Por Hernán Lascano
Diputados del Frente Progresista presentaron un proyecto de ley que impide que los funcionarios de conducción en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), así como de sus órganos de apoyo, se desempeñen en cualquier tarea en otro Poder del Estado provincial o nacional, como tampoco que difundan mensajes de contenido electoral o político, o participen en actividades de la misma índole. También les queda vedado ejercer o tener licencia en otros empleos públicos o privados.
La iniciativa tiene una extensa fundamentación para afectar exclusivamente a sus cargos en el MPA y en la Defensa Provincial a los funcionarios que concursaron para actuar en ellos. Pero con claridad parece apuntar a uno de los principales colaboradores de Omar Perotti: el ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien hace dos años es titular por concurso del Organismo de Investigaciones (OI), órgano que asiste a los fiscales en los casos de delitos complejos, del que tomó licencia para integrar el gabinete del gobernador.
El proyecto corresponde a los legisladores Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Claudio Palo Oliver. Se trata de una enmienda a la ley 13.013 que regula el funcionamiento del MPA. La incógnita es si en caso de sancionarse la norma tendrá rigor para impedir la continuidad de Sain o bien el funcionario no queda afectado por el carácter no retroactivo de las leyes.
Sain entiende que en caso de que la modificación prospere con un simple recurso de amparo la Corte Suprema de la provincia, que habilitó su licencia, convalidará sus derecho a estar en el cargo y retornar al Organismo de Investigaciones. "Es una vergüenza el uso de la Legislatura para dirimir un conflicto político con un ministro", sostuvo Saín. "A un ministro que ofrece discutir en la Legislatura sus leyes de seguridad la oposición no lo acepta y lo quiere sacar de pista con algo que es inconstitucional. Hay una relación jurídica preexistente que no puede ser modificada por una ley posterior", afirmó.
Los impulsores señalan que todos los integrantes de órganos de conducción deben encontrarse comprendidos _para su ingreso, permanencia, sanción y remoción_ dentro del régimen dinámico de incompatibilidades y prohibiciones previsto tanto para el Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, quedándoles expresamente vedado _por la naturaleza de sus funciones y el rol institucional dentro de la órbita del Poder Judicial_ el desempeño en otros cargos de cualquier nivel del Estado o en participación en actividad política.
En el Frente Progresista creen que se debe evitar que funcionarios que tuvieron participación en el Ejecutivo pasen sin escalas al Poder Judicial: aducen que podrían quedar en posición eventual de investigar gestiones de las que formaron parte. Enfocan por ejemplo que Jorge Lagna, actual funcionario el Ministerio de Seguridad como secretario de Gestión Social, se postulará para Fiscal Regional en Venado Tuerto. Pero esto presagia una discusión ardorosa: existen numerosos funcionarios que pasaron en distintos niveles por la gestión socialista y ocupan cargos de jueces, fiscales y defensores.
Para los legisladores las leyes que regulan el sistema judicial (13.230, 13.013, 13.014 y 13.459) plasman la restricción que ahora proponen. Pero la última ley, que regula al OI, "no ha sido suficientemente clara en su redacción, sino que además soslaya el tratamiento de las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades a las que deben encontrarse sujetos aquellos que ejercen la función pública en cargos de conducción, debiendo nutrirse a la ética con valores de cumplimiento normativo y de integridad".
"A un ministro que elabora un paquete de leyes de seguridad muy a tono en muchos aspectos con lo que postulaba el gobierno previo no lo dejan exponer en la Legislatura. Creo que este proyecto, que me parece escandaloso, es para no discutir estas leyes. Pero el gobernador está empecinado en promoverlas y que sea este ministro el que las exponga”, afirmó Sain.
El proyecto de los cuatro legisladores opositores prohíbe que funcionarios del MPA o del Servicio de Defensa, o sus órganos de apoyo, intervengan en forma directa o indirecta en política, participen en procesos electorales o en la difusión de contenidos políticos, o se desempeñen en cargos como intendente o ministros en los tres niveles de gobierno durante dos años previos al ingreso o reincorporación. También les queda vedado ejercer o tener licencia en otros empleos públicos o privados.
"Al Frente Progresista le interesa mucho la sanidad institucionalidad del MPA y sus órganos de apoyo. Pero el año pasado llenaron de militantes radicales el Organismo de Investigaciones donde yo había concursado y tuve que afrontar personalmente ese despropósito escandaloso que estuvo semanas instalado en los medios", dijo Sain.
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