El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, debe moverse a contrarreloj si quiere mantenerse vigente en la contienda por la conducción del peronismo.
El gobierno de La Rioja le pidió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicte una medida cautelar en la que disponga la “suspensión total de los efectos” del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 que dictó el gobierno de Javier Milei en diciembre pasado, a pocos días de asumir, y por el cual dispone la desregulación de varios aspectos de la economía argentina.
El pedido de pronto despacho de la provincia gobernada por Ricardo Quintela ingresó anteyer a última hora con la firma de los apoderados legales de la provincia, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, y el constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra.
Zaffaroni y Ferreyra hicieron una presentación en la que sostuvieron que los jueces de la Corte Suprema ya están en condiciones de resolver la medida cautelar que La Rioja solicitó cuando, en diciembre, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad para que se dicte la inconstitucionalidad del DNU.
“Se han cumplido todas las mandas indicadas por el Tribunal, tanto en el expediente principal como en el incidente. Así, de acuerdo a las constancias obrantes en este juicio, la Procuración General de la Nación ha dictaminado a favor de la competencia originaria del más alto Tribunal. Asimismo, la Procuración del Tesoro se encuentra notificada de la providencia ordenada el 29/12/23”, explicaron los abogados para argumentar que la Corte Suprema ya puede resolver la medida cautelar.
En ese marco, La Rioja le pidió a la Corte que acepte la competencia y que “se haga lugar a la medida cautelar tal como se ha peticionado en el escrito cabecera del proceso y se decida la suspensión total de los efectos del decreto por razones de necesidad y urgencia 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar inmediatamente ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa”. También que luego el gobierno nacional opine sobre el fondo de la demanda y que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad del DNU.
La Rioja insistió en la presentación, que no tiene efectos legales ya que la Corte Suprema no tiene plazos, en que “declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue quien presentó la primera demanda contra el decreto ante el máximo tribunal. Lo hizo el 27 diciembre pasado y la Corte respondió que su tratamiento quedaría para después de la feria judicial de enero.
El mismo día en que fue presentado el amparo la Corte armó un expediente y corrió traslado al procurador, lo que fue interpretado como un gesto favorable a la petición.
No obstante, en la misma resolución, al Corte aclaró que lo trataría recién después de la feria de enero, como un modo de dejar espacio al Congreso para que trate el decreto y decida si lo avala o lo rechaza.
El llamado “mega DNU” desregula amplios mecanismos de la economía, dispone el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre otras reformas contenidas en sus 366 artículos.