a control parlamentario los gastos reservados o especiales destinados exclusivamente a solventar investigaciones criminales complejas en el ámbito del ministerio de Seguridad.
“Con la cantidad de votos que recibieron las dos leyes en ambas Cámaras estos vetos deberían ser rechazados, porque además estamos hablando de transparencia y de incompatibilidad manifiesta”, conjeturó uno de los integrantes de la Cámara alta que alzó la mano a la hora de votarse las iniciativas parlamentarias ahora tachadas por la Casa Gris.
Para el parlamentario consultado por este diario se trata de “dos leyes que han tenido el apoyo mayoritario de los legisladores, por lo cual esta decisión del Ejecutivo de avalar a un funcionario que pretende volver al Poder Judicial, tal vez para investigarse a sí mismo o a colegas del Ejecutivo, es inadmisible. Además hay numerosos ejemplos de personas que han renunciado a la Justicia para dedicarse a la política como el caso de la vicegobernadora” (Alejandra Rodenas), fundamentó con una dosis de chicana el legislador provincial.
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Por prescripción de la Constitución santafesina, para proceder al rechazo del veto remitido ayer por la Casa Gris, las Cámaras legislativas requieren de una mayoría especial (dos tercios). En caso de aceptación solamente se precisa mayoría simple (mitad más uno). Las normas constitucionales de la provincia otorgan además el término de un mes desde la comunicación del decreto a las Cámaras para su tratamiento en el recinto de sesiones, antes de que opere su aprobación ficta o por el mero traspaso del tiempo.
En el mensaje 4916 remitido a la Legislatura, la Casa Gris adjuntó el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se veta totalmente el proyecto de ley sancionado el 19 de noviembre pasado y que “regula la rendición de cuentas de gastos reservados o especiales, a los cuales se define como aquellos destinados exclusivamente para solventar gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad físicas de personas relacionadas con dicha investigación".
Luego de una serie de consideraciones de técnica jurídica, el Ejecutivo consideró en los fundamentos del decreto de veto “que no es oportuno ni conveniente, en el marco de la situación pública existente que ha derivado en investigaciones en trámite en sede judicial, consagrar modificaciones legislativas cuando las mismas permitirían revelar públicamente -transcurrido apenas un año-, el destino de fondos e incluso la identidad de personas que hubieran, con su intervención o testimonio, favorecido el esclarecimiento de causas judiciales; o condicionar a quienes podrían evaluar asumir ese rol”.
La citación del senador sanlorencino Traferri, cumplida ayer en el Centro de Justicia Penal de Rosario, virtualmente congeló la semana que pasó el arranque del período extraordinario de sesiones en el Palacio de la avenida General López. Allí predominaron los cabildeos políticos, pero ambas Cámaras legislativas postergaron para la semana entrante el reinicio de las sesiones en un marco de jornadas que se avizoran aún más agitadas. Y con varios temas en la agenda legislativa habilitados por el Poder Ejecutivo para su tratamiento, entre ellos la reforma tributaria y las reformas en el área de seguridad.
