Un pedido de juicio político contra el magistrado de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados de la Nación.
Se trata del juez que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, fue condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el de semana pasado y tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.
A la defensiva
A su vez, la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (Aajep) planteó ayer que "deben respetarse las decisiones judiciales fundadas para morigerar la prisión", excepto para los casos de "delitos graves". Y entendió que "la amenaza pública del inicio de juicios políticos masivos" a raíz del otorgamiento de prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia de coronavirus constituye "una afectación directa a la independencia judicial".
Pidió también que se respeten "las decisiones judiciales vinculadas a morigerar las prisiones preventivas de presos que conformen los grupos de riesgo ante la pandemia del coronavirus".
Por Florencia O’Keeffe
Por Lucas Ameriso