Francisco Caamaño Domínguez, político y constitucionalista español, afirma que para que prospere una reforma Constitucional, como propone el gobernador Miguel Lifschitz en Santa Fe, tiene que haber necesariamente un interés genuino del grueso de la sociedad. Explicar el porqué y el para qué se transforma en un aspecto esencial, porque de lo contrario la ciudadanía lo percibe con cierta ajenidad y como un mero ejercicio retórico propiamente de los políticos, tanto de aquellos que están a favor o en contra de una modificación de la Carta Magna provincial.
Este abogado gallego, ex ministro de Justicia en la gestión del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, fue convocado por el gobierno de Santa Fe para aportar su conocimiento a los funcionarios y académicos que impulsan la reforma constitucional. El académico se entrevistó, en la sede rosarina de la Gobernación, con Lifschitz y con el equipo del Ministerio de Gobierno. Allí, con ellos, fue directamente al hueso. Según contó en una entrevista con LaCapital, les dijo que las Constituciones, en este caso la de Santa Fe, tienen que ser reformadas cuando la ciudadanía tiene la necesidad de impulsar esos cambios. También dejó un concepto que no caerá nada bien en los feudos departamentales. De acuerdo a su opinión, una eventual reforma debería plasmar la Unicameralidad, suprimiendo directamente el Senado, una institución que Caamaño Domínguez considera obsoleta. Curiosamente y para superar la traba del proyecto que está en Diputados, el gobernador Lifschitz acaba de ingresar la iniciativa reformista por la Cámara alta santafesina.
—¿Qué conceptos pudo intercambiar con sus colegas argentinos y con los funcionarios de Santa Fe sobre la reforma Constitucional?
—Mi opinión de las Constituciones, en este caso de las provincias, es que tienen que ser reformadas cuando la ciudadanía tiene la necesidad de impulsar esos cambios, con independencia en lo que tenga que ajustarse de la Constitución federal. Lo importante de las reformas es ver si las personas que tienen entre 16 y 18 años en Santa Fe quieren votar o no. En saber, ahora que tienen una Reforma Penal interesantísima, qué modelo de fiscal quieren: una Fiscalía que siga en el Poder Judicial, que sea un poder neutro, o, como en Estados Unidos, dependiente del Ejecutivo. Estas decisiones, que no son cualquier cosa para los derechos de los ciudadanos, son muy importantes en el debate de una Constitución, porque ese es el lugar donde ponerlo. Otro punto que me parece importante es el de las autonomías de las municipalidades.
—Uno de los argumentos de la oposición es que la autonomía se puede hacer por ley, sin necesidad de reformar la Constitución.
—La autonomía municipal tiene que ser lo que los constitucionalista llamamos una garantía de instituto. Es decir, tiene que estar necesariamente en la Constitución. ¿Por qué? Porque la única forma de proteger la autonomía municipal es que las leyes de los Parlamentos de las provincias no pueden entrar en territorios reservados a la autonomía local. Solo la Constitución puede garantizar que el legislador provincial no tenga la tentación de entrar en el corazón de la autonomía local.
—Usted decía que para encarar una reforma constitucional tiene que haber interés de la ciudadanía. No parece ser el caso actualmente en Santa Fe.
—Es que, probablemente, la atención desde hacer muchos años de querer cambiar la Constitución con distintas alternativas mayoritarias ha generado la sensación de que esto es una especie de saldo pendiente de los políticos. A la ciudadanía le parece un ejercicio retórico de debate político que le es ajeno. En mi opinión, la reforma solo se producirá cuando el conjunto de la ciudadanía entienda que ello es bueno para ella, lo impulse un partido u otro.
—Uno de los puntos que trató con los funcionarios es la eliminación del Senado...
—Eso yo lo planteé consciente de que pasaría igual que en España: el gran problema para suprimir el Senado es que los senadores tienen que votar su propia supresión y nadie se hace el haraquiri. Los Senados solo existen por eso. No tienen razón de ser, es una institución obsoleta.
—¿Usted recomienda la unicameralidad?
—Sí, y no sólo de las provincias. La explicación lógica de los Senados es que las cámaras bajas representan los territorios y no las ideologías. Yo en mi vida no he conocido a un solo senador que no tuviera ideología y a solo diputado que no tenga representación territorial, porque a un diputado lo votan en sus provincias. Por tanto, esa diferencia entre cámara de representación territorial y cámara política no existe en la práctica. Y si eso no existe, ¿por qué entonces tenemos que tener una segunda Cámara que represente lo mismo que la otra? Esto nació porque en las grandes federaciones, y Argentina lo era, era muy difícil desplazar a los representantes de un lugar a otro. En el caso de Santa Fe, si yo ya tengo un sistema proporcional y tengo 19 departamentos, ¿para qué necesito el Senado? Me bastaría con decir en la ley: "Cada departamento tendrá garantizado un diputado, y el resto de los diputados se pondrán en función de la población". Por lo tanto la representación territorial ya la he puesto dentro de la propia primera Cámara. Es imposible de hacer, pero es un debate teórico que habría que poner arriba de la mesa.
—El oficialismo de ahora, cuando estaba en la oposición, se oponía a la reforma. Y los que hoy son oposición, cuando fueron gobierno, la impulsaban. ¿Cómo se resuelve ese dilema político?
—El problema es cuando la reforma se utiliza, si está cercano a unas elecciones, como elemento estratégico de resultados. Y esto bloquea algo que puede ser una necesidad. Eso es lo que me preocupa, que derechos de nueva generación, que no tiene la Constitución federal, no puedan estar en la Constitución de Santa Fe. Por ejemplo, sobre la privacidad, sobre el uso de la informática. Podéis ser una vanguardia, un revulsivo desde aquí a toda la Nación. Es una pena que no se haga por esa especie de bloqueos tácticos de mayoría o de minorías.
