Lucila De Ponti: "El acceso al agua potable es una cuestión estratégica y de salud pública"

“La nueva Constitución debe garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental para todos los santafesinos y asegurar que su provisión sea un servicio público a cargo de una empresa estatal”, explicó Lucila De Ponti, legisladora y candidata a convencional por la lista Más para Santa Fe, quien calificó como “inaceptable” que en grandes regiones de la provincia –incluyendo la periferia de grandes ciudades- no se cuente con un derecho tan básico y elemental en pleno Siglo XXI.

La diputada provincial, quien integra la lista encabezada por Juan Monteverde, consideró fundamental la incorporación del derecho del acceso al agua potable y saneamiento en la nueva Constitución de la provincia, por tratarse de una cuestión “estratégica y de salud pública que no puede quedar sujeta a intereses de mercado”.

En la provincia de Santa Fe hay aproximadamente 92.776 familias que viven en barrios populares de las cuales un 56,7% no está conectada a la red de agua potable. En la ciudad de Rosario son 39.415 familias las que habitan en barrios populares. Sobre este número hay un 84,87% que no acceden al agua segura y un 69,75% al desagüe cloacal. “Aguas Santafesinas está desarrollando un importante plan de recambio de cañerías en áreas servidas, pero es mucho menor la inversión para llevar agua potable donde todavía no llega. Hay que equilibrar las prioridades”, dijo De Ponti.

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El agua como derecho básico

“Se trata de una cuestión de salud pública que promueve el bienestar, previene enfermedades y protege a las comunidades. Pero a pesar de ser aceptado como un derecho básico y universal, nuestra Constitución aún no cuenta con una norma específica que lo garantice”, aseguró la candidata a convencional constituyente por la lista Más Para Santa Fe.

“Las experiencias de privatización han sido perjudiciales para nuestra provincia: agua y saneamiento son un bien común de importancia estratégica que no puede quedar en manos privadas ni estar sujeto a intereses de mercado. Por eso el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar este derecho y su reconocimiento en la Constitución es un paso imprescindible para eso”, consideró.

En ese sentido, la legisladora destacó que la nueva Constitución influye también en cosas cercanas y cotidianas como poder acceder a los servicios fundamentales, por lo que rechazó que su debate se haga como un “trámite político exprés y a escondidas”, ya que debe ser una reforma “hecha por y para la gente”.

“Santa Fe necesita una Constitución que proteja este derecho esencial para quienes más lo necesitan y que asegure un futuro más justo y equitativo para todos”, finalizó.