Luego de una jornada con sorpresa, tensión y desconcierto, el presidente, con su anuncio, desarmó la peligrosa protesta policial que rodeó por varias horas la Quinta presidencial de Olivos. Alberto Fernández tomó la crisis como oportunidad: anunció una transferencia directa de algo más de un punto de la coparticipación federal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) a la provincia de Buenos Aires. Y con esos recursos, responder a la demanda de salarial de los uniformados, que califico de “justa”.
Fernández hizo una consistente puesta en escena, rodeado por el gobernador Axel Kicillof, su vice Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, varios miembros de su gabinete, y una veintena de intendentes del distrito más poblado de la Argentina. Se mostró conciliador, sereno, y a la vez firme: pidió a los policías que “depongan” la actitud y que en esas condiciones no habrá negociación posible.
La declinante participación de la provincia más grande de la Argentina en su cuota parte de los recursos nacionales —coparticipación— se viene escribiendo desde mediados del siglo pasado, y no se detuvo. Fernández mostró en un par de cuadros —esta vez fácilmente comprensibles—, cómo la capital de la Argentina mantuvo la misma población durante 70 años y acrecentó cuantiosamente sus recursos, mientras que la provincia homónima multiplicó por cuatro a sus habitantes, y en mucho menor cuantía sus ingresos. Otro tanto sucedió —aunque en proporciones menores— con las dos grandes provincias argentinas de tierra adentro, Córdoba y Santa Fe.
Además del inequitativo reparto de la coparticipación, también vale recordar (no lo dijo Fernández) el insólito retraso en la actualización, por caso, de las bancas de diputados nacionales que colocan esos cuatro grandes distritos en el Congreso: la capital, hoy con menos de tres millones de habitantes, está representada por 25 diputados nacionales. Mientras que Buenos Aires, con 17 millones apenas aporte 70 bancas. Córdoba y Santa Fe, con más habitantes de la luminosa capital de la Argentina, aportan 18 y 19 diputados nacionales, respectivamente.
Antes de la palabra del presidente, por la tarde, una ráfaga de escalofrío había atravesado la Quinta de Olivos. Un par de centenares de policías bonaerenses, con móviles y armas, rodearon la sede actual, operativa, del gobierno nacional. Y con el propio Alberto Fernández dentro de la casa, y en funciones.
Hacia media tarde de ayer, la escalada tuvo su máxima tensión. Fue cuando dos colaboradores principales del presidente salieron a parlamentar —Juan Pablo Biondi, vocero, y Juan Vitobello, secretario general— con los uniformados para una ofrecerles —de manera fallida— que ingrese una delegación representativa para tratar el reclamo en el interior de la quinta. Se presume, ante el propio presidente.
Los insurrectos, contra todos los pronósticos, rechazaron la propuesta aduciendo una insólita pretensión: que la petición, en lo sustancial referida a un reclamo por aumento salarial, sea filmada en vivo por las cámaras de los canales de televisión. El planteo no prosperó.
Mientras la incertidumbre perduraba, el gobierno evitó cualquier confrontación y fue midiendo políticamente la movilización policial, minuto a minuto. A la vez que juntaba trabajosamente pronunciamientos de repudio de casi todo el arco político nacional, incluso de los sectores más adversos. Con la caída del sol, los policías insubordinados no conseguían sumar manifestantes, ni siquiera a sus propias familias.
“El grupo que fue a Olivos quedó contra la opinión pública, una cosa es la protesta en el Obelisco con gente de Barrio Norte, y otra identificarse con policías bonaerenses, armados, rodeando la Quinta la Olivos, con el presidente adentro, y con actitud intransigente. Eso cae mal, incluso en sectores opositores”, definió un miembro del gabinete de Alberto ante La Capital.
Se trató de una actitud sin precedente en la historia. Protestas policiales hubo muchas, nunca rodeando la qinta presidencial y con armas en la cintura.
Ahora vendrán los tiempos de la negociación, y ajuste de números.Se sabe, para los que viven de un sueldo, los crujidos económicos de la Argentina serán habituales en el tiempo pospandemia.
Provincias dan aumentos para desactivar protestas
Los gobiernos de Córdoba, La Rioja, Misiones, San Luis, Mendoza, Catamarca, Chaco y Tucumán anunciaron en los últimos días aumentos salariales, bonos y ascensos para las fuerzas policiales, al tiempo que efectivos de Buenos Aires, Chubut y Río Negro protagonizaban reclamos y en Jujuy y Corrientes se registraron marchas minoritarias, informaron las autoridades provinciales.
En el plano local, el gobierno de Santa Fe anunció que trasladará al personal policial de la provincia el aumento salarial acordado con el resto de los estatales, del orden del 20 por ciento para las categorías más bajas, y el incremento de una serie de suplementos y compensaciones que perciben los integrantes de la fuerza de seguridad.
En Córdoba, el gobierno de la provincia dispuso ayer un aumento del 35% por ciento en el valor de las horas adicionales para los integrantes de la Policía provincial, según informaron desde la Jefatura de la fuerza.
Por su parte, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, aseguró ayer: “No hay malestar en la Policía de Mendoza”, al ser consultado sobre la situación de la fuerza en esta provincia cuyana.
En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela anunció esta semana que la provincia pagará bonos salariales extra hasta diciembre para policías, penitenciarios y personal de la salud en el contexto de la pandemia de coronavirus, según confirmaron fuentes oficiales.
En Tucumán, el gobierno provincial dispuso ayer diversos ascensos en la policía local que alcanzan a más de 1.300 efectivos, según se informó oficialmente.
“Esto es una motivación y reconocimiento al esfuerzo que vienen realizando los efectivos, sobre todo en estos tiempos de pandemia”, resaltó el ministro de Seguridad, Claudio Maley.
En San Luis, el gobierno provincial anunció para las próximas horas un “incentivo a la productividad” para la policía provincial, sin que se diera a conocer aún el monto de ese aumento ni cuándo se daría a conocer el decreto correspondiente.
En tanto, en Catamarca, y luego de alguna protesta, el gobierno local ofreció un bono de 9 mil pesos y el recambio de autoridades; y en Chaco, el gobernador Jorge Capitanich informó que otorgarán beneficios salariales al sector.
El primer reclamo salarial de una policía provincial se resolvió hace una semana en Misiones, cuando el gobierno local otorgó un incremento salarial después de tres días de conflicto.
Mientras tanto, policías de las provincias de Chubut y Río Negro mantenían ayer sus reclamos, mientras en Jujuy y Corrientes se registraron marchas minoritarias.
