Media sanción en el Senado a la reforma del sistema de Inteligencia

El oficialismo consiguió aprobar ayer en el Senado el proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con la cual el gobierno busca remplazar a la actual Secretaría de Inteligencia (SI) tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Fue durante una sesión especial en la que la mayoría de las bancadas opositoras pegó el faltazo, excepto el interbloque peronista disidente. La propuesta comenzará a ser analizada hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
  En una sesión de rápido trámite (casi tres horas), el proyecto, cuyo original recibió algunas modificaciones a pedido de legisladores y algunos especialistas que asistieron al tratamiento en comisión, fue aprobado en general y en particular y en una sola votación (38 voluntades afirmativas del oficialismo y aliados contra siete negativas de los peronistas disidentes del interbloque Federal).
  A las 14.15, el oficialismo había conseguido 38 senadores para dar inició a la sesión: con 30 de los 32 propios presentes (faltaban la salteña María Cristina Fiore Viñuales y la bonaerense María Laura Leguizamón), más los tres representantes por Santiago del Estero, cuatro aliados y la sorpresa del fueguino Jorge Garramuño (MPF, del interbloque Federal).
  El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, explicó el interés del gobierno por sancionar la ley: “La presidenta (Cristina Kirchner), a costa de soportar las campañas que hoy están en curso, dispuso un nuevo ordenamiento”. Y detalló que el sistema quedará “bajo la cabeza de la AFI”, que involucrará tanto la inteligencia para la defensa como la criminal.
  Aclaró que la participación de la AFI en investigación criminal será “por decisión exclusiva de la Justicia y trabajará de manera excepcional”, tras lo cual indicó que “por orden de la presidenta los fondos para inteligencia serán públicos y transparentes”, salvo para algunas operaciones precisas.
  Los peronistas disidentes fueron los únicos opositores en el recinto y expresaron las críticas al proyecto por considerar que se busca “cambiar todo para no cambiar nada”.
  Para el puntano Adolfo Rodríguez Saá, “se mantienen en la ley los mecanismos que han permitido los procedimientos corruptos en todos los tiempos”. Además, ligó la iniciativa a la muerte de Nisman porque “existen sospechas de que una facción de la SI tuvo algo que ver”.
  “Piensan que con este proyecto se va tapar el magnicidio que hemos sufrido todos los argentinos con la muerte de un fiscal de la Nación”, disparó la adolfista Liliana Negre, quien recordó que el ex ministro Justicia Gustavo Beliz había denunciado al comienzo del kirchnerismo que “(Antonio Jaime) Stiuso estaba violando la ley de inteligencia interna”.
  El salteño Juan Carlos Romero señaló que “once años tardaron en darse cuenta que había que meter mano en ese lugar”. Y dijo que en la causa Amia “se dejó solo al fiscal investigador”.
  Antes, el titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, había recodado que la iniciativa transfiere las escuchas “al Ministerio Público Fiscal, un organismo independiente y con autonomía financiera”.
  Al cierre, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, enfatizó: “No conozco ningún país en el mundo en el que la comisión de Inteligencia no esté controlada por la mayoría parlamentaria”.
  El gobierno incorporó en las últimas horas más cambios al proyecto de creación de la AFI, tras la participación en las reuniones de comisión del creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Saín y el Cels. Uno de esos retoques habilita a toda persona y organismo que justifique un interés legítimo a pedir la desclasificación de la información ante el Ejecutivo.
  En tanto, el análisis del proyecto en Diputados contaría con la presencia de algunos legisladores de la oposición, a diferencia de lo ocurrido en el Senado. El oficialismo pretende emitir dictamen hoy y tratarlo en el recinto el 25 de febrero, días antes de la visita de la presidenta para la apertura de las sesiones ordinarias.

Amplían a todo el país la marcha de los fiscales

Los organizadores de la “marcha del silencio” prevista para el 18 de febrero, al cumplirse un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ampliaron su convocatoria para movilizarse a la “Plaza de Mayo y las principales plazas del país” a través de un video reproducido en las redes sociales en el que invita a “sumarse” a la manifestación.
  El video, titulado “18F ¿Por qué marchamos? Construyamos Argentina juntos”, se hizo masivo en el canal de videos Youtube y en la redes sociales Facebook y Twitter y convoca a manifestar “sin consignas ofensivas ni identificaciones partidarias”.
  La marcha de los fiscales en homenaje a Nisman sumó críticas del oficialismo y la adhesión de sectores del Poder Judicial, la oposición, la comunidad judía y la ciudadanía. Anteayer la presidenta Cristina Fernández acusó a sus organizadores de optar por marchar en silencio porque “no tienen nada que decir o no pueden decir lo que piensan”.
  Ayer la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina y está integrada por laicos, manifestó que adherirá a la marcha por considerar que se trata de un acto “no partidario y de valor republicano”. Fuentes eclesiásticas, por su parte, aseguraron que “no va a haber una participación de los obispos de manera formal u oficial”.
  Por su parte, el Nobel de la paz y titular del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, criticó la marcha y aseguró los convocantes son “oportunistas políticos que jamás defendieron los derechos humanos”.
  “No voy a estar. Me parece bien que los fiscales recuerden a un colega que murió y no se sabe cómo. Pero detrás de esta marcha se suman oportunistas políticos que jamás defendieron los derechos humanos. Rechazan los derechos humanos y ahora se suben al mismo caballo para sacar réditos políticos”, consideró Pérez Esquivel.