El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, visitó ayer en Buenos Aires a la jefa de los fiscales federales de la Argentina, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para pedirle que se acelere la designación de fiscales definitivos de la Justicia federal allí donde hoy se encuentran subrogantes, como en el caso de Liliana Bettiolo, que actúa en la causa que investiga al ex jefe de la policía santafesina Hugo Tognoli por supuesta connivencia con narcotraficantes.
Lamberto, quien concurrió a la reunión acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, y la secretaria de Delitos Complejos, Ana Viglione, se interesó también por el avance en la creación de dos nuevos juzgados federales en Rafaela y Venado Tuerto.
Luego de 30 minutos de reunión, Lamberto comentó a LaCapital que encontró de parte de la procuradora "una gran predisposición política e institucional" y destacó que "la charla fue cordial" y que la funcionaria "receptó nuestras inquietudes".
La foto que Lamberto buscó y encontró ayer con Gils Garbó busca poner fin a las tensiones surgidas entre los gobiernos de la provincia y de la Nación a partir del estallido del denominado "narcoescándalo" alrededor de la causa Tognoli. El caso del jefe de la policía provincial que tuvo que renunciar a partir de una imputación de la Justicia federal —está investigado aunque en libertad con "falta de mérito" en términos procesales— rozó a toda la estructura policial de la provincia y provocó una crisis política en la Casa Gris.
En los próximos días el ministro e histórico dirigente del socialismo santafesino deberá afrontar una poco amable interpelación en la Legislatura provincial. El justicialismo local, aun dividido en casi una decena bloques, aplicó su mayoría y logró aprobar la interpelación. Que no es una reunión privada y sin prensa para intercambiar opiniones y que provoca desgaste político a quien la afronta.
Para Lamberto "los chisporroteos políticos" con el gobierno nacional a partir del narcoescándalo "son parte del pasado. Necesitamos dar por terminado el episodio; nosotros miramos para adelante. Nos debemos un trabajo en común y lograr consensos", definió.
En términos estrictos, la nominación de los jueces y fiscales definitivos que estén faltando en la provincia de Santa Fe no es una atribución de la procuradora Gils Carbó. El expediente de los candidatos propuesto pasa por ese organismo, pero luego es impulsado por la propia presidencia de la Nación, y luego consentido —o no— por el Senado nacional.
Fuentes de la Procuraduría confiaron a LaCapital que los procesos de nominación suelen ser largos porque se producen impugnaciones que retrasan los trámites, "pero eso no implica que la Justicia federal funcione de manera deficiente, porque a la tarea la lleven adelante jueces o fiscales subrogantes", resaltaron.
En ese sentido, la fuente ejemplificó con el caso de Bahía Blanca, donde un fiscal subrogante de 32 años llevó adelante el primer juicio de lesa humanidad en una ciudad especialmente adversa a los juicios a los represores. "No podía salir a comer, no podía caminar por la calle, pero igual hizo un trabajo notable", explicaron.
La Justicia federal en Santa Fe, que se ocupa de delitos como tráfico de estupefacientes y de la trata de personas, entre otros, de todos modos, necesita de una ampliación estructural para atender con mayor rapidez la demanda.
Lamberto fue a Buenos Aires a reclamar una ampliación de los recursos de la Justicia federal en la provincia. Sin embargo, las carencias estructurales de la Justicia provincial son aún mayores que las federales, y provocan un generalizado impacto negativo en el servicio de justicia para los santafesinos. Por caso, la muy anunciada reforma procesal penal continúa sin aplicación plena en Santa Fe, al igual que la ampliación edilicia y de juzgados en fueros clave como el laboral.
Donde sólo nueve juzgados tramitan juicios por años. Mientras los trabajadores damnificados esperan.
Por Gonzalo Santamaría
Por Florencia O’Keeffe