El juez Gastón Mercau le otorgó ayer la libertad a Milagro Sala en la causa que se le sigue por el acampe frente a la Gobernación de Jujuy, pero quedó imputada por la supuesta autoría de los delitos de "asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión" a raíz del manejo de fondos públicos, por lo que la líder de la organización social Túpac Amaru continuará detenida en el Penal de Mujeres de Alto Comedero.
"Hemos presentado denuncias por el desmanejo de fondos públicos destinados a la obra social. Hay un faltante de 29 millones de pesos que fueron aportados a través del Instituto de Vivienda de Jujuy a cuatro cooperativas ligadas a la Túpac Amaru, pero esta cifra puede ampliarse ya que los fondos que recibían eran elevadísimos", indicó Miranda.
Por este mismo expediente también se encuentran detenidos al ex vocal del Instituto de la Vivienda de Jujuy Pablo Tolosa y a la ex jefa del Departamento Administrativo Financiero del Instituto, Marta Gutiérrez, quien era la encargada de autorizar los pagos destinados a las obras y que —según la denuncia—judicial, nunca llegaron a destino.
"Han procedido a entregar los cheques sin seguir los pasos necesarios de control de la obra pública. Esta era la maniobra que utilizaban para quedarse con dinero público", precisó Miranda.
"Estamos intentando saber cuál fue la ruta del dinero. Nos vamos a constituirnos en querellantes de la causa para aportar nuevos elementos probatorios y determinar quién se ha quedado con esos fondos públicos", adelantó luego el fiscal de Estado.
Cal y arena. Según informó la Túpac Amaru, Sala fue notificada a las 8.30 de la resolución del juez en la que hacía lugar al cese de detención solicitado por su defensa, pero que "media hora después" fue informada de la nueva detención por la denuncia "armada por el gobierno de la provincia, esta vez por asociación ilícita".
"Repudiamos esta clara muestra de ensañamiento contra Milagro Sala, que da cuenta del grado de humillación y perversidad al que la quieren someter", indicó la organización, que precisó que la defensa "ya ha presentado un nuevo pedido de cese de detención".
Según la Túpac Amaru, "este nuevo proceso busca silenciar los legítimos reclamos de los cooperativistas, queriendo ilegalizarlos a través de la figura de asociación ilícita y de extorsión que ya han sido utilizadas en los 90 con el fin de criminalizar la protesta".
El pasado 16 de enero la actual diputada del Parlasur fue detenida, acusada por los delitos de instigación a la violencia y tumulto, a raíz del acampe que encabezaba la Túpac Amaru junto a la Red de Organizaciones Sociales en la plaza Belgrano desde el 14 de diciembre, en reclamo por fondos de planes de cooperativas de trabajo.
En la causa por la que seguirá detenida Sala también fueron imputadas otras tres personas: los detenidos Tolosa y Gutiérrez y el dirigente social Javier Nieva, sobre quien pesa una orden de detención con pedido de captura nacional e internacional.
La detención de los ex funcionarios fellnerista se produjo al día siguiente de dos allanamientos en domicilios de Milagro Sala, que también dispuso el juez Gastón Mercau a instancias de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, entre otros operativos que se desarrollaron en viviendas de cooperativistas.
Según trascendió, en esos procedimientos fueron hallados tres bolsos con documentación, que estaban escondidos en cercanías a una vivienda ubicada en el Dique La Ciénaga en El Carmen, semienterrados y bajo ramas de árboles.
De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, en el interior de los mismo se habrían hallado discos de dvd, cassettes de video, documentos bancarios, entre otros materiales.
Un regalo. Paralelamente, ayer el marido de Milagro Sala, Pedro Noro, aseguró en declaraciones a radio La Red que "es mentira" que la dirigente social haya comprado un automóvil Smart y explicó que el vehículo, valuado en alrededor de 28 mil dólares, es un regalo que recibió de parte de "un grupo de 12 personas".
La Iglesia, en defensa de las organizaciones sociales
El Episcopado advirtió ayer sobre la existencia de una "demonización" y "sutil xenofobia" contra las "organizaciones populares", que definió como "redes que fortalecen el tejido social" y que "cuidan a los más frágiles ante el avance de la globalización de la indiferencia".
"Perjudicaron más al país personajes ineptos e inmorales con importantes títulos académicos que los dirigentes humildes", advirtió el obispo de Gualeguaychú y titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano.
El integrante de la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina indicó que "en las últimas semanas se criticó peyorativamente en algunos medios y en las redes sociales a diversas organizaciones y a sus líderes, con el serio riesgo de generar un clima hostil e intolerante".
"Mediante insultos, basados en noticias sin chequear, se usan como chivos expiatorios a algunos líderes sociales, sin mencionar a quienes se enriquecieron a costa del Estado incrementando escandalosamente sus patrimonios personales o empresariales. Debemos cuidarnos de no caer en lo que Francisco llama sutil xenofobia, bajo el noble ropaje de lucha contra la corrupción o el clientelismo", enfatizó.
Agregó que "las asociaciones intermedias, las organizaciones populares, son verdaderas redes que fortalecen el tejido social, que cuidan a los más frágiles ante el avance de la globalización de la indiferencia y la intemperie del abandono".
"Si los demonizamos y no sabemos (o queremos) acoger sus voces y aportes, seremos cada día más pobres como sociedad, advirtió.
Según Lozano, "que tengan que mejorar" las organizaciones sociales "no implica que hagan todo mal, y menos que deban desaparecer", por lo que pidió "desterrar las prácticas antidemocráticas y violentas en todos los ámbitos, así como la ostentación obscena de riqueza".
"No tenemos que ser puritanos con una parte de la sociedad y complacientes con otra. Pareciera que una ética de baja intensidad se aplica a algunas instituciones comprendiendo la fragilidad humana, la corrupción y la inoperancia; y se tiene cero tolerancia para evaluar a otras", cuestionó.
El obispo indicó además que algunas organizaciones de la sociedad civil "surgieron ante necesidades urgentes de alimentación, de vivienda, de mejoras barriales o en defensa de derechos de los indígenas o campesinos".
"Entre las más nuevas, la mayoría son simples asociaciones que no han solicitado su personería jurídica, lo que no las inhabilita para desarrollar actividades. Expresan voces y propuestas, buscan el reconocimiento y la protección de derechos que de otra manera seguirían a la intemperie", señaló el obispo de Gualeguaychú.