Muro de silencio porparte de ocho delos once detenidos

Ocho de los once integrantes de la Uocra La Plata detenidos por asociación ilícita, entre ellos la mujer del líder de esa filial, Juan Pablo Pata Medina, se negaron ayer a declarar ante el fiscal Alvaro Garganta, quien convocó a indagatoria para hoy al polémico sindicalista.

Los que callaron ante el fiscal fueron la mujer de Medina, María Fabiola García (47 años); la hija de esta última, Marianela Pagnoni (28); el hijo Agustín Medina (27), su pareja Lara Muñoz (24); el contador del gremio, Miguel Angel Federico (65), y los sindicalistas Pablo Neves (40), Casimiro Gómez (45) y Rubén Roldán (57).

Todos están detenidos en la alcaidía de Melchor Romero de La Plata desde el miércoles a la madrugada, cuando el fiscal pidió su aprehensión por cometer el delito de asociación ilícita "utilizando como medio a los obreros" de la construcción.

También están imputados en el mismo expediente Medina, su hijo Cristian (Puli) y su cuñado David García, quienes fueron detenidos la noche anterior al resto, en el marco de la causa que la Justicia federal de Quilmes les sigue por extorsión y lavado de activos.

Los tres se negaron a declarar ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y se prevé que harán lo mismo ante Garganta, quien los citó a primera hora en los Tribunales de avenida 7, entre 56 y 57, donde la policía montará un fuerte operativo de seguridad.

Según el expediente judicial, "existen elementos suficientes para tener por acreditado que, por lo menos desde hace seis años, un grupo integrado por al menos once personas, una de ellas como jefe, valiéndose de la circunstancia que esta última ocupa el cargo de secretario general de la Uocra La Plata, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por si o utilizando como medio a los obreros del gremio".

En la maniobra, según la hipótesis de la fiscalía, Medina, sus hijos y allegados se hacían presentes en las obras en construcción de La Plata y la región y, mediante actos intimidatorios, obligaban a incorporar obreros de su sindicado, para los cuales luego fijaban una remuneración dineraria específica.

La imposición era "verbal". pero de no ser acatada, Medina habilitaba amedrentamientos "con agresiones físicas y de armas de fuego, atacando a los responsables de las obras y también a quienes ya se encuentran trabajando en ellas, evitando que continúen con su desarrollo hasta conseguir su objetivo", señala la causa.